1989: Los rehenes en el conflicto entre Hezbolá e Israel

El 7 de agosto de 1989, la información internacional primaba en las portadas de los principales periódicos españoles. La segunda crisis de los rehenes de Irán entraba en una fase de "recalentamiento" debido al endurecimiento de las exigencias de los grupos raptores proiraníes, el Gobierno argentino anunciaba la amnistía para 18 militares procesados por violaciones de los derechos humanos en los setenta y los cinco presidentes centroamericanos se reunían por primera vez para debatir el desmantelamiento de la contracontra, que entonces aglutinaba a unos 10.000 guerrilleros antisandinistas. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

 

La Vanguardia era el único diario nacional que destacaba en portada el último giro de tuerca en la crisis de los rehenes entre Irán, Líbano y Palestina, por un lado, e Israel, Estados Unidos y el resto de países occidentales, por otro. En el contexto de la Guerra Civil Libanesa, la Organización de la Justicia Revolucionaria (OJR), un grupo proiraní en territorio libanés, tenía como rehén al estadounidense Joseph Cicippio, y se encontraba envuelta en un proceso de negociaciones con Israel desde hacía meses. La última oferta del grupo integrista proiraní consistía en que "Israel libere al jeque Abdel Karinn Obeid y a 450 prisioneros −150 libaneses y 300 palestinos detenidos en la 'Intifada'− que los israelíes tienen detenidos en diversos campos y prisiones, así como que todos los palestinos expulsados de los territorios ocupados puedan volver a Gaza y Cisjordania". Sin embargo, la oferta fue inmediatamente rechazada por el portavoz gubernamental israelí.

En el conflicto había más actores implicados. La OJR era el canal de comunicación entre las demandas iraníes y las israelíes, pero la organización libanesa Amal Islámica, cercana a Irán por pertenecer a la misma y minoritaria rama del Islam −el chiismo−, no se andaba con medias tintas. "Hussein Musawi, el líder del grupo Amal Islámico, también cercano a Hezbollah [...]: 'Si interesa al Islam y a los oprimidos que matemos a un soldado israelí, lo haremos", informaba La Vanguardia. Musawi iba más allá: "Si ellos [la OJR] están dispuestos a negociar con Israel, nosotros no lo estamos. No negociaremos con Israel aunque los líderes de Hezbollah, yo entre ellos, sea capturado". La guerra seguiría hasta que Israel fuese destruido, aseguraba el líder del también conocido como Movimiento Amal, que aprovechó el foco mediático para felicitar a una organización terrorista amiga por la reciente ejecución del coronel estadounidense William Higgins. "Nadie nos puede amenazar con la muerte... Estamos preparados para morir", incitaba el cabecilla de las milicias.

Los rehenes occidentales de organizaciones armadas en Oriente Medio se contaban por decenas. Entre 1982 y 1992, fueron secuestrados en líbano 104 personas, en su mayoría estadounidenses y europeos occidentales, por el mismo comando de Hezbolá. El fundador de Amal Islámica solo garantizaba la vida de los secuestrados estadounidenses si el país norteamericano sacaba sus garras de la región y dejaba de prestar apoyo a Israel. Las presiones mediáticas y económicas −se acababa de producir el colapso de la URSS− precipitaron el final de la crisis de los rehenes. Y, tras cinco años de secuestro y una vez finalizada la Guerra del Golfo Pérsico, Joseph Cicippio fue liberado.

Indultos para los militares argentinos

El 7 de agosto, el periódico Diario 16 recogía una noticia clave para la historia de Argentina: el presidente Carlos Menem, del Partido Justicialista, anunciaba que 18 miembros del Ejército que habían cometido violaciones de los derechos humanos, colaborando con la dictadura cívico-militar, serían perdonados "antes de Navidad". "El mandatario peronista", decía el artículo, "declaró que el problema militar se solucionará bajo la forma de una amnistía, o indulto de la conmutación de la pena". Menem admitía que incluso el general Jorge Videla, ex presidente de facto a través de la junta militar, podría beneficiarse del perdón. En la dictadura argentina, 30.000 personas sufrieron desapariciones forzosas, como se ha llamado al secuestro, tortura y asesinato perpetrados por el Estado contra los disidentes.

 

Pero aquella medida no afectaría solo a ese pequeño grupo de mandos. El Gobierno justicialista amnistiaría, entre otoño de 1989 y finales de 1990, a 1.200 personas, incluidos miembros de la junta militar que regiría el país entre 1976 y 1983 y altos mandos que habían participado en intentos de golpe de Estado más allá de esa fecha, incluso bajo el Gobierno del propio Menem. A través de diez decretos de indulto, el presidente pretendía cerrar una "herida abierta no tan solo en el ámbito castrense sino también en el civil". El perdón de Menem se sumaba, de hecho, a dos leyes promulgadas anteriormente, la de Punto Final y Obediencia Debida: la primera establecía la prescripción de los delitos del terrorismo de Estado y la segunda exculpaba a los militares por debajo del grado de coronel, entendiendo que solo cumplieron órdenes.

En 1998, el Congreso argentino comenzó un proceso para derogar las conocidas como leyes de impunidadleyes de impunidad, que culminó con una declaración de nulidad por la Corte Suprema en 2005. Este mismo organismo sentenció en 2007 que los indultos concedidos a los condenados, procesados o acusados por delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.

Cumbre para desmantelar la contra

Pero no era el único asunto sobre la actualidad de los países latinoamericanos que recogían las portadas. El País titulaba: "Los líderes de América Central debaten cómo desmantelar la contracontra". En portada, explicaba ya que los líderes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala se encontraban reunidos en la localidad hondureña de Tela para abordar "la desmovilización de las fuerzas antisandinistas, unos 10.000 combatientes", como recogía la crónica del diario. La contra había establecido sus bases, desde el inicio, en territorios de Honduras y Costa Rica, limítrofes con Nicaragua.

 

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Estos movimientos contrarrevolucionarios −de ahí el nombre− nacieron a principios de los ochenta, auspiciados por la inteligencia de Estados Unidos, para combatir al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el movimiento que había derrocado en 1979 la dictadura nicaragüense de los Somoza, haciendo caer a Anastasio Somoza Debayle. La crónica no ocultaba en absoluto la implicación estadounidense: "Hay un sexto participante, aunque ausente físicamente, en la conferencia. Se trata de Estados Unidos, cuya Administración ha lanzado en los últimos días claros mensajes (...) para que no acepten aún el desmantelamiento de la contra". De hecho, la Corte Internacional de Justicia (máximo órgano judicial de las Naciones Unidas) había condenado a Estados Unidos en 1986 a pagar una indemnización al Estado de Nicaragüa por apoyar a los grupos antisandinistas, decisión judicial que el país norteamericano se negó a acatar. 

Desde Tela, el periodista José Comas explicaba en El País al comienzo de la cumbre, que el Gobierno sandinista tenía cierta ventaja en su exigencia de desmovilización de la contra, una reclamación que aunaba incluso a la oposición nicaragüense. Daniel Ortega, entonces presidente del país, preparaba las elecciones generales de 1990, que darían el poder a la Unión Nacional Opositora y pondría fin a la Revolución sandinista. Ortega, presidente de nuevo desde 2007, se enfrenta hoy a movilizaciones masivas en las calles, a las que el dirigente ha respondido con una fuerte represión que se ha saldado ya con más de 350 muertos.