Ni San Chin Choon entiende esto
Sin acritud, como se decía en los ochenta: ¿Qué tiene que pasar exactamente para que el alcalde de la capital de España considere que debe dimitir, o como mínimo exigir la dimisión o destituir a su mano derecha? ¿Qué más necesita saber Begoña Villacís, cabeza de Ciudadanos en Madrid, para plantear una moción de censura que sabe que la llevaría a sustituir a Almeida en la alcaldía? La respuesta a estas y otras muchas preguntas en relación con la estafa en los contratos de compra de material sanitario con comisiones millonarias es, por desgracia, la de siempre: el ventilador. Y el uso de esta nefasta técnica para esquivar responsabilidades desde el servicio público está detrás del desgaste permanente al que viene siendo sometida la credibilidad democrática, y del que sacan suculento provecho todo tipo de fuerzas antiestablishment y muy especialmente la extrema derecha.
Para no aburrirles con los numerosos detalles hasta el momento conocidos y contrastados sobre el escándalo, les sugiero si aún no lo han hecho que lean el repaso de Ignacio Escolar a las mentiras de Almeida sobre los comisionistas de las mascarillas (ver aquí); o las informaciones de Alicia Gutiérrez y Álvaro Sánchez Castrillo en infoLibre sobre el clamoroso favoritismo desplegado por el consistorio en los contratos con Luceño y Medina (ver aquí); o los sólidos indicios de múltiples y graves ilegalidades en esta operación que recoge el jurista José Antonio Martín Pallín (ver aquí); o el relato de Pilar Velasco sobre todo lo que no hizo y estaba obligado a hacer el Ayuntamiento al conocer el fraude (ver aquí).
Insisto, sin acritud pero desde la indignación: ¿Tenemos que seguir soportando el permanente intento de difuminar toda responsabilidad política con la excusa de que el asunto ya está en manos de los tribunales? (lean aquí la lúcida reflexión de Luis García Montero). Reconozco que durante las últimas dos semanas he tenido que contar hasta mil varias veces para no responder con absoluta acritud a lo que considero no sólo una cascada de insultos a la inteligencia sino además un nuevo disparo en el pie del ya muy desgastado crédito del sistema.
Por resumir:
1.- José Luis Martínez Almeida no debería seguir un minuto más en el cargo cuando está perfectamente documentado que ha mentido en varias ocasiones sobre los hechos que investiga la Fiscalía; que no defendió los intereses de los madrileños al no denunciar el fraude sufrido por el Ayuntamiento en los precios y en la calidad del material adquirido al menos desde el momento en el que sabemos que conoció la investigación abierta: en ¡noviembre de 2020!
2.- Almeida tendría que haber destituido a su mano derecha, Elena Collado, Coordinadora General de Presupuestos y responsable de compras del Ayuntamiento, cuyo intercambio de mensajes con Alberto Luceño es cualquier cosa menos un control riguroso de las condiciones de una contratación pública. Pero además ya está comprobado que Madrid pagó por el material sanitario los precios más altos de toda España (ver aquí). No parece desde luego una gestión modélica del dinero público.
3.- Almeida demuestra muy poco respeto a los contribuyentes madrileños cuando se empeña en hablar de una “cacería” organizada por “la izquierda” y tira del ventilador para acusar al Gobierno de tener “a tres altos cargos del ministerio de Sanidad imputados por 310 millones de euros”. Sabe muy bien que el caso al que se refiere no tiene hasta el momento más sustancia que una denuncia de Vox en la que suma todos los contratos de emergencia para material sanitario durante el estado de alarma (ver aquí). Dos años después de presentarse esa querella, no conocemos un solo dato, mensaje, correo o testimonio que avale el más mínimo paralelismo con el caso de Luceño y Medina y su obsceno atraco de seis millones de euros públicos “pa' la saca”.
