En España durante muchos años la política de vivienda consistió, precisamente, en la ausencia de política de vivienda. Hasta el ‘boom’ del 2008 la línea tradicional fue entender que el mercado se regulaba solo, sin que el Estado interviniera. Este planteamiento, que se sublimó con la ley del suelo de 1996 aprobada por el Partido Popular, se sostenía sobre una idea de que a más oferta, más posibilidad de acceso a la vivienda. Todo aquel modelo pareció sostenerse hasta que llegó la crisis financiera y el dogma colapsó.
Un cambio de modelo
Fue precisamente durante esa época cuando más creció el movimiento en defensa del derecho a la vivienda representado en plataformas como la de Afectados por la Hipoteca (PAH). El año 2013 supuso un "punto de inflexión" desde el cual las comunidades autónomas —las competencias de vivienda están transferidas empezaron a reforzar la protección del "valor de uso" de las vivienda frente al modelo "tradicional" de mercantilización, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Algunas como Cataluña, la Comunitat Valencia o Euskadi sí han reconocido en esta última década el derecho a la vivienda y han implementado acciones públicas, mientras que otras como Madrid, Castilla-La Mancha o Cantabria son las que menos esfuerzos han dedicado.
Sin embargo, aunque la política de vivienda ha cambiado desde la crisis económica y esta cuestión aparece en el ranking de las principales preocupaciones de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nuestro país sigue sin garantizar un acceso universal del derecho a techo. Existe, según la Red contra la Pobreza, una naturaleza "especulativa" del mercado en el que la vivienda actúa como "inversión segura" para "grandes tenedores" y "clase media", lo que empuja al alza los precios y garantiza el negocio del sector financiero.
Los datos no son alentadores. La tasa de emancipación juvenil se quedó en 2021 por debajo del 17%, la menor en 20 años. El precio del alquiler alcanzó el pasado verano su máximo desde 2006. En todas las comunidades el precio medio del alquiler consume más de un tercio del salario mínimo, alcanzando el 64,1% en Madrid y superando el 50% en Cataluña y Baleares. El porcentaje de alquiler por debajo del precio de mercado no llega al 3% y los desahucios persisten.
Los avances de esta legislatura
En esta legislatura el Ejecutivo central conformado por PSOE y Unidas Podemos es el que más políticas sociales de vivienda ha desarrollado de toda la democracia. Tanto es así que, después de años de complejas negociaciones, a finales del mes de mayo entró en vigor la primera ley de vivienda estatal, que permite declarar mercados de alquiler tensionados, rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles y ofrece la posibilidad a los ayuntamientos de aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años.
Al margen de que las comunidades del PP impidan la aplicación de algunos de los puntos citados, hay medidas que son obligatorias para todo el conjunto del Estado. La de mayor impacto es la limitación de los alquileres de un 2% en 2023 y de un 3% en 2024. Antes del 31 de diciembre de ese año, se debe diseñar y aprobar un nuevo índice de referencia al que quedarán vinculados todos los contratos en vigor.
También se aplica la batería de medidas pensada para dificultar los desahucios de personas que sufran vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. Por ejemplo, prohíbe desahuciar sin fecha predeterminada, se incluyen nuevas prórrogas para los lanzamientos y da acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales. No obstante, sí son las comunidades autónomas las que deben articular mecanismos propios para mediar y forzar a los fondos buitres a aceptar medidas de alternativa vacacional, otra herramienta que ofrece la ley (por ejemplo: alquileres sociales bonificados o realojamientos de vulnerables).
Se establece también la calificación indefinida de la vivienda protegida, sometida a régimen de protección pública permanente. No obstante, los mecanismos habilitan a las comunidades autónomas, por ejemplo, para autorizar la venta de una vivienda protegida o a ejercer el derecho de tanteo y retracto para quedarse con la vivienda en caso de que quiera ser vendida en lotes a un gran tenedor. Esto quiere decir que tampoco se aplicarían estos mecanismos, en caso de que los gobiernos autonómicos no lo deseen.
Desde el 1 de enero de 2024 también se aplicarán a nivel nacional las deducciones del IRPF para estimular la oferta del alquiler a precios asequibles, que premia el alquiler a arrendatarios jóvenes, que rebaje el precio o que rehabilite la vivienda. Los intermediarios de la compraventa o de los procesos del alquiler también deberán suministrar información a los potenciales compradores o inquilinos, si estos la requieren. También queda prohibido el cobro, por parte de la inmobiliaria, de los gastos de honorarios al inquilino, aunque hay algunas que se saltan la ley y siguen obligando a los arrendatarios a hacerse cargo de ese gasto.
