Ataques en Magdeburgo: la cautela como arma Ruth Ferrero-Turrión
Carta abierta a la fiscal general
Confío en que a estas alturas tenga usted alguna noticia de lo ocurrido en la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real). Allí fallecieron 75 mayores durante la primera ola de la pandemia, convirtiéndose así en uno de los diez centros de España con mayor número de personas muertas en aquella horrible primavera de 2020. Siete familias denunciaron al director del centro, José Manuel Sampedro, que fue inicialmente imputado en una causa que el juez decidió archivar el pasado 9 de diciembre. La resolución obvió casi por completo los detallados y coincidentes relatos realizados por los seis testigos que prestaron declaración ante el juez instructor.
Y cuando digo que esas testificales se prestaron ante el juez instructor, digo bien, porque quien no estaba allí era representante alguno del Ministerio Público que usted dirige. No estuvo la fiscal adscrita al caso el 27 de julio, cuando se interrogó al imputado Sampedro. No estuvo la fiscal adscrita el caso el 26 de julio, cuando declararon dos testigos clave (el supervisor de auxiliares y la gobernanta del centro). No estuvo la fiscal adscrita al caso el 28 de mayo, cuando prestó testimonio la enfermera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a quien se encargó supervisar las residencias de la zona. En los días de julio no pudo asistir porque estaba “de vacaciones” y no se encontró a tiempo a un fiscal que pudiera sustituirla. Esa es la explicación ofrecida por el Ministerio Público que usted dirige. La fiscal adscrita sí pudo pasarse por Tomelloso el 9 de abril, de forma que escuchó a los otros tres testigos. El relato no debió de interesarle lo suficiente como para volver por allí.
Quizá sea yo un ingenuo, pero la verdad es que no se me ocurren demasiados asuntos más importantes a los que deba dedicar su tiempo un fiscal de Ciudad Real (o de cualquier otro lugar de España) que a investigar qué ocurrió en una residencia donde murieron 75 personas. Voy a repetirlo, porque hay individuos que cuando les hablas del fallecimiento de mayores reaccionan con la empatía de una ameba. La muerte de 75 personas. Sí, personas.
Las declaraciones de los seis testigos duraron algo más de nueve horas. Ya imagino yo que si no hay capacidad para que alguien en el Ministerio Público que usted dirige elabore un cuadrante que permita a un fiscal acudir en julio a Tomelloso, pedirle que otro alguien revise los vídeos de las testificales será misión imposible. Con el engorro que es además parar cada poco el vídeo, darle para atrás, pulsar el play, escuchar de nuevo...
Quizá sea yo un ingenuo, pero no se me ocurren asuntos más importantes a los que deba dedicar su tiempo un fiscal que a investigar qué ocurrió en una residencia donde murieron 75 personas. Voy a repetirlo. La muerte de 75 personas. Sí, personas.
El caso es que he tenido el atrevimiento de resumirle las nueve horas de declaraciones testificales. En mi afán por cooperar, lo hago en plan relato de hechos, con sus números ordinales y todo. Quién sabe, quizá al Ministerio Público que usted dirige le dé algún día por regresar de las vacaciones en las que está instalado en este tema de las muertes en residencias (en Tomelloso, en Madrid, en Cataluña, en las Castillas, en Murcia y en tantos otros sitios), y la lectura de este humilde texto tenga alguna utilidad. Allá voy:
Primero.– El 27 de febrero de 2020 se celebró la reunión interdisciplinar semanal de la residencia Elder. En dicho encuentro participan el director, los tres mandos intermedios (la gobernanta y los supervisores de auxiliares y de enfermería) y el equipo técnico (psicóloga, fisioterapeuta, logopeda, trabajador social y terapeuta ocupacional). En esa reunión, la coordinadora de enfermería, Mar H.M., indicó que deberían “empezar a tener previsión de material y a adoptar algunas medidas”. El director hizo caso omiso y acusó a Mar de ser una “adelantada”.
Segundo.– El 5 de marzo, en la siguiente reunión interdisciplinar, Mar volvió a la carga. Reclamaba sobre todo material de protección: “EPIs, guantes, mascarillas, que no había nada, y gel hidroalcohólico”. Sampedro despachó con estas palabras las peticiones de la supervisora de enfermería: “Estoy hasta el chocho del coronavirus”. Se levantó, pronunció esas palabras y dio por terminada la reunión.
Tercero.– El Ministerio de Sanidad aprobó el 5 de marzo un documento con recomendaciones de actuación para las residencias, entre ellas que los centros debían elaborar un plan de actuación que incluyese las necesidades de equipos de protección individual (EPIs) y un plan de continuidad de la actividad ante las previsibles bajas de personal. El director de Elder ni tenía ninguno de esos planes, ni los elaboró tras recibir el documento. Tampoco puso en marcha otras recomendaciones propuestas por Sanidad, como poner gel hidroalcohólico o toallitas de papel en todas las habitaciones de los residentes.
