El Tribunal de Cuentas inspecciona a la CEOE y los sindicatos por las subvenciones a la formación

Auditores del Tribunal de Cuentas se encuentran estos días recabando documentación en las sedes de la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO a fin de fiscalizar las subvenciones públicas que reciben para cursos de formación de trabajadores. Según han confirmado a infoLibre tanto el Tribunal como los agentes sociales, se está llevando a cabo el “trabajo de campo”, la recopilación de datos que permitirá elaborar el correspondiente informe de fiscalización. Desde 2002 el Tribunal de Cuentas no había supervisado a sindicatos y patronal por este motivo.

En el plan de actividades del Tribunal para este año figura como una de las fiscalizaciones “específicas” y “programadas” la de la “financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional”. Para 2014 esta partida, las cotizaciones que trabajadores y empresas pagan de sus nóminas por este concepto, asciende a 1.777,65 millones de euros. De ellos se destinarán a programas de formación 1.603 millones, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales.

Esta cantidad se sumará a las subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo y a las aportaciones del Estado, para completar el presupuesto que el Estado destina a formación profesional para el empleo, 2,15 millones de euros en 2012. De esa cantidad, en torno al 36% lo gestiona la Fundación Tripartita,Fundación Tripartita que desde 2004 se encarga de la formación continua o formación para ocupados. En ella están representados la Administración, los sindicatos y la patronal.

Cuatro auditorías entre 1998 y 2002

La Tripartita es la sucesora de la Fundación para la Formación Continua (Forcem), a la que el Tribunal de Cuentas sometió a cuatro auditorías entre 1998 y 2002. Entonces quedó al descubierto la gestión realizada desde que se creó la Forcem, en 1993. El último informe, de septiembre de 2002, destapó un cúmulo de irregularidades entre 1996 y 1998 que obligaba a la devolución, por parte de ocho patronales y cuatro organizaciones sindicales, de 2,1 millones de euros.

Las anomalías incluían cursos subvencionados que en realidad no se habían impartido, alumnos inexistentes, facturas infladas y empresas que aumentaban sus plantillas para obtener mayores ayudas. Además, más del 70% de la formación recibida en esos años eran “acciones no específicas” o que no se correspondían con la actividad del sector en que trabajaba el alumno, según el Tribunal de Cuentas.

De los importes indebidamente percibidos, 1,5 milllones correspondían a la CEOE, Cepyme y las patronales de Galicia, Baleares, Alicante, Castellón y Santa Cruz de Tenerife, además de a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal. La Confederación Empresarial de Galicia (CEG), con 942.556 euros, fue la entidad que mayor volumen de irregularidades sumó. A UGT se le pedía que reintegrara 69.434 euros, y a CCOO otros 369.383.

Cambios en el modelo de gestión

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Como resultado de estas auditorías y de dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre competencias de las comunidades autónomas en esta materia, el Gobierno cambió el modelo de gestión de la formación para el empleo. El Inem ganó en control sobre el sistema y se permitió a las empresas organizar sus propios cursos, que sufragan mediante descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. Más tarde, en 2007, se obligó a los beneficiarios de las subvenciones a hacer un seguimiento y evaluación de los cursos.

No obstante, el Ejecutivo del PP no se sentía cómodo con el sistema y ya en su primer Presupuesto rebajó en un 56% la partida destinada a la Fundación Tripartita. No tardó mucho más, en la reforma laboral aprobada en febrero de 2012, en ampliar a los “centros de formación homologados” la gestión de los cursos, que hasta ese momento se repartían en exclusiva la patronal y los sindicatos.

Según explicaron a infoLibre fuentes del Tribunal de Cuentas, el nuevo informe sobre las ayudas a la formación en el empleo tardará entre seis y 10 meses en elaborarse.