4.- El nuevo líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido la oportunidad de encabezar otra forma de enfocar los asuntos de corrupción protagonizados por o en su partido en las últimas décadas. Ocasión perdida. Pone la mano en el fuego por Almeida como la puso pocas semanas atrás por Isabel Díaz Ayuso ante el clamoroso nepotismo practicado en contratos del gobierno madrileño con un íntimo amigo desde la infancia y de los que se benefició su propio hermano. Pretende Feijóo que todo esto es cosa natural, “unos pillos” que intentan aprovecharse del dinero público en circunstancias de emergencia excepcionales. Parece mentira que a estas alturas haya que repetir obviedades: pillos, jetas, comisionistas, chorizos o delincuentes de cuello blanco siempre ha habido y habrá. Nuestra obligación (la de políticos, fiscales, periodistas y ciudadanía en general) es denunciarlos y procurar que los jueces les hagan pagar por sus delitos. Pero luego está la responsabilidad de un cargo público, encargado de velar por los intereses de la comunidad, y obligado a asumir sus actos y sus inacciones, si unos y otras han facilitado la distracción de dinero público. Y no insistan en la excusa de la inevitabilidad de errores o lagunas en la contratación “por emergencia”, que está tasada para situaciones excepcionales y que posteriormente hay que explicar y justificar, precisamente para evitar que un contrato sin publicidad ni competencia sea utilizado para fines impropios. ¿Acaso tiene explicación que en la comunidad de Madrid, año y medio después de su inauguración, el hospital Zendal siguiera utilizando mayormente la fórmula del “contrato por emergencia”? (ver aquí).
Almeida no debería seguir un minuto más en el cargo cuando está perfectamente documentado que ha mentido en varias ocasiones sobre los hechos que investiga la Fiscalía y que no denunció el fraude en cuanto lo conoció
5.- Cuando un responsable político se niega a asumir sus responsabilidades, una opción es la moción de censura si los números de la representación lo permiten. Así ocurre en Madrid capital. Begoña Villacís, máxima responsable de Ciudadanos en la corporación, tiene en su mano utilizar esa legítima herramienta para enviar a la oposición a quienes han demostrado su incapacidad para defender los intereses de la ciudadanía y la caja común. Hasta el momento se niega a plantearla y prefiere que se encargue “una auditoría externa” sobre los contratos (ver aquí). Cuesta entender qué pretenden Villacís y sus compañeros de un partido cuyo pronóstico electoral oscila entre la máxima gravedad y la defunción (como ya pudieron comprobar en los comicios autonómicos de mayo pasado en Madrid o en los de febrero en Castilla y León). Pero lo peor es la argumentación: prefieren pagar una auditoría externa (otro contrato para negocio privado) en lugar de leer y extraer las conclusiones pertinentes de la investigación pública de la Fiscalía y las aportaciones periodísticas contrastadas. Insisto: ni Feijóo ni Villacís ni Almeida están para comprobar el alcance civil o penal de los delitos supuestamente cometidos, pero sí para asumir la responsabilidad política exigible por sus acciones o inacciones o incompetencia en la vigilancia.
Es lícito y lógico preguntarse qué ocurriría con cualquier otro ciudadano que no se apellidase Medina ni conociera a un primo del alcalde, o que no tuviera relaciones previas con el PP y sus tramas de financiación como es el caso de Luceño (ver aquí), si se le ocurriera vaciar sus cuentas sabiendo que está inculpado por sospechas de haber estafado dinero público. ¿Se le permitiría andar por ahí sin siquiera retirarle el pasaporte?. Confieso tener muy serias dudas. En España, y también en muchos otros países, las llamadas élites extractivas han tenido siempre muy variado pelaje, e incluyen desde aristócratas a consejeros de empresas del Ibex o simples conseguidores y comisionistas que se hacen pasar por “emprendedores”, mayormente a costa de obtener millonarios beneficios de contratas y adjudicaciones de dinero público.
Sí, me cuesta muchísimo entender que a estas alturas no resulte obvio para la colectividad (incluido el electorado del PP) que Almeida ya debería haber renunciado al cargo o que Villacís tendría que actuar para apartarlo de la alcaldía con el apoyo de toda la oposición (excepto Vox, por supuesto, que siempre está en el griterío pero nunca en la defensa del interés público). Me cuesta casi tanto como renunciar a la sospecha de que San Chin Choon no sea un proveedor de material sanitario sino quizás un antiguo santo musulmán malasio.
P.D. Para no quedarnos en la grave y millonaria anécdota de los Medina y los Luceño, sugiero dos lecturas que, cruzadas, iluminan sobre la trascendencia del fenómeno de la corrupción en España y las consecuencias políticas de la crisis de credibilidad democrática. Por un lado, La patria en la cartera, ensayo en el que el juez Joaquim Bosch explica que “las instituciones de un país son las que permiten o no que haya élites extractivas que puedan saquear los presupuestos públicos” (pág. 427). Por otro, El desorden político, en el que Ignacio Sánchez-Cuenca argumenta que el crecimiento galopante de fuerzas antiestablishment (llámense Vox o Reagrupamiento Nacional, por ejemplo) no se debe tanto a causas derivadas de las crisis económicas como a una aguda crisis de la representación política derivada de la desconfianza en los agentes intermediadores de la democracia, especialmente en los partidos y en los medios de comunicación. Al borde del precipicio, ni un paso atrás.
