El Gobierno aprueba 16 nuevos indultos, dos a condenados por lesiones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la concesión del indulto parcial o total a 16 personas por parte del Gobierno. Los indultados cumplían penas por delitos que van desde infracciones contra la salud pública (diez de ellos) hasta delitos de lesiones, pasando por otros como el robo con fuerza.

Destaca el caso de Rubén Muñoz Moyá, un policía nacional condenado en el año 2011 por un delito de lesiones cometido en el año 2007. Según cuenta diariojaen.es, Muñoz se vio involucrado en una multitudinaria pelea en la cual uno de los participantes perdió la visión en un ojo al estamparle otro implicado un vaso en la cara; después, la víctima identificó a Muñoz como el autor de la agresión. Sin embargo el policía siempre defendió su inocencia e incluso presentó una prueba exculpatoria, que el juez rechazó al entender que carecía de valor probatorio.

No obstante, esta situación provocó que surgiera una campaña de apoyo a Muñoz auspiciada incluso por el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), que emitió una declaración institucional apoyándole. La presión ha surtido efecto y el policía nacional ha sido indultado al reducírsele su condena de los 6 años de prisión a tan solo 2, que no tendrá que cumplir.

Es también llamativo el indulto concedido a Juan Andrés Vidal Gallardo, condenado el año pasado por un delito de lesiones con resultado de deformidad. Los hechos ocurrieron en 2010, cuando Vidal arrancó parte de una oreja de un mordisco a su víctima a la salida de una discoteca en Almería, acciones que le acarrearon una pena de tres años de prisión e inhabilitación de su derecho de sufragio pasivo. Al igual que en el caso anterior, Vidal ha visto reducida su pena a tan solo 2 años de prisión que no deberá cumplir.

El indulto, una medida "de carácter excepcional" otorgada con excepcional frecuencia

Estos indultos, unidos a los otros 14 decretados hoy, se unen a la larga lista de conmutaciones que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha promulgado desde el inicio de la legislatura. Tan solo el año pasado, el Consejo de Ministros decretó 534 indultos, entre los que destacan algunos tan polémicos como el concedido a Josep María Sevitje, exalto cargo del Gobierno catalán presidido por Jordi Pujol, condenado a cuatro años y medio de cárcel por desviar dinero público a empresas afines en el marco de lo que se denominó caso Treball. Su condena quedó en dos años tras la medida de gracia, y tanto él como el empresario sentenciado por estos hechos evitaron ir a prisión a cambio de sendas multas de 3.600 euros.

Asimismo, levantó una gran polvareda el perdón concedido al comandante y el capitán médico del Yak 42, condenados a 18 meses de prisión y un año de inhabilitación por falsear las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de los militares que perdieron la vida en el siniestro; el indulto anuló la inhabilitación de los condenados. También fue controvertido el concedido a Tomás Gómez Arrabal, alcalde del PP en Valle de Abdalajís (Málaga), condenado a más de diez años de cárcel por un total de 12 delitos de prevaricación urbanística; para él, la pena fue reducida a dos años y evitó la cárcel. Sus tres concejales condenados también se acogieron a la medida de gracia.

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Sin embargo, no solo el Gobierno actual ha sido prolífico a la hora de conceder indultos. En la legislatura anterior, el gobierno del PSOE dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero concedió 1.643 medidas de gracia entre 2008 y 2011, algunas tan sonadas como el perdón otorgado al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación y denuncia falsa contra un grupo de empresarios, en el último Consejo de Ministros presidido por el mandatario socialista. Este indulto le permitió mantener su puesto de trabajo, que poco más tarde abandonaría llevándose consigo una pensión de 88 millones de euros.

En cualquier caso, estos años podrían considerarse bastante escasos en indultos si los comparamos con el año 2000, que ostenta el récord absoluto con nada menos que 1.744, concedidos por el Gobierno de José María Aznar. Esta cifra se explica por el indulto masivo concedido el 1 de diciembre de ese año a 1.328 presos, entre los que destacan el juez Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación en 1999 por un delito de prevaricación continuada en el caso Sogecable, o los condenados por el caso Filesa (relacionado con la financiación ilegal del PSOE) Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores, los cuales vieron reducidas sus penas a la mitad. Las razones que el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes dio para justificar tal cantidad de indultos fueron la cercanía del fin del milenio, el 22º aniversario de la Constitución y que el año 2000 era año jubilar.

Algunas asociaciones de jueces, como Jueces para la Democracia, han expresado su desacuerdo con la figura del indulto, al afirmar que se trata de una norma "cuestionable" por la cual "sin motivación y sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo".