El lado oscuro del ‘outsourcing’: cómo las grandes empresas explotan a los informáticos

La Inspección de Trabajo acaba de multar con un total de 286.506 euros a la multinacional Hewlett-Packard y a otras 13 empresas informáticas a las que tenía subcontratadas. Todas ellas han cometido lo que la ley considera una infracción administrativa muy grave, que incluso puede tener responsabilidades penales: la cesión ilegal de trabajadores.

En realidad se trata de una de las fronteras borrosas del outsourcing, una forma de gestión cada vez con mayor auge, tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas. Según la Asociación Española de Consultoría (AEC), el outsourcing, o externalización o subcontratación de una actividad, es ya la principal fuente de ingresos de las consultorías y explica hasta el 85,7% del aumento de la facturación registrado por el sector en 2012. Sus reyes son las empresas de tecnología de la información (TIC), básicamente las informáticas. La patronal, Ametic, cifra sus ingresos en este campo en unos 1.400 millones de euros. “El outsourcing es el único segmento de nuestro negocio que no ha dejado de crecer en la última década”, resalta Antonio Cimorra, responsable de Tecnología de la Información de Ametic. Para las empresas tiene ventajas indudables, explica, en ahorro y optimización de costes. También permite una mayor flexibilidad a la hora de organizar el trabajo.

Cimorra niega que la cesión ilegal de trabajadores sea una práctica generalizada en el sector TIC. Algo que enseguida rebaten los sindicatos. Según Jordi Bernadás, de CCOO, la mitad de los 200.000 trabajadores del sector están empleados en subcontratas. “Lo tienen asumido como parte normal de la actividad”, asegura. Tanto que a este tipo de empresas las han bautizado sus propios empleados como cárnicas o carniceras. “Se dedican al bodyshopping”, aclara Bernadás, a la venta de capital humano a bajo precio.

Según cuenta, hay informáticos “picando código” a 800 euros brutos al mes. “La profesión se ha devaluado de forma brutal en los últimos años”, protesta el responsable de CCOO. Además, entre el trabajador de plantilla de la empresa principal y su compañero de la subcontratada la diferencia de salario puede llegar al 100%, aun realizando el mismo trabajo. También son diferentes los contratos. En las subcontratadas es habitual el de obra y servicio, aunque no se especifica de qué obra o servicio se trata. Así es posible prolongarlo durante seis, ocho años o incluso más, apunta Jordi Saladie, portavoz de CGT en Hewlett-Packard.

105 infracciones, 2.865 trabajadores

Fueron precisamente CCOO y CGT los sindicatos que denunciaron a la multinacional estadounidense y sus subcontratas. HP tiene una plantilla de 8.000 empleados en España. Pero, mientras los trabajadores subcontratados no han bajado del 25%, indica Saladie, HP ha despedido a 260 personas de su propia plantilla en los últimos tres años. Manuel López, director de Comunicación de la compañía, no precisa el porcentaje de empleados subcontratados. "Es un número variable, dependiendo de los proyectos", apunta. Tampoco confirma la cifra de despidos: "Hasta el año pasado estuvimos creciendo en empleo y nuestra tasa de rotación es de las más pequeñas de la industria, no llega al 5%".

La multa no es sino una más de las 105 infracciones por cesión ilegal que la Inspección de Trabajo ha impuesto en lo que va de año. Las empresas sancionadas pagaron 1,34 millones de euros por tener en condiciones ilegales a un total de 2.865 trabajadores. Pero los inspectores han abierto 1.148 actuaciones hasta agosto.

La cesión ilegal se produce cuando una empresa firma un contrato de servicios con otra, pero ésta, en realidad, se limita a proporcionarle personal y pagar sus nóminas. Quienes organizan el trabajo, establecen horarios y hasta las vacaciones son los mandos de la primera empresa. La subcontratada funciona como una ETT encubierta, carece de actividad y de organización propias. A veces, la empresa principal sólo posee trabajadores hasta el nivel de mandos intermedios; la parte inferior de la estructura se la cede la subcontratada. Sus empleados trabajan en las oficinas de la principal y con los medios materiales que ésta les suministra. La CGT cuenta que, ante la visita de un inspector de Trabajo, una empresa llegó a repartir camisetas con su logo y nombre a los empleados que había cedido a una multinacional, para distinguirlos de los de la plantilla principal e intentar librarse de la multa.

Sin horas extra, sin promocionar

Propiedad al 100% del Banco Santander, Isban es la proveedora de software para todo el grupo bancario, incluidas sus filiales internacionales. Su plantilla en España es de unas 1.200 personas, unas 4.500 en todo el mundo. Según la CGT, el volumen de trabajadores subcontratados puede alcanzar los 10.000, pertenecientes a una cuarentena de empresas. Desde grandes del sector, como Indra, Telvent o Tecnocom, hasta pymes. Las órdenes las dan los jefes de Isban, los ordenadores y otros medios de producción los pone también Isban. “La única relación con la empresa que te paga se produce cuando le comunicas tu facturación por horas”, explica el portavoz de la CGT en una de estas empresas subcontratadas. No se abonan las horas extraordinarias. Los salarios, como en el resto del sector, están muy lejos de lo que se acostumbraba hace años. Un programador junior, la categoría inferior, puede pasarse cinco años en una de estas subcontratas cobrando 1.000 euros al mes sin promocionar.

