Por una campaña sin populismo fiscal
Alfonso Rueda sólo ha aceptado participar en un debate, el de la CRTVG, en el que fue el único candidato conservador frente a cuatro de izquierdas. Motivos de agenda (...) parecen impedirle asistir al cara a cara con Ana Pontón propuesto por la Cadena Ser o al debate a tres, sumando a José Ramón Gómez Besteiro, que organiza RTVE.
El de la radio y televisión gallegas era un debate potencialmente decisivo y Rueda decidió soltar su gran propuesta al principio, buscando acaparar titulares. Las herencias y los impuestos sobre las herencias. Propuso “ampliar las bonificaciones” para las sucesiones de “los colaterales: tíos, sobrinos y hermanos” frente a Sumar y el Gobierno central, contrarios a rebajas que benefician a los que más tienen.
La política de impuestos de la Xunta es muy cuestionable. No sólo por sucesiones y donaciones, con umbrales altos. Feijóo primero y Rueda después anunciaron a bombo y platillo deducciones del 25% y del 50% para el impuesto de los patrimonios de más de tres millones de euros (no estamos hablando de la clase media en una comunidad de unos 2,7 millones de habitantes), pero Rueda rectificó al ver cómo el Tribunal Constitucional ratificaba, para disgusto de Ayuso, el impuesto temporal a las grandes fortunas que sólo en 2023 ha recaudado en toda España 623 millones gravando sólo al 0,1% de los patrimonios del país.
El argumento siempre se basa en dos falacias desmontables con los datos oficiales de la propia administración. La primera: que las rebajas afectan a la clase media y baja, cuando los que se benefician son los bolsillos más repletos, sin problemas para pagar el impuesto (les guste más hacerlo o menos, que ese es otro tema); y que bajar impuestos dinamiza la economía, ya que permite invertir más en ella, generar más crecimiento y, oh, sorpresa, más recaudación con tipos más bajos.
Las rebajas fiscales de la Xunta se basan en dos falacias: que afectan a las clases populares y que dinamizan la economía. Mientras, los servicios públicos se resienten
Hay montañas de literatura académica que desmienten esas falacias. Incluso las prácticas de dumping fiscal dentro de España (competencia fiscal a la baja entre comunidades para atraer empresas o patrimonios) dejan una recaudación pobre y, sobre todo, a la postre muchísima más desigualdad. Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, comunidades que abanderan las rebajas fiscales, recaudan menos que la media, como explicaba hace unos meses aquí mismo Begoña P. Ramírez.
Es decir, ni una economía más dinámica ni más recaudación con tipos más bajos. Eso sí, algunas grandes empresas se ponen muy contentas al rascar unos cuantos millones más de beneficios brindando por las clases medias. Qué decir, en otro ámbito, de los temibles impuestos a la banca y las energéticas, sectores con beneficios récord, que se multiplican sin que lo que pagan por el gravamen (que sí es relevante cuando se transforma en inversión pública) despeine sus cuentas de resultados.
Hasta los propios órganos fiscalizadores (ver aquí este artículo de David Reinero con la exigencia del Consello de Contas, el equivalente al Tribunal de Cuentas, de que la Xunta evalúe la eficacia de sus rebajas de impuestos) han llamado la atención a una Xunta que prima más el anuncio que creerse alguno de los beneficios que preconizan. Con que un buen número de votantes se crea el anuncio, y además que le puede afectar al sentirse parte de esa Galicia con dinero, ya basta. No soy rico, pero le voto porque me dice que lo soy.
El círculo se cierra con deflactaciones del IRPF ridículas para las clases medias (en Galicia, la cuantía sería mayor que la rebaja en patrimonio para menos de 8.000 bolsillos pudientes), que desaparecen un año después de anunciarse a bombo y platillo (es el caso de Galicia, Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana), de críticas a la reacudación del Estado (Sánchez “se está forrando”, dijo Feijóo) pese a que buena parte acaba siendo gestionada por las comunidades… o la insistente reivindicación de una financiación autonómica justa (es decir, “dame más dinero”) mientras se promete recaudar lo mínimo para sostener los servicios públicos.
En Galicia, el PP intenta estar en misa y repicando, con anuncios de gratuidad en toda primera matrícula universitaria, buscando desactivar a la izquierda en su defensa de la universalidad de los servicios públicos.
Porque de eso se trata. Mientras se nos vende el milagro de impuestos bajos y excelentes servicios públicos, aumentan las listas de espera en la sanidad y la ratio de alumnos por profesor en la educación pública. O se dejan sin atender los servicios de dependencia y a los mayores en residencias.
El Gobierno central dejó sin hacer la reforma fiscal planteada la legislatura pasada y para la que se hicieron numerosos informes. Es una revolución pendiente. Por ver está si desde Galicia los ciudadanos le piden cuentas a la Xunta más allá de aceptar sin contrastar los argumentos sobre agravios comparativos o maltrato histórico. Mientras se nos va el debate público en publicidad y populismo fiscal, la administración que tiene importantes competencias impone poco a poco su modelo. Y ya sabemos a quién beneficia más y quién tiene más posibilidades de quedarse fuera.
