La Justicia mantiene la paralización

La privatización de la gestión de seis hospitales públicos ha recibido este lunes el que podría ser su golpe definitivo. Los jueces de la Sección Tercera han desestimado los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias contra la suspensión cautelar de este proceso que el pasado 11 de septiembre dictó esta misma instancia tras el requerimiento de Afem, el colectivo de médicos impulsor de la marea blanca. En la misma línea, los magistrados han declarado también la suspensión del proceso de externalización sanitaria, en otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a solicitud de la asociación médica AMYTS. La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.

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Esta decisión hará que el proceso se alargue en el tiempo, pues la única baza que le queda ahora a la Comunidad para intentar que se levanten estas medidas cautelares y, por tanto, el proceso siga su curso, es presentar un recurso de casación ante el Supremo contra la suspensión del concurso, que no es definitiva. No obstante, según fuentes jurídicas, este tribunal podría tardar entre seis meses y un año en resolverlo. Por otro lado avanzará la cuestión principal, es decir, si se anula el concurso y se detiene de forma definitiva la privatización. En los próximos meses, los jueces de la Sección Tercera tendrán que señalar una fecha para que Afem presente su demanda contra este concurso.

Los jueces se reafirman ahora en los argumentos que ya esgrimieron el pasado septiembre cuando acordaron suspender de forma temporal el proceso. Entonces, el TSJ de Madrid puso la lupa sobre el cambio de reglas de última hora en la privatización de los seis hospitales y ordenó suspender el proceso hasta que se dictara sentencia. Y además de suspenderlo cautelarmente –como pedían los facultativos– consideró que el Ejecutivo regional introdujo una "modificación sustancial" que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia". En concreto, se refirieron a la reducción casi a una décima parte de la garantía que debían depositar las empresas aspirantes que la Comunidad llevó a cabo cinco días antes de expirar el plazo de ofertas. Pasó de más de 200 millones a apenas 28. El departamento de Javier Fernández Lasquetty argumentó que Afem no estaba legitimada para recurrir las decisiones del Gobierno de Madrid porque no reunía las condiciones necesarias para contratar con el sector público, que era imposible suspender actos administrativos ya ejecutados o que resultaba improcedente acordar la suspensión sin la exigencia de fianza a la parte recurrente, entre otros aspectos. 

El pasado 9 de enero, 49 jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, reunidos para deliberar sobre los distintos recursos contra la privatización de seis hospitales madrileños que se estaban tramitando en diferentes instancias del tribunal madrileño, decididieron devolver estos recursos a las respectivas secciones del tribunal que los venían analizando. La decisión puso fin a las maniobras capitaneadas por el anterior presidente de esta Sala, el juez Gerardo Martínez Tristán –casado con una consejera de Cospedal y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP–, que decidió acumularlos bajo una instancia entonces controlada por él mismo.