Vertederos, depuradoras y ambulancias para un turismo sostenible
La acalorada oposición en la mayoría de los territorios de nuestro país al establecimiento de una tasa turística que contribuya a sufragar multitud de gastos e inversiones imprescindibles para ser anfitrión he de confesar que me tiene muy sorprendida.
A poco que una viaje un poco, especialmente por Europa, por aquellos países desarrollados a los que más nos parecemos y que están regidos más o menos por los mismos valores, los mismos compromisos medioambientales y sociales y la misma normativa, se da cuenta de que pagar por el uso que hacemos como residentes temporales de los recursos de los que dispone un determinado destino, es justo, necesario y sostenible. Recuerdo la definición de sostenible: “satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias”. No en vano, la meta 12.b del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de Producción y Consumo Responsable considera imprescindible “elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible” y, con ello, demostrar una mayor sensibilidad respecto al papel del turismo en el desarrollo sostenible.
Nuestra condición de turistas (con pernoctación) y visitantes (sin pernoctación) genera beneficios económicos muy positivos en la economía de destino que, sin entrar a valorar su adecuada o inadecuada distribución, es el dato asociado al desempeño de cualquier actividad económica que se divulga y exhibe. Pero también supone efectos nocivos, o males necesarios asociados a la actividad, que se ocultan, obvian o menosprecian. Me refiero, por poner algunos ejemplos, a la intensidad de consumo de agua en un país condenado a la desertificación, un consumo sobre el que se educa –y bien hecho– a residentes, sin hacerlo a turistas; a la generación de residuos –el littering, pero no solo–; e intangibles valiosísimos como la tranquilidad que proporcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia, siempre prestos a atender incidencias. Obvio conscientemente, porque aunque forma parte del perímetro de efectos nocivos excede las capacidades de la medida que hoy comento, la gentrificación a la que se ven abocadas numerosas zonas para ampliar las atenciones a los visitantes y turistas en detrimento de las prestadas a los y las residentes, quienes pagan la fiesta a la vez que son expulsadas.
Estamos abocados a seguir asumiendo un coste social creciente y no cuantificado. Un coste social que por ser ocultado no es inexistente
En los últimos meses he tenido la suerte de visitar cuatro destinos espectaculares y, por ese mismo motivo, turísticamente masificados, además de vivir veinte años en uno que también lo es: Venecia, Praga, Las Palmas, Valencia y Madrid.
En los dos primeros rige algún tipo de medida de compensación de los turistas a los residentes, lo que se denomina tasa turística. En la Isla de Venecia, cada adulto, y en función de la temporada del año y de la categoría del establecimiento de alojamiento, ha de abonar entre 0,75 y 5 euros por noche, y desde febrero de 2024 todos los visitantes deben pagar una tasa de 5 euros por día de visita. En Praga, son 2,5 euros por adulto y noche de pernoctación.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó en diciembre de 2022 la Ley de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, contemplando una tasa turística en la Comunitat, un impuesto de entre 0,5 y 2 euros por día en función de la categoría de cada alojamiento y cuya entrada en vigor se preveía un año después de forma voluntaria por los ayuntamientos. No ha llegado a ocurrir, pues fue derogada días antes de que comenzara a funcionar.
En las islas Canarias y en Madrid, ni está ni se la espera, a pesar de ser esta última la única gran capital europea, salvo Londres y Dublín, sin ella. Y a nivel autonómico, solo Cataluña (desde 2012 y por importes entre 0,60 y 6,25 euros por persona y día) y Baleares (desde 2016 y entre 0,5 y 4 euros) cuentan con esta medida imprescindible.
A menos que los y las residentes de los destinos turísticos más masificados o en clara tendencia a serlo pronto entendamos, hagamos ver a nuestros administradores de lo público y exijamos la urgencia de su adopción, estamos abocados a seguir asumiendo un coste social creciente y no cuantificado. Un coste social que por ser ocultado no es inexistente.
Se me asoma a la cabeza un paralelismo con el trabajo no remunerado, ese tan feminizado, invisible y dado por hecho que se realiza sin esfuerzo porque cuidar y limpiar es natural e innato al ser humano, especialmente si ese ser humano es una mujer. Un trabajo no remunerado que es tanto o más trabajo que el que sí es remunerado, a pesar de que se hace “gratis” (gratis si no consideramos, como tan a menudo hacemos, el enorme coste de oportunidad que supone) y en lugares y momentos que no molesten a quienes disfrutan de los resultados.
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Verónica López Sabater es consultora de Afi.
