El Parlamento Europeo, la memoria histórica y el caso español (y III): contra las manipulaciones

Lo que sigue concluye la versión ligeramente modificada de mi intervención vía Zoom en un seminario organizado por AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática) y dirigido esencialmente al profesorado de enseñanza media a finales de noviembre.

El Punto 12 de la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 “pide a la Comisión que preste apoyo efectivo a los proyectos que promueven la memoria histórica”. Poco después se hace una referencia que afecta directamente a España.

En efecto, no somos el único Estado miembro en el que “siguen existiendo en espacios públicos (parques, plazas, calles, etc) monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios”. Por consiguiente, el Parlamento en el Punto 19 “condena el hecho de que las fuerzas políticas extremistas y xenófobas en Europa recurran cada vez más a la distorsión de los hechos históricos y utilicen símbolos y retóricas que evocan aspectos de la propaganda totalitaria como el racismo, el antisemitismo y el odio hacia las minorías sexuales y de otro tipo”

La pregunta es: ¿cuáles son los países en los que esto ocurre? Porque, aunque no cita a ninguno en particular, cuesta trabajo no pensar que en España no se dan casos parecidos.

En definitiva, el Parlamento insta a los Estados miembros a que hagan frente (Punto 20) “a las organizaciones que difunden discursos de incitación al odio y a la violencia en los espacios públicos y en línea, y que prohíban efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo o cualquier otra forma de totalitarismo, dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacionales”.

De esta somera referencia personalmente derivo dos conclusiones:

La primera es que el Parlamento, en aplicación de los Tratados y las líneas políticas establecidas, llama la atención genéricamente contra lo que suele, en el lenguaje común, caracterizarse como reminiscencias de las dictaduras europeas. La española forma parte de ellas por derecho propio. En razón de su origen y de su largo período de ejercicio.

La segunda conclusión es que el Parlamento reclamó, en términos políticos, una acción efectiva para luchar contra las distorsiones del pasado, favorecer el desarrollo de la memoria histórica y promover su enseñanza. El caso español no puede ser uno de los ausentes.  A no ser, claro, que se demuestre legislativamente y en la práctica que los largos Gobiernos del PP se atuvieron, incluso ex ante, a tales recomendaciones.

Por el contrario, parece difícil desconocer que las nuevas Leyes de Educación (LOMLOE) y de Memoria Democrática son un intento de abordar seriamente la posibilidad de poder extender al conjunto de la sociedad española los frutos de la investigación histórica relacionados con el sistema de excepción absoluta que, en términos de democracia pluralista, fue el franquismo. A no ser, claro, que el PP, C´s y Vox puedan demostrar que la inefable “democracia orgánica” del segundo franquismo ya atendía, por la gracia de Dios y del “Caudillo”, a tales exigencias.

Parece difícil desconocer que las nuevas Leyes de Educación (LOMLOE) y de Memoria Democrática son un intento de abordar seriamente la posibilidad de extender al conjunto de la sociedad española los frutos de la investigación histórica

España es un caso un tanto particular (no directamente comparable a las dictaduras que se establecieron en la Europa central y oriental) pero que encaja perfectamente en el inventario de situaciones derivadas del fenómeno expuesto en la resolución mencionada del Parlamento Europeo:

Naturalmente no ignoro que en los medios españoles la Resolución fue ampliamente desfigurada y presentada en el marco del rechazo a la política de Putin. Es algo que, desde luego, se desprende de su texto. Pero no es lo único que cabe desprender del mismo. Dado que sus promotores fueron un amplio abanico de fuerzas políticas e ideológicas europeas (Wikipedia señala que entre sus proponentes figuraban populares, socialdemócratas, liberales e incluso ciertos conservadores) cabe pensar que representó algo más que un consenso dirigido exclusivamente contra Putin y el estalinismo (citado varias veces en el texto)

En todo caso, es penoso leer o escuchar lo que sigue repitiéndose a manera de papagayos en España: A saber,

               Primero. Los sublevados de 1936 salvaron a la Patria de caer en manos comunistas.

              Segundo. La República estaba deslegitimada por no haber puesto coto a la violencia política, dirigida contra la Iglesia y las derechas, en particular en la primavera de 1936 (las referencias a la revuelta en Asturias en octubre de 1934 no han desaparecido).

              Tercero. La guerra civil evitó la sovietización de España y quienes se levantaron en armas contra la República prestaron con ello un inmenso servicio a Europa y a la civilización occidental.

Tales estupideces siguen teniendo recepción en algunos sectores de la opinión pública española e incluso de la UE, en particular en los antiguos países del Este, en la medida en que son claramente anticomunistas. También, curiosamente, en ciertos movimientos sociales de los países fundadores, en la medida en que los medios de comunicación hacen una curiosa disociación entre la condena del nazismo y del fascismo y la del franquismo, que obviamente no padecieron.

Me cabe el honor de haberme dedicado durante años y con creciente intensidad a investigar una parte de la dinámica inmediata que condujo a la guerra civil, es decir, al mayor giro en la evolución política, económica, social, humanitaria y cultural de la historia española en el pasado siglo.

Lo he hecho apelando a los instrumentos esenciales del historiador: no lo que han escrito otros (que tampoco he desdeñado cuando así ha sido preciso, por lo que he citado obras relevantes en seis o siete idiomas en las que me he apoyado o de las que he diferido) sino fundamentalmente acudiendo a evidencias primarias relevantes de época. Es decir, a una amplia gama de archivos públicos y privados en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia y Rusia. También he aportado documentación de origen norteamericano y portugués. 

Me he concentrado en los orígenes de la guerra civil y en el marco internacional en que se sustanció y que configuró, en gran medida, su desarrollo.

