Montoro, el brazo 'Kitchen' de Hacienda
El PP de Feijóo acusa al Gobierno de colaborar con el negocio de los traficantes por hacer traslados a la península de migrantes, amenaza a la presidenta del Congreso con judicializar también la actividad parlamentaria y a Sánchez de subvertir el Estado de derecho. Todo el mismo día que se publica en ABC y El Periódico de España cómo sus anteriores colegas de gobierno permitieron e impulsaron la extorsión a periodistas utilizando la Agencia Tributaria.
Tal vez habría acabado saliendo de no llegar la moción de censura o puede que hubiera seguido oculto hasta hoy. De cualquier manera, no puede dejarnos inmunes. El PP se revolvió porque la sentencia Gürtel no probaba la financiación ilegal. Echando la vista atrás, esa caja B casi es lo de menos. La Kitchen de Interior y ahora la de Hacienda despejan cómo se sirvieron de la Policía para que a la Audiencia Nacional no llegaran más pruebas y de la Agencia Tributaria para silenciar a la prensa. Interior, Hacienda y Presidencia estuvieron gestionados con las peores prácticas. Se utilizaron las máximas instancias del Estado contra enemigos políticos y los periodistas que destaparan sus negocios y chanchullos privados.
El pasado siempre vuelve, a veces de maneras insospechadas. Así que el mes que han procesado al exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, por montar la trama ‘Kitchen’ ha salido a la luz cómo otra cúpula, la de Hacienda, pudo servir para hacer lo mismo para proteger al despacho fundado por Cristobal Montoro y sus altos cargos. La consultara nunca dejó de ser núcleo duro del PP, abierto en los años entre la presidencia de Aznar y Rajoy, con los hermanos Montoro y sus chicos del gabinete.
El contexto es importante. En plena crisis económica, rescate en ciernes, un 20% de paro y los medios temblando por la deuda y el hundimiento publicitario, Cristobal Montoro era el tercer poder y su equipo el más influyente. Las presiones llegaban a raíz de cualquier noticia que conectara a Montoro con su despacho y, a sus altos cargos, con los informes de la consultora para influir en la regulación de su ejecutivo.
Se utilizaron las máximas instancias del Estado contra enemigos políticos y los periodistas que destaparan sus negocios y chanchullos privados
En esa época oscura valía todo. Por hacer memoria, El País criticó en 2012 la amnistía fiscal en un editorial, y eso que sí cabía en la Constitución aunque atentara contra la igualdad de los contribuyentes. Días después, Montoro amedrentó al periódico en tribuna parlamentaria. Luego salió el caso Cemex, una condonación millonaria de su departamento con Equipo Económico de fondo y se repitieron las amenazas en el Congreso. “Después no vengan a llorar a mi despacho”, vino a decir. El gabinete de Montoro, el PP y Equipo Económico eran la misma cosa. Por la consultora entraron y salieron su Secretario de Estado y el jefe de gabinete; y de los informes millonarios del IBEX a las comisiones a exdirigentes del PP ocultas en el entramado societario del despacho. Como el pago al ex tesorero, Ricardo Romero de Tejado, de unos 100.000 euros del constructor de la Púnica a través de una sociedad compartida entre los socios y la hija del extesorero. Así hasta las portadas en 2017 de Javier Chicote, periodista del ABC, y sus consecuencias: el informe que acaba de conocerse con el detalle de cómo investigaron hasta a la abuela de su mujer, por ilustrar la dimensión del abuso de poder.
Años después, en ese juzgado provincial de Tarragona, hay un hilo que puede tirar de los miembros del despacho de Cristobal Montoro, del exministro, de los intentos de extorsión, de una cúpula de Hacienda a su servicio. La Fiscalía Anticorrupción de entonces no lo vio a pesar de las informaciones y portadas que fueron publicándose. Ahora colabora en la instrucción bajo secreto y puede ir más lejos de lo que fue en su día. Porque esa cúpula de Hacienda investigó a periodistas al tiempo que colaboraba con las grandes corrupciones de entonces. No es menor. Alberto Núñez Feijóo hace como si no fuera con él. Los hechos ocurrieron en 2017. No hace tanto. Ni está prescrito. Este profundo deterioro democrático ocurrió bajo el gobierno de su partido y merece una enmienda y una explicación.