José Manuel Sampedro, que recibió el documento por correo el 7 de marzo, se limitó a repartirlo entre los trabajadores el día 9. No se analizó su contenido, simplemente se le entregó una copia a los empleados y se les pidió que firmaran que lo habían recibido.
Cuarto.– El 9 de marzo en Elder ya tenían a dos residentes con sintomatología. Un día después, la fundación propietaria del centro decidió cerrar sus puertas esa misma semana. Pese a la situación crítica que se sufría ya en la residencia, Sampedro decidió que el 11 de marzo se iba a Madrid a declarar como testigo del periodista Ignacio Villa –su exjefe en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha–, a quien juzgaban en el Tribunal de Cuentas por malversar fondos públicos. Sampedro podía haber pedido declarar por videoconferencia o incluso solicitar un aplazamiento de su testimonio, pero no lo hizo. Consideró que lo razonable era abandonar el centro.
Quinto.– Mientras está en el Tribunal de Cuentas esperando a declarar, el 11 de marzo, Sampedro recibe una llamada de la supervisora de enfermería confirmándole el primer positivo por covid de un residente. Horas después, Sampedro comunica a sus colaboradores que se encuentra “mal” y no podrá ir al centro. No volverá a aparecer por Elder hasta el día 16. Pese a que en su declaración aseguró padecer los síntomas propios del covid –fiebre y una presión en el pecho que le impedía respirar–, Sampedro no acude esos días a ningún médico.
Sexto.– Ese mismo 11 de marzo, Sampedro le dice a la gobernanta –Marisa R.A.– y a otros miembros del equipo directivo que se vayan a casa porque “cuanto menos gente hubiese en la residencia, mejor”. Lo mismo hace con el personal “más cercano”, según explicó durante su testifical el coordinador de auxiliares, Ángel S.M., que era entonces el número dos de Elder. Una de las consecuencias de la decisión de Sampedro de enviar a casa a parte del personal es que la comunicación con los familiares de los residentes se corta casi por completo. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie lo cogía. Algunos, desesperados, se dirigieron a la Guardia Civil para pedirle que se pasase por Elder y preguntase por el estado de salud de su familiar.
Por supuesto, la idea de que era mejor que hubiese menos gente en la residencia en una situación de grave crisis sanitaria no solo atenta contra la lógica, sino contra las recomendaciones específicas de Sanidad pidiendo un plan que garantizase la continuidad de la actividad en caso de bajas de personal. Recomendaciones que Sampedro incumplió: no solo no elaboró ese plan, sino que él mismo agravó la situación al enviar empleados a sus casas.
Séptimo.– Ante la situación que se empieza a vivir en el centro, aquel mismo 11 de marzo, Mar se pone en contacto con Epidemiología de Ciudad Real para informar y recibir instrucciones. Con las indicaciones que recibe, la supervisora de enfermería escribe un correo a todos los empleados de Elder con unas pautas de actuación. Sampedro no solo no lo agradece, sino que se cabrea con Mar y escribe un mensaje al grupo de whatsapp que tiene con los mandos intermedios diciendo que nadie debía adoptar ninguna iniciativa sin comunicársela previamente a Ángel, para que éste le informase y pudiese ser él quien tomase la decisión.
Así valoró Ángel en su declaración la iniciativa de Mar: “Yo sinceramente creo que fue lo más acertado que pudo pasar, porque es que si no, en vez de la cantidad que murieron, hubiesen fallecido más”.
Octavo.– La responsabilidad legal de tener material de protección era, ya antes de la pandemia, de las residencias. Elder no tenía EPis y siguió sin adquirirlos a pesar de que, ya desde febrero, la coordinadora de Enfermería insistió en reclamarlo. Sampedro dejó antes de marchar a Madrid cinco mascarillas para Enfermería y a su regreso de la capital, desde su casa (o desde donde estuviese), informó a Ángel de que tenía otras 50 mascarillas en su despacho bajo llave. Como decía encontrarse mal, la entrega de ese material a los trabajadores se retrasó casi un día, hasta que un empleado de Elder se pasó por casa del director a recoger la llave.
En la residencia trabajaban en ese momento 107 personas, de forma que 50 mascarillas no servían ni para proteger a la mitad del personal durante un día. Por no hablar de los 160 residentes que vivían en el centro, y que estuvieron sin mascarillas hasta que llegó el Sescam. Todos, menos cuatro, terminaron contagiándose.
Tampoco recibieron los trabajadores otros componentes de un EPI, como prendas de protección parcial o total (monos), gafas o pantallas faciales.
Noveno.– En la noche del sábado 14 de marzo, fallecen en Elder cinco residentes. La coordinadora de Atención Primaria del Hospital de Tomelloso, Silvia Quemada, llama el domingo por la mañana al director de la residencia para conocer qué está pasando y ofrecerle ayuda. Sampedro le responde que no se preocupe, que lo único que necesitan son EPIs, y que con eso se apañan. Ese fin de semana ni siquiera había un médico en la residencia.
