CCOO y UGT rechazan que una multinacional gestione el sistema de prestación por desempleo

CCOO y UGT rechazan que se opte por privatizar la gestión pública “como consecuencia de la política de recortes y la reducción continuada de las plantillas” que está llevando a cabo el Gobierno. El Ministerio de Empleo ha adjudicado a la multinacional KPMG la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de las prestaciones públicas por desempleo.

También planea privatizar parte de la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y permitirá a las agencias privadas de empleo que compitan con el antiguo Inem en intermediación laboral.

“Se les ocurre este tipo de fórmulas después de rebajar las partidas destinadas a las políticas activas de empleo y de despedir a 3.000 orientadores laborales”, destaca el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. A juicio de Ramón Górriz, número dos de CCOO, externalizar y privatizar no es más que “coger el rábano por las hojas”. Porque, asegura, el problema del empleo es otro: generar puestos de trabajo con desarrollo económico. “Estamos al borde del Estado mínimo”, se lamenta aludiendo al recorte continuado de las plantillas en los servicios públicos.

Empleo niega que se vaya a “privatizar la gestión de las prestaciones por desempleo”, sólo admite que se van a “cruzar los datos” de la Seguridad y Social y la Agencia Tributaria, por ejemplo, para verificar si los parados incumplen sus obligaciones o cobran la prestación indebidamente. Para ese cometido, añade, está desarrollando KPMG las correspondientes herramientas informáticas. Empleo se ha comprometido a facilitar hoy detalles del contrato por el que se adjudicó a la consultora en concurso público ese trabajo.

KPMG también ha sido consultada por infoLibre sobre el proyecto que lleva a cabo para el ministerio, pero ha declinado hacer comentario alguno “por política de confidencialidad”.

152.000 empleados en 156 países

KPMG es una de las cuatro mayores multinacionales de consultoría del mundo, junto a PriceWaterhousecoopers, Deloitte y Ernst & Young. Tiene una plantilla de 152.000 empleados, repartida en 156 países. De ellos, 2.700 están en España. En 2012 facturó 23.030 millones de dólares (17.734 millones de euros).

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En España presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio. Entre los primeros, acaba de ser nombrado auditor forense de Pescanova por los bancos acreedores de la firma gallega (CaixaBank, Sabadell, Popular, Bankia, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Novagalicia).

También fue una de las auditoras, junto a las otras tres grandes, contratadas por el Banco de España el pasado verano para analizar la cartera crediticia de la banca española. Y ello pese a que KPMG auditó las cuentas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1991 y nunca detectó irregularidad alguna en la entidad, que fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011, su consejo de administración destituido y su cúpula directiva imputada por estafa y delitos societarios.

Además, es la auditora que ha contratado Bankia para seleccionar a los tenedores de preferentes que acudirán al arbitraje a fin de recuperar sus ahorros. En su informe sobre la venta de este producto financiero, publicado el pasado mes de marzo, la Defensora del Pueblo criticó la elección de KPMG para filtrar clientes por las “relaciones preexistentes” con Bankia. En concreto, dice Soledad Becerril, la consultora “ha elaborado, al menos, una parte de las alegaciones que efectúa la entidad en los procesos civiles que se están siguiendo en la justicia”. KPMG, además, está reevaluando el accionariado de las siete cajas que formaron Bankia.