Pablo González: 150 días, muchas preguntas, pero ninguna respuesta

Hace 150 días, Pablo González habló con Oihana por última vez. Como periodista especializado en el espacio postsoviético, estaba cubriendo las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Aquella conversación telefónica con su mujer, y madre de sus tres hijos, fue breve pero muy clara. Le informó de que le habían detenido bajo la acusación de ser espía ruso; le pedía que se pusiera en contacto con su abogado, Gonzalo Boye, e insistía en su inocencia. Era 28 de febrero y, desde entonces, no ha habido ningún otro contacto directo.

Estos cinco meses han dado para hacerse muchas preguntas, y, por qué no decirlo, inicialmente también alguna duda, disipada una vez vista la opacidad y las irregularidades del procedimiento. No obstante, al margen de las elucubraciones, hasta la fecha, la única certeza es que Pablo ha estado desamparado legalmente, sin acceso a un abogado durante semanas, y sin poder hablar con su familia. Y todo, bajo la inacción de la comunidad europea, que con su silencio y ciertas insinuaciones solo ha contribuido a expandir el “algo habrá hecho”, una sombra que atenta, además, directamente a su credibilidad y prestigio profesional.

La principal acusación que ha trascendido hasta la fecha es que se valía de su condición de periodista para trabajar para el Kremlin. Sin embargo, a estas alturas de la película, la Fiscalía polaca no ha sido capaz de aportar ni una sola evidencia incontestable que justifique una decisión tan dura e inhumana. Un proceder que no parece reprobable para las instituciones españolas y europeas. Nadie cuestiona el proceder de Polonia, a pesar de que su sistema judicial está cada vez más en entredicho. En este sentido, el informe 2021/22 de Amnistía Internacional constata cómo las autoridades polacas están centradas en acabar con la independencia del poder judicial, con un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra dos de los altos órganos judiciales de Polonia, que incumplían las normas sobre juicios justos, y cómo coartan la libertad de expresión, con la condena de profesionales que no les baile el agua. 

La Fiscalía polaca no ha sido capaz de aportar ni una sola evidencia incontestable que justifique una decisión tan dura e inhumana. Un proceder que no parece reprobable para las instituciones españolas y europeas.

Esta situación escapa a cualquier lógica democrática, y hace sospechar que el caso de Pablo no es más que un pequeño daño colateral dentro de una estrategia geopolítica de relaciones internacionales. No olvidemos que detener, aislar y mantener incomunicado durante cinco meses a un ciudadano es un ataque contra los derechos humanos, pero si el sujeto es, además, un periodista que puede resultar incómodo, esta privación de derechos es asimismo un atentado contra la libertad de expresión, en un momento especialmente sensible. Sin libertad de prensa, el mundo se convierte en un lugar más peligroso.

Todas las pruebas que se han hecho públicas hasta la fecha han sido desmontadas en el acto con documentación oficial, pero pese a ello, incluso el MI6 británico daba por buenas dichas acusaciones hace unos días, aceptando la tesis de la Fiscalía polaca en una absoluta violación de la presunción de inocencia de Pablo, sin que ni siquiera haya sido juzgado. Otra irregularidad que se suma a que ninguna autoridad impidió que Pablo compareciera sin asistencia letrada ante el juzgado de Polonia pocos días después de su detención, una situación absolutamente inconcebible que contraviene todas las leyes internacionales.

Pero hay más. Por poner otro ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado por Polonia, establece en su artículo 14 que toda persona detenida tiene derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. A Pablo se le sigue negando recibir el asesoramiento del abogado de su elección. Desde hace un par de meses cuenta con un representante polaco. Sin embargo, y como ha comentado Oihana en más de una entrevista, “tiene prohibido” hablar de la situación procesal de Pablo, y aún no se ha puesto en contacto con Gonzalo Boye. ¿Cómo es posible que las autoridades europeas se pongan de perfil ante esta situación y no se interesen por la seguridad y el bienestar de Pablo?

Precisamente este 27 de julio, cuando se cumplen 150 días de su arresto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente en la XIV Cumbre hispano-polaca y, según ha informado Moncloa, se reunirá con el primer ministro Mateusz Morawiecki. Los amigos de Pablo González nos sumamos a la petición de su familia de pedir al presidente Sánchez que, por favor, se acuerde de él, un ciudadano español detenido en un país de la Unión Europea al que le niegan hablar con sus hijos, que solo ha recibido cuatro visitas del cónsul en cinco meses, y que no está teniendo la posibilidad de que su abogado de confianza conozca las causas por las que se le acusan. 

Presidente Sánchez, le pedimos que incluya la situación de nuestro amigo Pablo en su agenda del día; que interceda por él ante su homólogo polaco para que pueda tener una defensa y un juicio justo, y, sobre todo, que se respeten sus derechos. Por favor, realice las gestiones necesarias para que la situación de Pablo mejore y pueda hablar con su mujer y sus hijos, que no entienden por qué no dejan que su aita vuelva a casa. Sus padres y su hermana también necesitan saber que está bien. Todas las personas que queremos a Pablo llevamos cinco meses inmersos en una gran incertidumbre. Necesitamos, por fin, empezar a dar respuesta a todas las preguntas que nos llevamos haciendo estos cinco meses.