Décimo.– La situación sigue empeorando y el Sescam decide realizar una primera actuación. En la noche del domingo, se desplazan a Elder varias UVIs móviles. Los médicos derivan a nueve residentes: cinco al hospital de Tomelloso y cuatro al de Villarrobledo. Sampedro llama a la gobernanta a las dos de la mañana para que salga a la calle y haga unas fotos a las UVIs. Marisa no atiende esa petición.
Décimoprimero.– En Tomelloso empieza a extenderse la noticia de que Sampedro está “desaparecido”. El lunes 16, horas después de la intervención de las UVIs, el director de Elder se presenta de forma repentina en el centro. Pese a que según sus propias declaraciones, los cinco días anteriores había estado con síntomas propios de covid, lo hace sin prueba negativa. Es decir, con una alta probabilidad de estar contagiado, y por tanto ser un vector de riesgo para trabajadores y residentes.
Tras regresar al centro, lo primero que hace es pedirle a Ángel y Marisa que le digan qué residentes no tienen síntomas para hacerse una foto con ellos y subirla a las redes sociales. Ambos siguen con su trabajo sin atender la solicitud de Sampedro.
Décimosegundo.– Ese lunes 16, en el perfil de Elder en Facebook se publica el siguiente mensaje: “¡Estamos bien! Residentes, trabajadores y responsables del centro. Ni nos ha tomado el Sescam ni el Ejército. Seriedad, por favor. Estamos trabajando siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. #Stopbulos #Stopmaldad”. En la misma red social, identificándose como el director de la residencia, Sampedro escribe: "Estamos aquí trabajando con normalidad. La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19. Se está haciendo en todos los centros. Cualquier familiar que necesite información que me llame al XXX. Pero está todo bien!!!!!!".
En otras palabras, cuando ya habían fallecido una decena de personas en Elder, Sampedro sigue sin pedir ayuda y oculta la grave situación, afirmando que se encuentran en una situación de normalidad.
Décimotercero.– El personal sanitario del Sescam indicó el domingo 15 que el centro debía tener una enfermera de noche, para estar pendiente de las decenas de personas con síntomas de covid. Sampedro no hizo caso a esta demanda. El lunes por la noche el centro no tuvo enfermera.
Décimocuarto– En los cuatro días que transcurren desde su regreso a Elder hasta que el 20 de marzo la Junta de Castilla-La Mancha interviene el centro, Sampedro no adopta ninguna medida para proteger la salud de los residentes. “Nos decía que en qué ayudaba”, según la testifical de Mar.
Décimoquinto.– No consta que, entre el 11 y el 20 de marzo, Sampedro sustituyese a ninguno de los trabajadores que se dieron de baja. En esa última fecha, cuando asume el control del centro el director provisional –Miguel Ruiz–, están de baja 35 empleados. Además de solicitar a quienes estaban teletrabajando que regresen, el Sescam pone en marcha un plan urgente para contratar personal que permite sustituir las vacantes en pocos días.
Décimosexto.– Tras ser destituido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, Sampedro pidió el 23 de marzo a sus colaboradores más cercanos que abandonasen el centro en el peor momento de la crisis sanitaria. Ninguno de ellos lo hizo, sin duda en un ejercicio de responsabilidad, ya que un hipotético abandono habría agravado la situación en una residencia donde se acumulaban los fallecimientos de residentes, los contagios y las bajas del personal.
Hasta aquí, estimada fiscal general, la reconstrucción de lo ocurrido a partir de las declaraciones de los testigos, que como sabe tienen la obligación de decir la verdad.
Varios de esos testigos ofrecieron al juez audios y mensajes de whatsapp que respaldaban la veracidad de sus declaraciones. El instructor, Daniel Vicente Pérez, no mostró mayor interés. ¿Al Ministerio Público que usted dirige tampoco le interesan esas pruebas?
Sampedro negó –y está en su derecho– cualquier actuación negligente por su parte. Por ejemplo, aseguró que todos los días desde el 11 de marzo se contrató personal para sustituir a quienes se ponían de baja. ¿Al Ministerio Público que usted dirige no se le ocurrió que sería buena idea solicitar al instructor el envío de un oficio a la Seguridad Social para comprobar si hubo altas o no?
Las preguntas para el Ministerio Público que usted dirige servirían para escribir varios artículos como este. Pero creo que todas ellas se pueden resumir en estas tres: ¿De verdad, Dolores Delgado, que va a permitir esto? ¿De verdad que el Ministerio Público que usted dirige no va a recurrir el auto de archivo? ¿De verdad que el Ministerio Público no cree que existen suficientes indicios como para poner fin a sus vacaciones, solicitar que continúe la instrucción y adoptar una actitud activa para esclarecer lo ocurrido?
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