Además, el Gobierno también ha aprobado el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que persigue un cambio de enfoque en las políticas, por ejemplo con programas para el incremento de la oferta de viviendas en alquiler. Las partidas presupuestarias para vivienda se han disparado. La media de la cantidad consignada entre el ciclo 2021-2023.
La ley de vivienda no se aplicará en las principales ciudades y autonomías afectadas
Tras el vuelco electoral del 28M, que tiñó de azul gran parte del mapa autonómico, la izquierda perdió la posibilidad de declarar mercados de alquiler tensionados en cinco grandes ciudades en las que viven más de dos millones de personas y donde el alquiler tiene un coste asfixiante para las familias: Palma, Valencia, Alicante, Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife. Solo la Generalitat, gobernada por Esquerra Republicana, está dispuesta a aplicar el tope en Barcelona. En el aire queda la postura del Gobierno vasco sobre Donosti, Bilbao y Vitoria: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) está en contra, pero los socialistas tienen las competencias de vivienda en el Ejecutivo autonómico.
Respecto a las autonomías, el ascenso del PP ha provocado que el PSOE pierda seis de las ocho comunidades autónomas en las que gobernaba: la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Canarias y La Rioja. En las cuatros primeras la formación de Alberto Núñez Feijóo necesita a la extrema derecha, mientras que en Canarias gobierna junto a Coalición Canarias y en La Rioja lo hace en solitario. También ha cambiado al azul Cantabria, antes gobernada por PRC, ahora en manos de los conservadores.
Las regiones gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que no la van a aplicar o directamente que la van a recurrir al Tribunal Constitucional. Esto, en la práctica, supone que las más de 21 millones de personas que viven en estas regiones no se puedan beneficiar de prácticamente ningún aspecto de la norma. Por tanto, no declararán zonas tensionadas cuando el alquiler supere el 30% de la renta media de los hogares o crezca tres puntos por encima del IPC ni se considerarán grandes tenedores a los propietarios de cinco o más viviendas.
La derecha promete derogar la ley de vivienda y la izquierda consolidar nuevos derechos
Las propuestas recogidas en el programa del PSOE pasan por la puesta en marcha de un Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible y de un programa de incentivos de rehabilitación. La finalidad de estos proyectos, según los socialistas, es "que los propietarios puedan poner viviendas en el mercado de alquiler asequible, y con ello eliminar el problema de habitabilidad que muchas de ellas tienen". Asimismo, de cara al electorado más joven, abogan por destinar el 30% de las viviendas y una nuevo sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual.
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Por lo que respecta al PP, su principal promesa es la derogación de la Ley de Vivienda. La formación de Feijóo argumenta que "ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda", pero tampoco propone ninguna alternativa. El programa, que también mira a los jóvenes en esta materia, solo propone un programa de avales destinado a menores de 35 años con la concesión de créditos hipotecarios de hasta 95% del total de la vivienda.
La ultraderecha encabeza sus propuestas sobre vivienda remarcando su compromiso con la "tolerancia cero con la okupación ilegal", que es su primera medida de ese bloque. A través de la reforma del Código Penal, el partido de Abascal promete proteger y eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados por los okupas. Con el mismo objetivo, su programa electoral promete modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir "que un okupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente"
Para Sumar es vitar crear un Ministerio de Vivienda que invierta durante diez años el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda. La coalición de Yolanda Díaz también aboga por convertir la Sareb en una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda y la reserva del suelo urbano del 30% para vivienda protegida, a través de una normativa específica.
En España durante muchos años la política de vivienda consistió, precisamente, en la ausencia de política de vivienda. Hasta el ‘boom’ del 2008 la línea tradicional fue entender que el mercado se regulaba solo, sin que el Estado interviniera. Este planteamiento, que se sublimó con la ley del suelo de 1996 aprobada por el Partido Popular, se sostenía sobre una idea de que a más oferta, más posibilidad de acceso a la vivienda. Todo aquel modelo pareció sostenerse hasta que llegó la crisis financiera y el dogma colapsó.