Maldita burocracia

Los casos que relato a continuación son problemas que no solo me afectan a mí, sino a una legión de españoles. Tratan del agravio y las humillaciones que sufrimos los ciudadanos por parte de las distintas administraciones, contra las que existe un desesperante clamor colectivo. 

Desde hace meses, de forma periódica recibo una comunicación de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social aplicándome deducciones en el importe de mi pensión “por cobro indebido de prestaciones en los términos que se señalan en el anexo adjunto”. Consulto varios artículos de la ley y diversos reales decretos a los que se refiere, me informo con un abogado, un asesor fiscal y un inspector de trabajo y me dicen que debe de haber un error, pues estoy al corriente de pago de cuantas reclamaciones he recibido. 

De todos modos, me indican que pida una cita en el INSS para aclarar si existe o no el supuesto error. Es probable, añaden, que cuando se aclare la situación me devolverán las cantidades deducidas que se han ido acumulando durante los últimos meses. No quiero ser macabra, pero varios amigos, personajes conocidos, por culpa de la lentitud burocrática de la Administración han muerto antes de recibir el dinero que les pertenecía. Debo precisar que soy jubilada activa, una modalidad que me permite combinar mi pensión, a cambio de cobrar la mitad de lo que me corresponde, con un trabajo a tiempo parcial o total, por cuenta ajena o propia. Además de mantenerme activa, sigo cotizando a la Seguridad Social y pago una cuota como autónoma, es decir, lejos de ser una carga para el sistema, sigo contribuyendo a aumentar su sostenibilidad. 

Vayamos a lo de la cita. Una vez a la semana, pierdo una parte considerable de mi tiempo en intentar gestionarla. Es inútil. No lo logro. Me he presentado en la oficina más cercana del INSS y el vigilante de seguridad me impide el acceso y, amablemente, me recomienda que llame a horas intempestivas para pedir cita telefónica pues la presencial en la oficina que me corresponde “está chunga”. Añade que hay quienes se van a otra localidad más “descongestionada” para conseguirla. 

La desesperación, repito que compartida por miles de ciudadanos, me lleva a explicar el caso en Twitter (ahora X) y al final de la parrafada añado “a ver si se resuelve con el cese del actual ministro”. En pocos minutos recibo seis mil interacciones con ampliación de detalles. Resumo las réplicas de los seguidores más amables; todas coinciden en el maltrato a los ciudadanos por parte de las administraciones sean del color que sean y, especialmente, en el INSS. A pesar de las protestas de los afectados y de los trabajadores sobrecargados de trabajo, el ministro permanece impasible. 

Resumo las réplicas de los seguidores más amables; todas coinciden en el maltrato a los ciudadanos por parte de las administraciones sean del color que sean y, especialmente, en el INSS

Las protestas aumentan en Twitter (X) y acto seguido me escriben de Atención a la ciudadanía del propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para que les explique mejor mi caso, a través de u mensaje directo, a ver qué pueden hacer. Les digo que solo quiero lo que muchos otros afectados: una simple cita en el INSS. Ellos se limitan a repetirme los mismos trámites que llevo aplicando desde hace semanas sin obtener resultados. Repito que solo quiero una cita en el INSS. Tarea imposible.  

Sé que el mal funcionamiento de la Administración y el exceso de burocracia no dependen de un ministro sea cual sea su ideología. Uno de los mayores expertos en asuntos de la Administración Pública, el profesor Rafael Jiménez Asensio, confirma que España es el país que peor gestiona el trabajo público. 

El segundo ejemplo es de carácter municipal. Hace un tiempo, después del confinamiento por la reciente pandemia, salí de mi casa y a unos trescientos metros del portal tropecé con un adoquín en pésimo estado y caí a plomo en el suelo. Varios transeúntes me ayudaron a levantarme y al ver el deplorable estado en el que me encontraba, ojo tumefacto, herida sangrante, mano inflamada, etc., me depositaron en la puerta de urgencias del hospital más cercano y desaparecieron. Huyeron para evitar el engorro burocrático de ser llamados a testificar sobre el accidente. Durante varias semanas, la cara desfigurada me impidió participar en los programas habituales de televisión. Tal y como me indicaron, reclamé al Ayuntamiento con un relato pormenorizado de los hechos, el parte médico de urgencias, los daños ocasionados y las fotos del lugar del accidente con el pavimento en mal estado. Un abogado me susurró que buscase algún falso testigo cercano, el conserje de mi casa o cualquier conocido de los establecimientos cercanos. Pero como una va de legal, no le hice caso. 

Al cabo de dos años recibo la resolución del Ayuntamiento donde acreditan que han detectado el imperfecto de la acera y ya lo han arreglado. Que no he aportado pruebas suficientes que demuestren la relación causa efecto entre el adoquín y mi caída. 

Pero la mayor insensatez es la elaboración de los informes técnicos, basados en el examen de las fotografías, que firma una funcionaria. Viene a decir que la caída, de ser cierta, se produjo en las proximidades del domicilio de la reclamante, que soy yo, de manera que mi obligación era saber que existía dicho desperfecto y, por tanto, debería tener la habilidad de superar el obstáculo, sobre todo, al haberse producido de día y en una acera ancha, con el espacio suficiente para evitar el tropezón. En resumen, consideran que mi obligación es memorizar los desperfectos de la calle y me llaman torpe y embustera, al dudar de la veracidad de los hechos. La indignación que me produjo fue más grande que los daños y perjuicios. Tenía que haber demandado al Ayuntamiento por delito de injurias al lesionar mi dignidad y atentar contra mi propia estimación como señala el artículo 208 del Código Penal. Me pregunto: ¿Por qué seguimos tolerando una burocracia intolerable?

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios.