El Ayuntamiento de Bruselas empieza a requisar parte de las 4.500 viviendas que es ilegal tener vacías

Los debates de políticas económicas varían tanto de un país europeo a otro que lo que en unos países es una medida radical de izquierdas en otros lo hacen ayuntamientos con alcaldes liberales. Los debates de política de vivienda en España son de los más derechizados de la Unión Europea a tenor de datos como el porcentaje de vivienda que es de alquiler social o hasta de medidas como la que empiezan a poner en marcha varios ayuntamientos de la región de Bruselas (la capital belga está compuesta por 19 ayuntamientos agrupados en una de las tres regiones del país junto a Flandes y Valonia).

Las autoridades belgas reformaron en 2022 la legislación sobre gestión pública de bienes privados. La norma trata sobre la posibilidad de que un ayuntamiento requise un bien inmobiliario desocupado, lo reforme si es necesario y lo ponga en el mercado de alquiler. Porque tener un bien inmobiliario sin uso es ilegal según la normativa belga. Tenía 20 años, pero nunca se había aplicado porque la propia redacción de la norma tenía una trampa. Cuando un ayuntamiento requisaba un bien y lo reformaba para alquilarlo, el propietario podía reclamarlo de nuevo recién reformado y antes de ser alquilado. Así, ningún ayuntamiento, contaba este lunes el diario belga Le Soir, se atrevía a empezar el proceso porque podía terminar sufragando la reforma a un particular.

La reforma de 2022 cambió las condiciones y a partir de entonces desde que un bien es requisado ya no puede ser devuelto al propietario original hasta pasadas décadas. Varios ayuntamientos empiezan a mediados del año pasado a aplicar la norma reformada, sobre todo dos. 16 de 19 ya tienen a un funcionario encargado de buscar viviendas desocupadas y dos ya empezaron las requisas: Saint-Gilles (alcalde socialista) y Etterbeek (alcalde liberal de una lista independiente). Los bienes que van requisando se ponen en el mercado de alquiler a precio social.

Si tienen que renovarse antes debido a su estado, que es lo más corriente, se ponen en alquiler a un precio que permita a los ayuntamientos amortizar esa renovación en 20 o 30 años, el plazo normal de una hipoteca en Bruselas. Transcurrido ese plazo, el propietario original o sus herederos (previo pago del impuesto de Sucesiones) puede recuperar su bien siempre y cuando tenga voluntad de usarlo, venderlo o ponerlo en alquiler. Porque mantener un bien desocupado en Bruselas es ilegal.

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Las autoridades locales vigilan, desde las empresas públicas de vivienda, que los propietarios de bienes desocupados no hagan trampas como ponerlos en alquiler a precios desorbitados. También es ilegal dedicar un bien únicamente para el alquiler vacacional de corto plazo, tipo Airbnb.

La reforma es de 2022 pero se empieza a aplicar en serio ahora porque es ahora cuando las autoridades cuentan con datos fiables para localizar esos bienes desocupados. En 2021 la ministra regional de Vivienda, Nawal Ben Hamou (socialista) encargó a investigadores de la Universidad Libre de Bruselas (en sus ramas francófona y flamenca) que desarrollaran un modelo matemático que permitiera mapear la ciudad de forma que sirviera para descubrir qué bienes estaban fuera de la circulación, no estaban ocupados por sus propietarios ni alquilados. Los datos se cruzaron después con otros, como los del consumo de agua o electricidad, los del castrato o los padrones municipales. El modelo matemático asegura que habría unas 4.500 viviendas vacías y cuyos propietarios tienen abandonadas o no tienen intención de alquilar, aunque pudieran hacerlo.

Las autoridades cuentan a los medios belgas que la idea no es sólo la de requisar porque en muchos casos los propietarios, gracias a la intervención de las autoridades y por temor a perder sus bienes durante décadas, se deciden a alquilarlos. Pero reconocen que cuando un propietario se muestra recalcitrante en su idea de mantener su bien fuera del mercado, las autoridades usan la ley para llevar a cabo esa requisa o expropiación temporal por la que no pagan nada al propietario, que durante décadas puede perder el control del bien y cualquier beneficio que este pudiera aportar, pero no pierde la obligación de seguir pagando una hipoteca sobre ese bien si este la tuviera. Así, se dan las condiciones para que mantener un bien desocupado sea, además de ilegal, una ruina.