Ataques en Magdeburgo: la cautela como arma Ruth Ferrero-Turrión
DESDE LA TRAMOYA
Parásitos de ETA, parásitos del 'procés'
Pues aquí está. Son tres hojas. Se leen rápido.
El acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez propone "abrir una nueva etapa" para "resolver el conflicto histórico (...) partiendo de posiciones divergentes". No se habla ni del president en el exilio, ni de la legítima República catalana, ni se exige un referéndum (solo se señala el deseo de Junts de promoverlo, como inmediatamente se reconoce la oposición del PSOE), ni se habla del pueblo catalán en conflicto con el Estado español. Hay una primera página de antecedentes que hace una descripción bastante aséptica de lo sucedido: la mayoría del Parlamento catalán aprobó un Estatuto, aprobado también por la mayoría del Congreso de los Diputados, que sin embargo no puedo aplicarse en su integridad por decisión del Tribunal Constitucional. Aquello terminó donde sabemos: las diadas, las manifestaciones, las continuadas victorias electorales de los independentistas, la consulta y el referéndum (que se reconocen, claro, suspendidos y anulados por el Tribunal Constitucional). Se señala, correctamente, que después de la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el independentismo volvió a ganar las elecciones en Cataluña.
A partir de ahí, las consecuencias directas, los acuerdos, aun dentro de las "profundas discrepancias". Por ejemplo, que "el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum (...) y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Por ese mismo motivo, "además de las desconfianzas mutuas", se acuerda que haya un "mecanismo internacional" de acompañamiento. Y entonces vienen los "propondrá": Junts propondrá un referéndum que, se afirma, el PSOE rechazará, y propondrá la reforma de la financiación para lograr que sea como el concierto vasco y navarro, una aspiración histórica. El PSOE no sólo no concede tampoco esto, sino que, genéricamente, "apostará por medidas que permitan la autonomía financiera...(etc)".
En lo que no se señala discrepancia y sí transpira un compromiso común, como ya se había anticipado, es en una ley de amnistía, que debe incluir a todos cuantos se vieron vinculados a la consulta y el referéndum. La mitad del párrafo afirma que las conclusiones de las comisiones de investigación que puedan convocarse en la legislatura pueden determinar ensañamiento judicial por razones políticas, y se señala que la amnistía sería ampliada a esos mismos individuos afectados (la doctrina anglosajona llamada lawfare). Recordemos que ya hay una de esas comisiones acordada, sobre la operación Cataluña, que estudiaría acciones del Gobierno de Rajoy contra los Pujol y las instituciones catalanas incluyendo la búsqueda de cuentas en Andorra y que implicó la vergonzosa expropiación del la Banca Privada de Andorra y el Banco Madrid, espionajes ilegales, uso de policías para motivos políticos y una larga lista de presuntas o demostradas irregularidades. Si esas comisiones determinaran ensañamiento judicial por razones políticas, se señala que la amnistía sería ampliada a esos mismos individuos afectados.
Junts apoyará la investidura y la legislatura a cambio de la libertad y la tranquilidad procesal de sus cuadros, de sus aliados y de sus simpatizantes. No les perseguirán, se anularán sus causas, se levantarán los embargos sobre sus cuentas. Ni más ni menos. En todo el mundo se aceptan indultos y amnistías para situaciones excepcionales en las que, por razón de Estado, es recomendable adoptar medidas de gracia. Es cierto que el PSOE y el Gobierno no solo no tenían previsto ampliarlas ahora a los huidos (después de haber concedido el indulto a los que se quedaron y sufrieron cárcel), pero la política es el arte de lo posible, de la adaptación a situaciones nuevas, de la intuición sobre lo que es bueno en cada momento. Y para una amplia mayoría española (incluyendo a la catalana, por supuesto), es bueno perdonar, si además el premio es parar a un gobierno de las derechas que pueda tener como vicepresidente a Abascal.
Se diga lo que se diga ahora, esto está lejos, muy lejos, de ser una rendición del Estado frente a las aspiraciones independentistas. Es un acuerdo equilibrado, que señala vías de colaboración y de solución durante toda la legislatura
Se diga lo que se diga ahora –y Puigdemont y Junts cumplen con su labor poniendo en valor, y aun exagerando su éxito, para competir con su verdadero enemigo, que es ERC– esto está lejos, muy lejos, de ser una rendición del Estado frente a las aspiraciones independentistas. Es un acuerdo equilibrado, que señala vías de colaboración y de solución durante toda la legislatura.
Esto desespera al Partido Popular, no sólo por no poder liderar un Gobierno que Feijóo ya tenía diseñado, sino porque sin conflicto territorial, sin el "España se rompe", sin el miedo, el PP se queda sin argumentos contra el PSOE, a menos que haya una crisis económica brutal como en 2008, o una pandemia como en 2020, o batallas culturales como el feminismo, el derecho a la libre maternidad, la libertad de expresión... Todo está resumido en aquella anécdota que contó el ministro de Exteriores de Rajoy, José Manuel García Margallo, cuando parece que una dirigente vasca del PP le dijo: "Desde que no nos matan, no tenemos proyecto".
Desde 2004, estos son los momentos en los que el PP ha percutido con más fuerza contra el PSOE, generando tensión social, animando a la rebelión de sus bases, hablando de golpismo, negando legitimidad al Gobierno socialista:
Uno, la falsa atribución a ETA del atentado del 11M y las acusaciones de conspiraciones del Gobierno de Zapatero. Dos, la hostil oposición al Estatut catalán que se negociaba por el tripartito catalán con el Gobierno socialista. Tres, la virulenta oposición a un diálogo con ETA que ya había intentado Aznar con concesiones que hoy da vergüenza recordar. Cuatro, la porfía al invocar al espíritu de ETA aunque no venga a cuento para nada, a pesar de llevar más de una década muerta. Cinco, los indultos a presos que tras promover el referéndum de independencia pasaron por la cárcel hasta cuatro años. Y seis, ahora, esta acusación de golpismo, este apocalíptico aviso de la llegada de una dictadura, esta asignación de responsabilidad a Sánchez por los disturbios de los fascitas en las calles...
El PP parasitó a ETA: fue víctima de sus balas y pagó un altísimo precio por su valentía en la defensa de la libertad y la democracia. Pero también utilizó, como sigue utilizando, ahora ya sin la amenaza de las pistolas, a ETA como alimento contra el PSOE. "Que te vote Txapote" es un ejemplo de última hora. Y parasita también el procés: tuvo que afrontar los excesos y desmanes independentistas, sí, y lo hizo desde el Gobierno como mejor supo –con el apoyo cerrado del PSOE, por cierto–, pero también vive del alimento que le proporciona la supuesta amenaza a la unidad de España, la ancestral incomprensión del carácter plural de España y su centralismo cerrado heredero del nacionalcatolicismo franquista.
Son esas pulsiones identitarias, patrioteras, tan poderosas para la movilización de su electorado, las que el PP activa con fervor. Seguirá haciéndolo durante la actual legislatura, que contará con un Gobierno pleno previsiblemente la próxima semana. Por lo demás, es posible que en tres meses nos hayamos olvidado de la amnistía, como lo hicimos de los indultos, que el conflicto catalán se haya tranquilizado aún más, que el Gobierno progresista siga trabajando en políticas sociales y económicas del gusto de la mayoría (sin el ruido de Podemos, por cierto) y que Junts, ERC y los socialistas catalanes estén ya volcados en lo que de verdad es relevante allí: quién ocupará el próximo Govern de la Generalitat allá por 2025 como mucho.
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