Villar Mir, investigado por el supuesto soborno a Ignacio González en el 'caso Lezo', se ofrece a cooperar

Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL e investigado sucesivamente por presunta financiación del PP en distintas causas, ha lanzado un mensaje a los investigadores de la Operación Lezo: dice estar dispuesto a cooperar con la justicia. Fuentes del caso han confirmado que Villar Mir, quien declaró hace una semana por una de las piezas de Lezo, ha transmitido en efecto ese propósito. El conato de oferta ha sido recibido con máxima cautela. Y puede ser perfectamente un brindis al sol, asegura una de las fuentes consultadas por infoLibre. Este diario no logró localizar este viernes por la tarde al abogado de Villar Mir.

De ser cierta esa voluntad de cooperación, el testimonio del empresario podría resultar clave para esclarecer uno de los episodios más graves que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO examinan en esta operación de largo alcance bajo la batuta del juez Manuel García Castellón, que heredó de Eloy Velasco la instrucción del caso antes del verano. Y ese episodio no es otro que  el presunto pago de un soborno de 1,4 millones que Ignacio González habría podido recibir en Suiza en 2007 a cambio de que OHL resultara adjudicataria de uno de los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno de Madrid, la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero. En su declaración judicial del 12 de septiembre Villar Mir negó de forma taxativa cualquier participación en ningún soborno. La trayectoria de distintos grandes casos de corrupción de los últimos años indica que la Fiscalía Anticorrupción solo se aviene a sellar los llamados acuerdos de conformidad si el interesado en alcanzarlo ofrece información realmente valiosa.

Aunque lo sucedido con el pago de OHL en Suiza permanece envuelto en una densa niebla, lo que a día de hoy parece fuera de duda es lo siguiente: que, en efecto, OHL transfirió el dinero –la empresa así lo ha admitido pero niega que hubiera en ello la menor ilegalidad– a una cuenta suiza abierta en el Anglo Irish Bank de Ginebra a nombre de la sociedad panameña Lauryn Group. Esa sociedad guarda relación con el empresario Adrián de la Joya, un conspicuo miembro de la jet durante los años del cambio de siglo y fue constituida en el país del istmo centroamericano por uno de los grandes bufetes especializados en sociedades opacas, Igra. El trípode Anglo Irish Bank-Lauryn Group-Igra saltó a la palestra en 2009 con la difusión del vídeo que unos detectives grabaron de manera subrepticia durante un viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias (Colombia) en el verano del año anterior.

Por lo que ha trascendido hasta el momento, De la Joya –que declaró en abril como imputado en Lezo– declaró que Javier López Madrid,  yerno de Juan Miguel Villar Mir e igualmente investigado en el caso, le transfirió el dinero para que llegase a manos de Ignacio González. Pero que no efectuó ese traspaso porque OHL le adeudaba ciertas cantidades por unos trabajos desarrollados por él mismo en África, así que se quedó los fondos.

En uno de los primeros informes policiales sobre lo que luego se convirtió en la Operación Lezo, y al repasar aquel viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias en agosto de 2008, la UCO hace constar la triple coincidencia –fecha aproximada de creación, 2005; bufete que acometió los trámites, Igra; y testaferro profesional, Harmodio Herrera– entre Lauryn Group y la fundación panameña Sinequeanon, utilizada por Luis Bárcenas para ocultar pagos en Suiza. No ha trascendido si esa serie de coincidencias son fruto estricto de la casualidad o no, pero hay una cuarta.

Y esa cuarta coincidencia aparece en el escenario de la Operación Lezo: el 6 de abril de este año, dos semanas antes del estallido del caso por el que Ignacio González permanece desde entonces en prisión incondicional, los dos fiscales encargados del caso pidieron al juez Eloy Velasco que reclamase al tribunal que juzga la llamada Primera Época de Gürtel toda la información remitida por Suiza sobre una cuenta abierta en el ABN Amro de Zurich a nombre de Frankford Trade Inc., una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes. Y resulta no solo que Frankford Trade pertenece a Adrián de la Joya sino que en 2008 transfirió 50.000 euros a una de las cuentas suizas del entorno de Bárcenas: Obispado, oficialmente propiedad de Francisco José Yáñez, fallecido en 2014 y que durante años había trabajado en la tesorería del PP.

¿Pertenece al campo de la casualidad que el mismo empresario que, según los investigadores, tenía la misión de hacer de intermediario entre OHL e Ignacio González, a quien la investigación atribuye no solo maniobras para enriquecerse sino también para financiar al PP madrileñotambién para financiar al PP madrileño, aparezca en Gürtel con una transferencia de 50.000 euros que, según aseguró él mismo a infoLibre en diciembre, respondía a un simple préstamo altruista y nunca devuelto a  un histórico del equipo de Luis Bárcenas, Francisco Javier Yáñez? Este diario carece de datos que puedan proporcionar una respuesta.

Varada desde 2010, la construcción de la línea Móstoles-Navalcarnero y la hipotética comisión ilegal atribuida a OHL mantiene también en el pelotón de investigados de la Operación Lezo a su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba imputado en PúnicaPúnica. Amigo de los reyes, su nombre quedó reflejado en la agenda de Francisco Granados junto a elevadas cantidades que la Guardia Civil y la Fiscalía consideran pagos al PP.

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Y si López Madrid aparece en la libreta del antiguo número 2 del PP de Madrid, a quien tuvo como invitado en el yate que figuraba a nombre del empresario, el nombre de su suegro, ministro postfranquista de Hacienda, es uno de los que emergió tras conocerse los papeles de Bárcenas: los manuscritos del extesorero del PP recogen tres supuestos pagos de OHL que suman más de medio millón y que Villar Mir negó categóricamente cuando declaró como imputado por esa causa.

En abril, a punto de estallar la Operación Lezo, la Fiscalía Anticorrupción pidió el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre Villar Mir en otras diligencias: el caso Son Espases, bautizado así por el mayor hospital de Baleares y cuya adjudicación investigaba el juez José Castro. Antiguos altos cargos del Govern balear declararon haber recibido órdenes del expresidente Jaume Matas para adjudicar la obra a OHL, aunque eso no llegó a ocurrir. Las informaciones que apuntaban a que Matas podía haber recibido instrucciones de la sede central del PP para favorecer a OHL como donante del partido no hferan sido corroboradas. En junio, el juez Castro dictó así el sobreseimiento provisional para el empresario.