La violencia sexual entra en campaña con el debate sobre el consentimiento del PP

La violencia sexual entra en campaña... y lo hace de forma convulsa. "Garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?, ¿un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?". Las palabras son de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Las pronunció durante el debate electoral a seis –PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV– organizado por RTVE. La ristra de preguntas iba dirigida a María Jesús Montero, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, pero la respuesta más rotunda la dio Irene Montero, número dos de Unidas Podemos por Madrid. "Como gobierne la derecha, ya vemos lo que va a ocurrir. Cuando una mujer quiera abortar le van a decir: 'Tenías que haber pensado en lo que llevas dentro'. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte: 'Hombre, querida, no es para tanto, a lo mejor yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final'. Miren –remataba dirigiéndose a la representante conservadora–, en este país las mujeres ya hemos dicho que sólo sí es sí".

La tensión apretó en ese preciso instante. "¿Usted me está acusando a mí de justificar la violación? Señora Montero, atrévase", lanzó Álvarez de Toledo, quien enseguida defendió que "las mujeres no son víctimas de nacimiento y los hombres no son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos". La discusión se zanjó con la sugerencia de acudir a los tribunales asomando.

El discurso defendido por Álvarez de Toledo no es nuevo. En octubre de 2018, la conservadora escribía en su blog, sobre la violencia sexual y el consentimiento: "Son las justicieras del #MeToo; las que contra la común experiencia, incluida probablemente la suya propia, dicen que hasta un silencio es un no; las que promueven ese ridículo cinturón de castidad llamado consentimiento previo, que aniquila la seducción. Todo su razonamiento parte de dos premisas. La primera es demencial: todo hombre es un agresor. La segunda, desoladora: la mujer por defecto dice no porque la mujer por defecto no quiere sexo. Al menos con un varón".

El debate en torno al consentimiento como parte fundamental a la hora de legislar sobre los delitos sexuales tampoco brota de forma espontánea por iniciativa de los líderes políticos. Tras la sentencia sobre La Manada, dictada en abril de 2018 y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en diciembre del mismo año, las alarmas saltaron y la maquinaria se puso a funcionar. La revuelta feminista en las calles puso en jaque a los partidos políticos. Y algunos respondieron. El Gobierno, con el PP todavía al frente, ordenó que en la Comisión General de Codificación se estudiara el encaje penal de los delitos sexuales, mientras que partidos como Unidas Podemos o el PSOE trabajaron sobre diversas propuestas para repensar la tipificación de este tipo de delitos.

Lo que dicen los programas

Aquel camino iniciado en la anterior legislatura continúa ahora en campaña electoral y se materializa, además de en las batallas dialécticas entre candidatos, en los programas de cara a los comicios.

El PSOE –tal y como citaba Álvarez de Toledo la noche del martes– propone una revisión de la regulación de los delitos sexuales, en su "firme compromiso de dar cumplimiento al Convenio de Estambul". Los socialistas recuerdan, citando datos del Ministerio del Interior, que en 2017 los delitos sexuales alcanzaron los 11.692, sólo teniendo en cuenta los hechos conocidos registrados.

Proponen, en este contexto, modificar la tipificación "para darle a la ausencia del consentimiento su adecuado tratamiento". Pretenden impulsar, por tanto, una reforma del Código Penal de manera que "si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no". El equipo de Pedro Sánchez promete además suprimir el delito de abuso sexual, que a su juicio "no transmite adecuadamente el carácter coactivo inherente a todo comportamiento sexual que se impone a otra persona". La idea es sustituirlo por "una tipificación más clara y específica para cada caso".

 

En términos similares se expresa la propuesta tejida por Unidas Podemos, que en su programa apuesta por "pasar del no es no al sólo sí es sí". Para la formación morada, el camino pasa por crear una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales. Esto se traduce, dicen, en "colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales".

También defiende la creación de una ley específica el partido de Albert Rivera, aunque deja el papel del consentimiento al margen. Ciudadanos llama a una norma para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual y promete cumplir, del mismo modo que el PSOE, las obligaciones contraídas tras la firma del Convenio de Estambul. "Ampliaremos las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista, entre las que se incluyen los de violencia sexual", rematan.

El PP incluye en su programa la lucha contra la violencia de género, pero respecto a la violencia de tipo sexual únicamente apela al desarrollo de programas de información, formación y prevención en los centros escolares.

El Convenio de Estambul que citan los partidos fue firmado por España en 2014. Aquel acuerdo sentaba las bases sobre la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo y proponía acciones para ponerle remedio. En su artículo 36, el pacto internacional se refiere a la violencia sexual y llama a los países firmantes a "adoptar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente", los actos de carácter sexual "no consentidos sobre otra persona". El pacto aclara, además, que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona".

Un solo tipo penal, la apuesta de las expertas

El debate político bebe del trabajo que han realizado las organizaciones y activistas feministas a lo largo de los años. ¿Cuál es su postura ante el problema de la violencia sexual? María Durán, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, cuenta en conversación con infoLibre que la solución dibuja una ley alrededor del consentimiento sexual, similar a la sueca. Porque, dice, "no es lo mismo no es no que sí es sí. Porque lo que no es sí, siempre es no. No caben ambigüedades". Con el objetivo de eludir toda duda, la organización entiende que "cualquier acceso carnal no consentido tiene que ser violación" y se inclina por la supresión del abuso sexual, dejando espacio únicamente a la agresión, "con diversas graduaciones según el tipo de ataque".

El Gobierno aprobará este martes el anteproyecto de Ley de Violencias Sexuales

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Que sólo sí es sí lo defiende igualmente Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. "La prestación del consentimiento sexual es indudable, sólo sí es sí y ahí no cabe opción a duda sísí ", entiende la activista. En España, coincide, la legislación alberga "varios problemas", empezando por "ese doble tipo penal que deja estampas terribles respecto a la gravedad del delito". Soleto defiende un solo tipo penal y recuerda que en territorio europeo se está produciendo ya "un movimiento" alrededor del derecho penal común para "poner el consentimiento en el centro". Si España no sigue la tendencia, afirma, "se quedará a la cola".

La reflexión de las expertas busca, además, plantar cara a "los abusos sexuales de las manadas, uno de los peligros más inmediatos" tras el "efecto llamada" que produjo la sentencia contra los cinco de San Fermín, apunta Durán. También Soleto cree que desde aquel juicio, la sociedad ha experimentado una "convulsión" que obliga a los poderes a tomar decisiones. "La diferencia entre abuso y agresión, que está cifrada en la resistencia de la víctima, tiene varios problemas y el resultado de la aplicación judicial ya no coincide con lo que la población española quiere que se penalice", zanja.

En ese contexto, la postura que defiende Álvarez de Toledo, asevera Soleto, "se basa en estereotipos muy reconocibles por la población, que infunden miedo y confusión pero que no se corresponden con la realidad de la violación y por tanto dificultan mucho encontrar soluciones legislativas". El resultado, continúa, toma forma de "injerencias muy grandes en las resoluciones judiciales, porque siembran duda sobre el comportamiento sexual de las mujeres". Terminar con la duda, precisamente, apostar por la víctima y su credibilidad es el mínimo que exigen las organizaciones feministas.