No es el momento, creo, de resumir mis tesis, pero sí de destacar mínimamente algunos puntos.

Sus propósitos (aplicando el principio básico de “proyección” que ya expuse en La otra cara del Caudillo), para tener posibilidad de éxito, estribaron en acentuar dos pautas de comportamiento: en primer lugar, crear la sensación de que España se encontraba en un estado de necesidad. Lo hicieron mediante atentados selectivos, provocaciones a las izquierdas (que cayeron en la trampa) y publicidad de la supuesta situación límite mediante una prensa lacayuna que dominaban. Para la realidad cabe consultar obras especializadas como la de Rafael Cruz (En el nombre del pueblo) o la de Eduardo González Calleja (Cifras cruentas). ¿Cuántos cantamañanas de la frondosa publicística derechista (on line y en periódicos digitales y no digitales) las han desautorizado?

En segundo lugar, también lo hicieron mediante la intoxicación de las fuerzas armadas, no solo en su cúpula (algo superconocido) sino igualmente en los frondosos cuerpos de oficiales y jefes, en muchos casos descontentos con las reformas militares impulsadas por Azaña en el primer bienio; en otros mediante agitación ad hoc en las filas, algo que no escapó a los servicios de información gubernamentales.

Ambos aspectos los he abordado en dos libros: ¿Quién quiso la guerra civil? y El gran error de la República. 

En ellos se explica la dinámica de actuaciones personales y colectivas que llevaron al golpe de Estado de julio de 1936. Podemos olvidar ciertos mitos: el asesinato de Calvo Sotelo o la supuesta cautela de Franco y su famosa carta al presidente del Consejo y ministro de la Guerra Santiago Casares Quiroga.

El golpe de Estado no triunfó, entre otras razones, porque el Gobierno no se cruzó de brazos, porque en ciertas regiones los sublevados no pudieron imponerse y porque, no en último término, el Gobierno armó al pueblo. Todo ello fue insuficiente (y bastante amateur) porque para el mes de septiembre de 1936 la República había perdido la partida, tras aparecer en el horizonte un nuevo elemento.

El Gobierno no lo había contemplado. Los conspiradores sí. Me refiero al lavado de manos a lo Poncio Pilatos por parte de las potencias democráticas más relevantes: Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Establecieron la no intervención y no permitieron que el Gobierno español se abasteciera ni en arsenales nacionales ni privados radicados en ellas. Incluso cuando se constató que, desde las primeras semanas, las potencias nazi-fascistas habían acudido en auxilio de los rebeldes (en el caso de Italia desde antes de que estallara el golpe de Estado).

Ni Stalin había estado demasiado interesado en la República antes del 18 de julio ni su estrategia se atuvo a la sovietización de España. Tampoco la guardó para sí

Lo que salvó temporalmente a la República fue la intervención, dos meses después, de la Unión Soviética. Y esto pareció dar la razón a los sublevados por un lado y a las potencias democráticas por otro.

Pero ni Stalin había estado demasiado interesado en la República antes del 18 de julio ni su estrategia se atuvo a la sovietización de España. Tampoco la guardó para sí. En diciembre de 1936 y febrero de 1937 la explicó a los republicanos. Se atuvo a ella.  Lo que han escrito al respecto eminentes historiadores anglonorteamericanos en los últimos años es absolutamente erróneo y espero demostrarlo, una vez más, en mi próximo libro.

En algún momento la perspectiva de los investigadores genuinos, españoles y extranjeros, habrá que introducirla en los curricula escolares en España porque, con la conspiración que estalló en julio de 1936, lo que se quebró fue una evolución que, de por sí, no conducía necesariamente a la guerra.

España se hubiese ahorrado muchos sinsabores si la República hubiera podido cortar la conspiración (posibilidades hubo) y si el signo monárquico, militar y fascista de la misma no hubiera estado tan asentado.

¿Y Franco? No estaba predestinado por Dios para llegar a ser el “salvador de España”. Su potencial papel creció como la espuma a consecuencia de tres factores: el asesinato de Calvo Sotelo (futuro jefe del Gobierno en caso de triunfo del golpe), la muerte en accidente aéreo del general Sanjurjo (jefe militar de los conspiradores) y la condición del rechoncho general de voz atiplada de haberse convertido en receptor de la prevista ayuda fascista y de la no prevista ayuda nacionalsocialista.

Todo lo demás son, en mi modesta opinión, cuentos malabares. Como ha demostrado Ferran Gallego, fue bajo Franco, en el fragor y las tensiones de la guerra civil, cuando se forjó y desarrolló a tope el fascismo español. Todavía sufrimos las consecuencias.

Naturalmente, no sé si los parlamentarios españoles no populares en el Parlamento Europeo podrán hacer algo o no a los tres años de aprobada la Resolución. Quizá traducir a todas las lenguas del Parlamento la LMD y las partes relevantes de la LOMLE no sería mala idea. Y dar la lata. No se ganó Zamora en una hora. Volver a insistir en las fechorías del franquismo es recuperar la voz de a quienes se la arrebataron. Como hacen los descendientes de quienes sufrieron bajo el nacionalsocialismo, el fascismo y el comunismo. Un caso, cuando menos, de mera dignidad.

FIN de la serie (Aquí puedes consultar artículos anteriores).

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Ángel Viñas fue sucesivamente director en la Comisión Europea de América Latina, política de seguridad, relaciones multilaterales y derechos humanos y embajador en Naciones Unidas. Su próximo libro versa sobre la República española y la URSS en los tiempos de Stalin y aparecerá a finales de enero en CRÍTICA.