¿Quién debe pagar los costes de la dana?
Esta es la pregunta que me hacía el otro día, tras largas jornadas de trabajo junto a un grupo de personas voluntarias de Greenpeace y tras el encuentro y diálogo con las personas que han visto sus vidas rotas por la catástrofe. Entre los desechos flotantes de la contaminada Albufera de València, los colegios y casas llenos de lodo, los pequeños comercios destrozados y los campos agrícolas arrasados, no dejaba de darle vueltas: quién debe ser responsable de pagar toda la ayuda económica necesaria para sostener y restaurar la vida, los servicios públicos, las actividades… Para una organización como Greenpeace, que basa su trabajo de lucha contra el cambio climático desde la ciencia, proponiendo soluciones para las mayorías y, especialmente, acompañando a quienes están sufriendo en primera línea frente a las crisis ecosociales, es fundamental responder a esta pregunta.
En España, el cambio climático está provocando costes crecientes que se han incrementado en un 53% entre 2022 y 2023, cuando las personas agricultoras recibieron indemnizaciones en un contexto de sequía aguda por valor de 1.241 millones de euros. Recientemente el Banco de España ha señalado que la dana ha afectado al 2% del PIB estatal, lo que equivale aproximadamente a unos 30 mil millones de euros.
Hay una línea recta entre las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles y los daños económicos provocados en las regiones y comunidades más vulnerables al cambio climático. A nivel global 78 compañías son responsables del 72% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Además, en el caso de las petroleras, en vez de cambiar sus modelos de negocio, lo que están haciendo es acercarnos más aún al “fin de la humanidad” con inversiones masivas en el negocio fósil tradicional. Son auténticas “bombas climáticas” fuera de control.
Es el momento de que los beneficios extraordinarios de los que contaminan vuelvan a la sociedad para compensar daños y reforzar la acción climática, además de lanzar una señal clara e imprescindible de responsabilidad y esperanza a la ciudadanía y a las generaciones futuras
En España, las emisiones de los cuatro principales grupos energéticos suponen el 88% del total de emisiones del IBEX 35, con Repsol a la cabeza con un 62% del total. Varios estudios coinciden en asignar daños económicos a estas emisiones por valor de 170 euros la tonelada de CO2. Según los cálculos de Greenpeace, solo Repsol genera daños anuales por valor de aproximadamente 12.000 millones de euros. Por otro lado, las grandes energéticas están acumulando beneficios históricos —9.000 millones hasta el tercer trimestre de 2024—, a un nivel mayor incluso que en plena crisis energética de 2022 (17,3% más), debido fundamentalmente a su posición dominante en mercados mal diseñados. Y con los bolsillos llenos, se han lanzado a una carrera de reparto histórico de dividendos —8.253 millones en 2023, un 12% de incremento— y de recompra de acciones en favor de sus accionistas principales: el fondo de inversión BlackRock, el Banco Santander, Criteria Caixa, el Estado Noruego, el Estado Italiano, el Reino Qatarí o la República Popular China, entre otros.
Responsabilidad o deriva
En el contexto actual de costes climáticos crecientes, dependencia geopolítica y deuda acumulada ("Banco Malo", la Covid, la crisis energética…), sin una mayor justicia fiscal, serán las clases trabajadoras y medias las que tendrán que soportar la creciente factura. En este sentido, el resultado del último paquete fiscal aprobado en noviembre deja mucho que desear y queda pendiente de completar una reforma fiscal justa y verde que normalice la capacidad recaudatoria del Estado conforme a la media europea y refuerce las bases de la transición ecológica. A pesar de extender el impuesto a la banca y reforzar la progresividad del IRPF, se seguirá subvencionando masivamente a quien especula con la vivienda, a las compañías aéreas y a los ultrarricos, que el año que viene irán de vacaciones al mediterráneo contaminando con sus jets, yates y lamborghinis como si ninguna dana hubiera sucedido.
Se nos están acabando las oportunidades, pero esta semana los partidos tienen una nueva para estar a la altura de lo que ha ocurrido en el Mediterráneo y que las grandes compañías energéticas paguen por los beneficios y daños extraordinarios ocasionados por su actividad, principalmente basada en los combustibles fósiles. Es el momento para que el Gobierno y los grupos se retraten y muestren quiénes son los intereses que mandan verdaderamente en el Congreso de los Diputados: los de la ciudadanía o los de las compañías fósiles. Si eluden su responsabilidad, y prevalecen los chantajes de las energéticas, que vayan luego sus señorías a Letur, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Utiel a explicarlo. Ahora más que nunca, es el momento de que los beneficios extraordinarios de los que contaminan vuelvan a la sociedad para compensar daños y reforzar la acción climática, además de lanzar una señal clara e imprescindible de responsabilidad y esperanza a la ciudadanía y a las generaciones futuras.
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Eva Saldaña es la Directora Ejecutiva de Greenpeace España.
