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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

Una patada repetida cientos de veces

Iniciamos 2023 con la política enfurecida. La oposición considera propaganda gubernamental los asuntos que expongo a continuación. Empieza el año con más de veinte millones de afiliados a la Seguridad Social y con la cifra más baja de paro desde 2007, gracias a los efectos positivos de la reforma laboral. Hay que sumar más datos positivos: se crean puestos de trabajo más estables, de mayor calidad y aumenta el empleo entre las mujeres y los jóvenes. A lo anterior hay que añadir la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad, el cheque de ayuda de 200 euros para hogares vulnerables, las ayudas para el transporte público, la prórroga al tope de los alquileres, suspensión de los desahucios y del corte de suministros esenciales, la rebaja de los impuestos de gas y electricidad, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital y de pensiones no contributivas. Y la jubilación activa mejorada para los médicos de Atención Primaria, que podrán continuar su trabajo durante tres años mientras perciben el 75% de su pensión.

Hasta aquí los detalles del tercer plan anticrisis del Gobierno para paliar los efectos provocados por la guerra en Ucrania o, dicho de otro modo, el despliegue de medidas sociales que Pedro Sánchez ha hecho realidad para, según la oposición, “fidelizar el voto de los sectores más vulnerables”. 

La oposición despliega un argumentario exhaustivo frente a lo que consideran la burda manipulación electoralista del Gobierno, pero, al margen de la bajada de impuestos, no ofrecen a los ciudadanos alternativas viables para sortear la crisis

En paralelo, Pedro Sánchez, primer presidente de la Internacional Socialista recién elegido, pretende mantener la unidad en España y acabar con el llamado “problema catalán”, pendiente desde hace cuarenta años. Añade el presidente que, para fortalecer la convivencia y no seguir confrontando, se han acordado una serie de medidas legislativas con los nacionalistas catalanes que implican una apuesta muy arriesgada. Se refiere a la ley que suprime el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, sustituido por un nuevo tipo denominado “desórdenes públicos agravados". Así como modificar el delito de malversación, que también beneficia a los políticos independentistas condenados.

Por todo lo anterior, y algunas cosas más, a Sánchez le ha caído una lluvia de piedras por parte de la oposición. Cosas que se han dicho. Ser presidente de la Internacional Socialista es la nada, primero porque la elección estaba cantada (era el único candidato) y después porque la organización está en absoluta decadencia, según un veterano socialista: “se ha convertido en una simple agencia de viajes”.

Respecto a las medidas dedicadas a proteger a las clases más perjudicadas, llegan tarde y se quedan cortas, porque, según la secretaria general del PP: "dejan fuera a ocho millones de españoles, que también son clase media". Y deben saber que el optimismo de Sánchez no se debe a que haya mejorado, en apariencia, la situación de la economía en España; está contento solo porque él sigue aferrado a la Moncloa.

Se insiste en la “apariencia” porque los buenos datos del empleo no son ciertos, están maquillados, hasta tal punto que para Núñez Feijóo este mes de diciembre, en cuanto al paro se refiere, ha sido el peor desde 2012. Puro maquillaje al no contabilizar a los fijos discontinuos como desempleados. El truco del Gobierno consistiría en hacerlos desaparecer de las estadísticas por arte de magia, para mejorar los datos finales de una manera descarada. No dice, sin embargo, que el sistema de contabilizar el empleo es el mismo que se utilizaba con los anteriores Gobiernos, tanto del PP como del PSOE. No importa, el caso es que para la oposición lo único importante es que España sigue siendo el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Esta sarta de propaganda negacionista hace que la secretaria general del PP defina al presidente del Gobierno como “un político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de la realidad".

Supongamos que, aun así, los ciudadanos beneficiados por el plan anticrisis no son conscientes de que el Gobierno les engaña. La gente con un nuevo empleo; comprando un poco más baratos alimentos básicos; pagando algo menos por el gas, la electricidad y el transporte; los jubilados con pensiones más altas… Pues no se hagan ilusiones, porque esa lluvia de millones con la que pretenden contentarlos o, sin eufemismos, comprar su voto, va a aumentar la deuda pública que, como debería saber todo el mundo, supera por primera vez los 1,5 billones. Advierten a la población que esas cantidades astronómicas son la herencia que dejan a sus endeudados hijos y demás descendientes.

Tampoco les parece adecuado que, para hacer frente a los costes de la inflación, se hayan aprobado unos impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, con los que se prevé recaudar unos diez mil millones. La oposición defiende todo lo contrario: bajar impuestos y eliminar el de patrimonio. Y justifican su inaudita decisión con el viejo argumento de que no quieren que los patrimonios se vayan de España y disminuya la recaudación. ¿Y qué me dicen del sector bancario? Seguro que reducirá el crédito disponible y encarecerá su financiación. Así que el impuesto de solidaridad será contraproducente para los más vulnerables. ¿Alguien duda de que por eso la oposición vota en contra de las medidas que perjudican a las grandes fortunas?

Conviene recordar que hubo un momento en Estados Unidos en el que se aplicaron tasas máximas fiscales a lo más ricos. Se mencionó en el Foro de Davos (nada que ver con el comunismo) que durante la presidencia de Roosevelt (1933 a 1945) se impuso la política redistributiva para superar la crisis provocada por el crack del 29. El mundo capitalista estaba en bancarrota y amplios sectores de la población vivían una pobreza extrema. ¿Cómo se contuvo la debacle? Aplicando, entre otras medidas, la tasa máxima del 90% a las grandes fortunas. El republicano Eisenhower (1953-1961) subió el tramo máximo de impuestos, que alcanzó el 92% para ingresos superiores a los 200.000 dólares de la época. Cuando el economista Thomas Piketty, obsesionado por cómo reducir la desigualdad, propone algo similar en lo que denomina la gran redistribución, le califican de provocador, estrafalario y comunista. Pero cada vez son más los expertos que toman en serio sus propuestas.

La oposición despliega un argumentario exhaustivo frente a lo que consideran la burda manipulación electoralista del Gobierno, pero, al margen de la bajada de impuestos, no ofrecen a los ciudadanos alternativas viables para sortear la crisis. Confían ciegamente en una técnica publicitaria que consiste en convencer al electorado repitiendo machaconamente mensajes cortos, y bien definidos, a base de pura insistencia, como si fueran un estribillo. Tan elemental como que Sánchez miente, su ambición no tiene límites y se alía con comunistas e independentistas para mantenerse en el poder. Mejor que Goebbels lo resume Bruce Lee: “No temo a quien ha practicado diez mil patadas, temo a quien ha practicado la misma patada diez mil veces”.

 

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios

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