El juez deja a la cúpula de Caixanova a un paso del banquillo por llevarse en indemnizaciones 19 millones

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto, este miércoles 12 de febrero, que sitúa a un paso del banquillo a los principales exdirigentes de las cajas gallegas. El magistrado entiende que podrían haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa, por el cobro de 18,91 millones de euros en concepto de indemnizaciones tras abandonar su cargo. Por ello, Ismael Moreno pide a la Fiscalía y a la acusación ejercida por la asociación de usuarios de banca Adicae que califiquen los hechos. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.

Los acusados de apropiación indebida o estafa son los siguientes:

el excopresidente de Novacaixagalicia y expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso,Novacaixagalicia  y los exdirectivos José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro. Además, también acusa de los mismos delitos al abogado Ricardo Pradas Montilla, experto en derecho laboral que asesoró a Novacaixagalicia.

El juez instructor ha determinado, de forma indiciaria, que los imputados pudieron cometer un delito de apropiación indebida o de forma alternativa de estafa al aprobarse indemnizaciones millonarias meses antes de que se produjera la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, y de que la entidad resultante, Novacaixagalicia, fuera rescatada por el Gobierno.

Contratos mejorados mientras recibían dinero del FROB

El juez Moreno ha visto "indicios" de que a mediados de 2010, con motivo del acuerdo de fusión entre Caixagalicia y Caixanova y de la petición de un primer apoyo financiero al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por una cantidad de 1.162 millones de euros, los entonces altos directivos de Caixanova José Luis Pego Alonso, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza acordaron con el presidente de la entidad bancaria, Julio Fernández Gayoso, mejorar sus contratos de alta dirección para preparar su previsible salida de la entidad bancaria.

Para lograr la mejora de sus contratos, los dirigentes de las cajas contaron con la colaboración del abogado Ricardo Pradas Montilla, quien además era el asesor de la caja de ahorros. De esta forma, el 20 de octubre de 2010, Julio Fernández Gayoso firma, actuando en representación de la entidad financiera, un nuevo contrato de alta dirección con José Luis Pego Alonso. A su vez, el propio José Luis Pego firmó en representación de Caixanova los nuevos contratos de Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada, por los que se modificaban los primitivos contratos introduciéndose mejoras en las indemnizaciones a percibir en caso de abandonar la entidad y en los conceptos relativos a las pensiones. Posteriormente, Pego firmó un contrato de alta dirección con Francisco Javier García de Paredes "en las mismas condiciones" que los demás directivos.

"Abuso de confianza"

Las modificaciones de los contratos de alta dirección fueron ocultadas, primero al consejo de administración de CaixanovaCaixanova, y después al consejo de administración de Novacaixagalicia (la entidad resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia). "De esta manera, con abuso de confianza y engañando al consejo de administración de Novacaixagalicia, los acusados consiguieron que la nueva caja se subrogara en las obligaciones que según les informaron habían sido previamente adquiridas por Caixanova en materia de retribuciones de altos directivos y en la creencia de que las obligaciones contraídas por Novacaixagalicia con los altos directivos de Caixanova databa de sus antiguos contratos de alta dirección", se especifica el auto.

En concreto, Pego Alonso percibió 7.731.487 euros de indemnización; Rodríguez Estrada 691.261; Gorriarán Laza 4.833.504, y García de Paredes 5.650.037 euros. Estos pagos, los conceptos incluidos en las liquidaciones y los importes concretos, no fueron conocidos ni aprobados por el consejo de administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su abono.

Liquidaciones ocultas

Estas liquidaciones se practicaron "infringiendo el compromiso" de la caja con el FROB de informar de los sueldos de los dirigentes, pero también de la obligación de comunicar al Banco de España los importes a abonar al personal de alta dirección.

El plan de los acusados, según el auto, se plasmó el 15 de agosto de 2011 durante una reunión del consejo de administración de Novacaixagalicia. En la misma, y en relación con el apartado del personal de alta dirección, compareció el abogado Ricardo Pradas a petición de Fernández Gayoso. "De manera abstracta, sin indentificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias", habla de la renuncia de las personas vinculadas a la alta dirección de la caja por la fusión. Ricardo Pradas informó al consejo de administración sobre los conceptos retributivos a percibir por el personal de alta dirección indicando que eran los mismos que para el resto de personal de la plantilla y que no existían cláusulas de blindaje: "Lo cual era manifiestamente incierto".

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La acusación de Adicae

Con la decisión del juez Ismael Moreno de dictar el auto de transformación, precio a la apertura de juicio oral, las partes personadas en el caso –laAsociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la entidad financiera, el Ministerio Público, y los imputados tendrán– que elevar un escrito al juez antes de diez días concretando las penas que solicitan para los imputados o pedir el sobreseimiento del caso.

En concreto, el magistrado cita expresamente a Adicae, que ejerce la acusación popular, para que en su escrito de acusación incluya su anterior petición de que se recabe diversa documentación de la entidad resultante de la intervención del Gobierno (Novagalicia Banco), de la Xunta de Galicia y de la empresa Societé Générale.