“Ha habido épocas en que los informáticos se sentaban en cajoneras, por falta de espacio físico”, asegura el representante sindical, “y cuando venía un inspector de Trabajo, a esos trabajadores se les llevaba a las salas de formación y se les ponía un portátil”. Porque algunos empleados denunciaron a Isban por cesión ilegal ante la Inspección de Trabajo y ante el juez. Y ganaron. A pesar de las lagunas que el portavoz de CGT ve en la ley. “La norma no está pensada para este tipo de subcontratación”, destaca, sino para modelos de negocio más tradicionales.

La Seguridad Social, sin informáticos de plantilla

Pero la cesión ilegal no es patrimonio exclusivo del sector privado. También las administraciones públicas llevan años sorteando las leyes laborales. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) tiene externalizado hasta el 60% de las tareas, indica Ignacio Galán, de CCOO: “Por cada empleado público hay dos subcontratados”. El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sobre los contratos de la GISS entre 2006 y 2009, asegura que este departamento contrata empresas de servicios para suplir sus carencias de personal con cualificación informática. Esos contratos de consultoría y asistencia técnica “encubren la contratación de personal al margen de la legislación laboral y de la función pública”, resalta el informe. Lo demuestra el hecho de que los servicios de apoyo informático que supuestamente constituyen el objeto de los contratos “no tienen relación con proyectos informáticos concretos”. Además, no cubren insuficiencias de personal coyunturales, sino “estructurales y permanentes”, algo que el Tribunal de Cuentas recuerda que viene denunciando desde 1994. El informe advierte directamente del riesgo de que la GISS esté incurriendo en “situaciones que de hecho pueden calificarse como una cesión ilegal de trabajadores”.

En particular, el tribunal destaca un contrato, prorrogado dos años y modificado hasta en tres ocasiones, por el que se pagaron 225,58 millones de euros entre 2007 y 2010, “casi la mitad del total adjudicado por la GISS” y “el cuádruple del importe de los créditos de personal gestionados por ella”. En virtud de este contrato, continúa el informe, durante dos años prestaron sus servicios en la GISS un total de 738 trabajadores de las empresas adjudicatarias, el triple de la plantilla con que cuenta este organismo público.

Es más, las adjudicaciones de la Gerencia de Informática se concentran en un número reducido de empresas: sólo ocho de ellas consiguieron el 50% del gasto. Otra crítica: un alto porcentaje de estas licitaciones se celebraron por procedimiento negociado, “sin las máximas garantías de publicidad y concurrencia”, alerta el Tribunal de Cuentas.

Batería de cautelas

Quizá advertidos de los peligros de su gestión, el pasado junio salió a concurso un contrato de 70,22 millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas durante dos años en el que se ha añadido toda una batería de cautelas para los responsables de la GISS y de la empresa adjudicataria. Así, los primeros deberán abstenerse de “asumir funciones directivas, dictar órdenes e impartir instrucciones concretas y directas sobre el personal de la empresa adjudicataria”. Y deberá ser el coordinador técnico de la compañía, no los jefes de la GISS, quien controle la asistencia del personal, el cumplimiento de las normas laborales y la distribución de las vacaciones.

Además, los espacios de trabajo de los empleados públicos y de los subcontratados deberán estar “diferenciados”. Estos últimos tendrán que estar convenientemente “identificados”, al igual que los medios técnicos puestos a su disposición, incluido el correo electrónico. Finalmente, la adjudicataria deberá “velar” por que sus trabajadores “desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el objeto del contrato”. Difícil hacer una descripción más precisa de las características de una cesión ilegal de trabajadores.

Las administraciones sólo envían al Tribunal de Cuentas siete de cada 100 contratos públicos

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También bibliotecarios

Aunque no sólo de informáticos vive esta ilegalidad laboral. La Biblioteca Nacional ha llegado a acumular hasta una veintena de demandas ante el juez por cesión ilícita de trabajadores en los últimos cinco años. Su plantilla alcanza las 500 personas, otras 400 están subcontratadas. Para llevar a cabo tareas de catalogación, gestión de depósito, microfilmación o digitalización utilizan licenciados en Biblioteconomía y Documentación. Hasta 37 empresas, según UGT, trabajan para la Biblioteca Nacional, un organismo público con estatuto específico, como el Museo del Prado o el Centro de Arte Reina Sofía.

Marta Bascuñana mantiene ante el Tribunal Supremo una demanda contra Indra y la Biblioteca Nacional interpuesta en 2010. “La Biblioteca pagaba a Indra 54.000 euros anuales por mi trabajo, yo cobraba 18.000”, explica. La mayoría de las demandas, aunque algunas siguen vivas en los tribunales superiores, han sido desestimadas por los jueces. No obstante, en la Biblioteca Nacional han terminado por curarse en salud, al igual que en la GISS. “Desde 2011”, revela Jesús Rodríguez, representante de UGT en el organismo, “los pliegos de condiciones de los concursos están superdefinidos, al milímetro, para no incurrir en la cesión ilegal”.