Caso Rumasa, el escándalo de la gran expropiación socialista

El 23 de febrero de 1983, poco después de su victoria en las elecciones, el Gobierno socialista de Felipe González tomaba una de las decisiones que marcaría aquella primera legislatura: la expropiación de Rumasa, el poderoso y opaco holding empresarial de José María Ruiz-Mateos. El proceso, que trataba de evitar una crisis financiera en un momento económicamente delicado, ocupó la portada de los periódicos durante meses, generó un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y Alianza Popular y terminó costando 3.600 millones al erario público. La justicia, a través de los 1.500 procesos judiciales y administrativos generados por la expropiación, ha dado la razón a las tesis del Estado y se ha mostrado contraria a las reclamaciones de la familia. 

¿Qué pasó?

La decisión del Gobierno se publicó en el BOE del 24 de febrero, donde se anunciaba la expropiación, "por razones de utilidad pública e interés social", de "los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S. A.". En realidad, cuando el Ejecutivo socialista emitió la orden, ni siquiera sabía exactamente cuántas empresas componían el holding dirigido por Ruiz-Mateos, el mayor conglomerado de la economía española. De hecho, ese fue el desencadenante del conflicto: desde 1978, el Banco de España venía exigiendo al conglomerado, que incluía 18 bancos en el momento de su expropiación, la realización de una auditoría externa —todavía no eran obligatorias por ley—, algo a lo que Ruiz-Mateos se había resistido. Cuando fue expropiada, Rumasa estaba formada por más de 230 empresas con 65.000 empleados, entre las que se encontraban Banco Atlántico, Galerías Preciados, Hispano-Alemana de Construcciones, Hotasa o Loewe.

La andadura del imperio Rumasa se inició en 1961, cuando la empresa entonces denominada Ruiz-Mateos Hermanos, S. A. logró hacerse con un importante contrato de exportación de vinos de Jerez al Reino Unido. "Desde un principio", explicaba el economista Julio Argüelles, uno de los primeros en estudiar el funcionamiento de la compañía, "la política de crecimiento estuvo basada en la incorporación de empresas con dificultades o en crisis, estrategia que respondía a una concepción especulativa de los negocios". Esto fue posible en parte gracias a "la bondad del ciclo económico", pero también a "un notorio intervencionismo estatal y un elevado grado de discrecionalidad administrativa, que permitió a Rumasa gozar del favoritismo activo y pasivo de las autoridades".

A finales de enero de 1983, Rumasa rescindió el contrato con la auditora Arthur Andersen, que estudiaba el holding desde 1981, un procedimiento que para entonces se encontraba ya al 75%. Esta auditoría había sido acordada con el Fondo de Garantía de Depósitos, entidad creada en 1977 a imagen de sus homólogas europeas y dependiente del Banco de España, temeroso de que las operaciones de Rumasa fueran demasiado arriesgadas y pusieran en peligro el sector bancario del conglomerado, que suponía un cuarto del negocio. "Si Rumasa rompe con Arthur Andersen, lo consideraríamos gravísimo y se le enviarán los inspectores del Banco de España", amenazaba en febrero el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Acabaron haciendo algo más que eso. Tras la expropiación, el Gobierno descubrió que las 230 empresas con las que contaban eran en realidad unas 700, aunque parte de ellas se usaban como pantalla. "Este laberinto societario procuró a Rumasa una eficaz protección frente a las firmas auditoras, autoridades monetarias e inspección tributaria", escribió Argüelles. 

Desde finales de 1982, el Banco de España daba la voz de alarma sobre la fragilidad del entramado de Rumasa. En un informe, la entidad advertía de que era habitual "la utilización del crédito por una sociedad distinta de la que figura como titular del mismo" o de que era "práctica generalizada que el pago de intereses de los créditos se realice mediante la concesión de nuevos créditos", entre otras conductas temerarias. El Gobierno tenía distintas opciones, desde la insistencia en las auditorías hasta la expropiación, pasando por la expulsión de los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía. Pero, según informaría después la prensa, un encuentro entre Ruiz-Mateos y Boyer pocos días antes del anuncio dejó claro al segundo que el primero no iba a dar su brazo a torcer. La decisión final se tomó en un Consejo de Ministros de más de 12 horas. 

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Mientras la policía entraba en la sede central del grupo, José María Ruiz-Mateos se preparaba para huir al extranjero, primero a Londres y luego a Fráncfort, desde donde sería extraditado en 1985. Tras una auditoría en profundidad, el Gobierno dilucidó que las firmas acumulaban pérdidas de 346.000 millones de pesetas y deudas por valor de un billón de pesetas. En 2003, Carlos Solchaga, que entonces era ministro de Industria y sería ministro de Economía entre 1985 y 1993, insistía en Informe Semanal en que "la mayor parte [de las empresas] tenían un valor patrimonial negativo" —es decir, que tenían menos de lo que debían— y que se sostenían exclusivamente gracias a la concesión de créditos por parte de los bancos del grupo, para los que las empresas deficitarias eran un peligroso lastre. De no haber procedido a la expropiación, defendía, el país se hubiera "metido en una crisis bancaria". 

