La victoria de una protesta ciudadana

Para llegar aquí, a que Interior haya finalmente decidido que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía luzcan su número de identificación en la espalda, y con caracteres de grandes dimensiones, ha hecho falta mucha lluvia. Un pequeño diluvio de quejas formuladas por colectivos sociales, el 15-M y participantes de las múltiples manifestaciones que han inundado las calles españolas en los últimos años. 

27 de mayo de 2011. Hace pocos días ha eclosionado el movimiento de los indignados, justo en torno a las elecciones municipales y autonómicas. De forma espontánea. En Madrid y en otras ciudades. En varios puntos de la geografía española se suceden las imágenes de asentamientos pacíficos, discusiones, debates, votaciones. Un fuego nacido al calor del profundo malestar con el ricino de los recortes presupuestarios y el salvamento inacabable de la banca. En Barcelona, ese día, 27 de mayo, medio millar de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana irrumpe en la plaza de Catalunya para arramblar con los campamentos, pero no podrá con la semilla de la protesta, que se reaviva. Nada de las infraestructuras provisionales queda en pie, mientras la dureza de los palos y las cargas recorre medio mundo.

Las críticas arrecian contra los Mossos y contra el conseller de Interior, el convergente Felip Puig. Ya entonces comenzará a oírse una queja recurrente: la denuncia contra la falta de identificación de los agentes o la escasa visibilidad de sus placas. En Madrid, en agosto, la Policía disuelve a golpes las manifestaciones laicas que coinciden con la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y la visita de Benedicto XVI. 

Por los chalecos antitrauma

El lamento crece y se expande a medida que la contestación social gana enteros. En mayo de 2012, la Comisión de Legal de Sol del 15-M interpone una demanda ante el Ministerio del Interior por incumplimientos "reiterados" de la instrucción 13/2007 que obliga a los agentes a ir identificados en todo momento.  

Pero sin duda el 25-S, Rodea el Congreso, marca un punto de inflexión. Los manifestantes se habían apostado en las inmediaciones de la Cámara baja, absolutamente blindada por Interior gracias a un apabullante despliegue policial de 1.400 efectivos. En la tarde-noche, la crispación estalló. Y con ella, los enfrentamientos entre ciudadanos y policías y las consiguientes cargas, que se extendieron hasta la misma estación de Atocha. De nuevo, gotearon las quejas por los fallos de identificación de los agentes. El Gobierno, en cambio, defendió "absolutamente" la actuación del cuerpo y los porrazos a los participantes, a través de la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, y del propio ministro del Interior. PSOE e IU, en cambio, denunciaron la actitud "desproporcionada" y hasta "excesiva". 

Días después, el 9 de octubre, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, explicó que el ministerio ya estaba estudiando la fórmula para facilitar la identificación de los antidisturbios. Y reiteró también que cuando la placa no se ve puede deberse a que los efectivos van provistos de chalecos antitrauma, que son colectivos, no individuales, y por tanto no llevan rotulado el número. La prenda, por tanto, tapa la chapa que sí figura en el uniforme. 

Denuncia de Amnistía Internacional

Cosidó, el 18 de octubre, hizo otra revelación de las intenciones de Interior: el Gobierno, dijo, estudiaba prohibir la difusión de imágenes de policías en Internet. Afirmación polémica que matizó al día siguiente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que prometió buscar "un equilibrio" entre el derecho de manifestación de los ciudadanos y el derecho a la integridad de los cuerpos de seguridad del Estado. 

La queja de los colectivos se había difundido en prensa, pero también había sido canalizada a través de las instituciones y de otras organizaciones. Amnistía Internacional presentó el pasado 24 de enero en el Ministerio del Interior 60.000 firmas para pedir el fin de los abusos policiales."En los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados. Esta cuestión es clave para luchar contra la impunidad, ya que existe obligatoriedad sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", censuraba la ONG. En aquellas fechas, Cifuentes repetía que el Ejecutivo, desde el principio de legislatura, se había comprometido a buscar una solución al problema de visibilidad de la placa. 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incorporó en su informe de 2012 las quejas y las recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad. La institución hacía referencia, precisamente, a los disturbios del verano de 2011 en Madrid y los acaecidos el 25-S. "La ineficacia del distintivo de identificación personal por su reducido tamaño resulta más evidente", afirmaba, cuando se constataba que ni siquiera visionando las imágenes de vídeo era posible descifrar el número de placa, lo que en la práctica significaba "dejar impunes conductas irregulares e inaceptables", pese a que las grabaciones evidenciaban los excesos de los agentes. La Defensora había sugerido al Gobierno, como rezaba el informe en su página 137, conocido a principios de este mes de marzo, que aumentara el "tamaño de los distintivos" y que estos se situaran "en varios lugares del uniforme". 

Los antidisturbios lucirán su identificación en la espalda

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El ejemplo de los Mossos

Sólo pocas jornadas después, el 14 de marzo, el conseller de Interior de la Generalitat catalana, Ramón Espadaler, anunció, por fin, los cambios en los trajes de la Brigada Mòbil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos: un código alfanumérico de identificación visible en la espalda y pegado con un velcro en la parte trasera del chaleco. Código que se ha bautizado como el Número Operativo Policial (NOP), distinto a la Tarjeta de Identificación Policial (TIP), que es el número que reciben los policías cuando se gradúan. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó –la institución catalana homóloga al Defensor del Pueblo– evaluó "positivamente" la decisión del Govern. También Ribó había apremiado a la Generalitat a aplicar los cambios en la identificación de los policías a raíz de los incidentes en la plaza de Catalunya de 2011 y lo había reflejado en su respectivo informe al Parlament. Y es que la Generalitat introducía las modificaciones en los uniformes nada menos que cinco años después de que el tripartito sancionara el decreto 217/2008, que forzaba a que se situara bien visible el número de placa. 

Este sábado, la agencia Europa Press revelaba que el paso lo daba ahora el Gobierno central. La identificación se ubicará en un recuadro que se adherirá a la espalda del uniforme con velcro y con los guarismos en grandes dimensiones, para que sean vistos a una distancia considerable. Hasta ahora, los dígitos de la placa no se veían más allá de 1,20 metros. El nuevo sistema permitirá que el número se pegue también a los chalecos antitrauma. Según subrayaron fuentes de la Policía a El País, el número no se corresponderá con la placa –como ocurre en Cataluña–, sino que irán variando según la intervención.