Señora Ayuso: el Tribunal Supremo no es el Santo Oficio

La Presidenta de la Comunidad de Madrid es una fuente inagotable de chascarrillos en forma de mensajes políticos, que lanza, sin tasa ni medida, a la opinión pública. Es justo reconocer que consigue colocarse en el foco de atención de los medios, de los comentaristas y de la opinión pública. Si nos dejamos guiar por el resultado de las elecciones del 4 de mayo de 2021, debemos reconocer que le han dado resultado. Si Luis Carandell viviera, hubiera podido completar, sin esfuerzo, un segundo volumen de su celebérrimo Celtiberia show. El encadenamiento de sus monólogos cada vez se parece más al Club de la Comedia. Los especialistas en fomentar los índices de audiencias televisivas podrán ilustrarnos sobre si la fórmula está agotada o sigue surtiendo efecto. 

Su última irrupción en el escenario político-judicial, poniendo en cuestión los textos que desarrollan los programas educativos establecidos por una ley de educación aprobada en el Parlamento, le otorga, sin discusión alguna, el título de guardiana de las esencias patrias. Encarna a la perfección el pensamiento reaccionario tradicional, vestido de un casticismo puesto al día, aprovechando su indudable magnetismo televisivo. Sus mensajes llegan a borbotones a sus devotos seguidores, que no se paran a distinguir las voces de los ecos. Tiene bula para disparatar y su incontinencia, de momento, no le pasa factura. Tengo la sensación de que algunos obispos deben estar molestos por la superioridad y la frescura de sus mensajes, sobre sus homilías cargadas de admoniciones malhumoradas que no consiguen el impacto y la atención que la Presidenta suscita.   

Durante siglos la Iglesia Católica se ha encargado y apropiado del adoctrinamiento, monopolizando prácticamente la enseñanza, tratando de obstaculizar e incluso perseguir con saña la enseñanza pública, propia de una sociedad plural, abierta, democrática y liberal, como a ella le gusta definirse. Por pura coherencia y pudor intelectual debería abstenerse de reprobar las leyes y su desarrollo, que solo pretenden abrir el amplio campo de la mente de las personas libres. 

La Iglesia y el Partido Popular se han apropiado y registrado en exclusiva la licencia para adoctrinar. Cualquier pensamiento o idea que no pase por su registro exclusivo, carece de legitimidad para ser expresado y difundido, sin dogmatismos ni imposiciones, aunque se trate de valores que propugnan la libertad y la dignidad de las personas. Según los diccionarios: adoctrinar es decirle a alguien cómo tiene que comportarse en un asunto determinado o en general. Si además no se consienten comportamientos alternativos, según la conciencia de cada uno, tendremos la viva imagen de la intolerancia que ha caracterizado el pensamiento reaccionario de nuestro país. Ante su incapacidad dialéctica, reclaman que los Tribunales de Justicia les ayuden en esta tarea. 

Nuestra singularidad y extravagancia es objeto de atención por analistas y medios de comunicación extranjeros que no salen de su asombro ante las pintorescas reacciones de la derecha de un país de la Unión europea. Ya en el año 2006 reaccionaron, con fervor de cruzados, contra los infieles que habían promulgado una ley de educación para la ciudadanía. Según su Preámbulo: tenía como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. Como se ve todo un programa adoctrinador y subversivo. 

El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales reconoce el derecho a una educación orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad, el sentido de la dignidad de la persona humana y el fortalecimiento del respeto

He leído los argumentos que la Comunidad de Madrid esgrimirá ante el Tribunal Supremo.  Es imposible, por su dispersión y extensión, reproducirlos en este artículo, pero les aseguro que no tienen desperdicio. Unas pequeñas perlas. Consideran adoctrinadoras las advertencias sobre el desarrollo sostenible, la emergencia climática y la ética y el compromiso con la sostenibilidad. Otra: “estudiar de forma diacrónica el papel que ha tenido la mujer”. No se asusten por el adjetivo. Diacrónicos son los fenómenos que se producen en momentos distintos del tiempo. En relación con el papel de la mujer en la sociedad: desde las cavernas hasta el momento presente. Para conocer el resto les facilito este enlace. No se lo pierdan. 

 El Tribunal Supremo es llamado, una vez más, a participar en esta guerra o contienda política con la pretensión de que se decante por las tesis reaccionarias de la parte demandante.  Espero y deseo que no se deje instrumentalizar en una materia en la que la libertad de expresión y pensamiento juega un papel preponderante al margen de cualquier fiscalización judicial. El propio Preámbulo de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa advierte que no es tarea de esta norma inmiscuirse en ningún debate dogmático y que la ley solo atiende a un problema práctico consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por actos o disposiciones que emanan de las administraciones públicas. 

En mi opinión los textos que la Comunidad de Madrid considera adoctrinadores no lesionan ni ponen en cuestión derechos fundamentales de las personas. Su contenido podrá debatirse en las aulas, pero estoy seguro de que la controversia contribuirá a enriquecer el libre desarrollo de la personalidad de los alumnos. Sus asesores legales —creo que disponen de Abogados del Estado— les deben recordar que los valores que se contienen en los libros de texto, que la Comunidad pretende censurar y sustituir por sus creencias, son universales y están recogidos en nuestra Constitución y en todos los Tratados internacionales firmados por España. El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales reconoce el derecho a una educación orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad, el sentido de la dignidad de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Antes de lanzarse a la palestra deberían repasar las recomendaciones de la UNESCO que consideran la educación como un derecho humano indisolublemente unido a la Declaración Universal de Derechos Humanos, respaldado, además, por la Agenda Mundial Educación 2030 que marca como objetivo el derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible. La UNESCO también se marca como meta la consecución de la igualdad de género.     

Los Tribunales de Justicia deben ser conscientes del desprestigio y desgaste que les produce la instrumentalización de sus competencias para involucrarles en cuestiones, como la presente, que son más propias de los medievales Tribunales del Santo oficio o la Inquisición. No es su tarea redactar, con criterios ideológicos contrarios a los principios constitucionales, el contenido de los libros de texto, por supuesto, siempre que no prediquen el odio, la discriminación o vulneren los derechos y libertades fundamentales. 

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José Antonio Martin Pallin es comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado. Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.