La oposición no parecía estar de acuerdo: pocos días después de la orden de expropiación, Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que sería desestimado por el Tribunal Constitucional a finales de ese mismo año con un empate en la votación que decidió el presidente. Pese a lo disputado de la sentencia, el tribunal volvería a responder de la misma forma a otras cuestiones de inconstitucionalidad en 1986 y en 1991. La justicia, española y extranjera, ha dado la razón a la Administración en los cientos de procesos juidiciales iniciados por la familia Ruiz-Mateos sobre los distintos aspectos de la expropiación —solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 1993 al Estado español por la excesiva duración del proceso—. Sin embargo, en los procesos contra el propio José María Ruiz-Mateos por falsedad documental, estafa y apropiación indebida, el empresario salió absuelto: aunque los tribunales reconocían probado que se alteró la contabilidad de los bancos del grupo, cuando se inició el proceso la falsedad en documento mercantil no estaba tipificada en el Código Penal. 

Tras la expropiación, el Gobierno procedió a una reprivatización del grupo. Ninguna empresa quiso adquirir el conglomerado completo, así que la Administración fue despiezando Rumasa y vendiéndola por sociedades en una operación que se alargó hasta entrados los noventa. Mientras, Ruiz-Mateos seguía en el debate público, primero fundando el partido político Agrupación Ruiz-Mateos, con la que fue elegido europarlamentario en 1989. En 1991 adquirió, además, el Rayo Vallecano, uno de los pilares de la reconstrucción de su imagen pública sobre la que se sostendría luego el entramado Nueva Rumasa, última aventura empresarial de la familia, por el que serían condenados seis de sus hijos. Posteriormente, el empresario sería condenado por alzamiento de bienes por su actuación en la agencia de viajes Mundo Joven. En 2018, cuando llevaba tres años fallecido, la Audiencia Nacional le encontró culpable de fraude fiscal en el Rayo Vallecano. 

¿Cómo se informó de ello?

La expropiación de Rumasa fue una noticia muy seguida por los periódicos de la época, como se puede esperar de un movimiento de estas características. Junto con la devaluación de la peseta para hacer frente a la inflación, esta era, además, la primera gran medida económica del primer Gobierno de izquierdas desde la II República, por lo que fue observada con lupa por los diarios conservadores. "El Gobierno aplasta a Rumasa", titulaba el ABC el día de la expropiación, achacando la decisión a que "Alfonso Guerra amenazó con dimitir si no se incautaba el grupo". Mientras, la oposición alertaba sobre el "rodillo socialista". 

Pero la cobertura mediática del caso fue más allá del proceso de nacionalización y reprivatización. El personaje de José-María Ruiz Mateos interesó a los medios durante años: el propio empresario se esforzaba por tener su atención con campañas un tanto estrafalarias. En 1989, a la entrada de un juzgado, delante de las televisiones y después de haber realizado una especia de performance-escrache, agredió al ya exministro Boyer al grito de "Mariconazo" y "Que te pego, leche", consigna esta última que seguiría siendo conocida décadas después y que él mismo utilizaría en su breve carrera política, cuando firmaba los carteles de su partido con un "que me votes, leche". 

La posterior compra del Rayo Vallecano y el lanzamiento de Nueva Rumasa, que utilizaba la figura de la matriarca Teresa Rivero en la imagen de marcas como Dhul, Trapa y el propio club de fútbol, hicieron que los Ruiz-Mateos permanecieran en el imaginario colectivo mucho más allá de 1983. 

¿Qué consecuencias tuvo?

La expropiación de Rumasa tuvo un coste para el Estado de más de 3.600 millones de euros, generó 1.500 recursos judiciales y se alargó durante 32 años, hasta que fue finalmente liquidada en 2015 con un activo de 160 millones de euros. Pero la extensión más obvia de Rumasa fue Nueva Rumasa, nueva aventura familiar de los Ruiz-Mateos, dirigida en esta ocasión por sus hijos y con Teresa Rivero como imagen de la marca.

Desde 2017, varias sentencias han establecido que el nuevo grupo que la familia creó rescatando el nombre del anterior era una vez más un gigante con pies de barro: la financiación del conglomerado se sostenía sobre la emisión de pagarés a inversores, que se usaban para obtener créditos con los que comprar inmuebles que sirvieran como aval de créditos futuros. Seis de los hijos del empresario cumplen pena de prisión. 

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¿Qué aprendimos?

El caso Rumasa fue la primera gran nacionalización de la democracia, pero no ha sido la única. Si la sección bancaria del holding era la que en última instancia originó la decisión del Gobierno, ha seguido siendo el sector financiero el que ha concentrado las intervenciones más sonadas. Con la crisis de 2008, se intervinieron total o parcialmente las cajas Unnim, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Caja Castilla La Mancha, Cajasur y Banco de Valencia, una tendencia que llegó a la nacionalización del grupo responsable de Bankia en 2012.

En este último caso ha tenido especial importancia el debate sobre la posible ocultación o manipulación de las cuentas de la entidad, pero también la labor supervisora del Banco de España. Desde el caso Rumasa, el Estado ha puesto en marcha distintos mecanismos de control de los bancos que entonces apenas empezaban a esbozarse. Pero la última crisis financiera ha cuestionado duramente si los procesos existentes son suficientes como para garantizar la correcta marcha del sistema bancario.