La Seguridad Social no controla el 64% de las bajas laborales por enfermedad

El Ministerio de Empleo tiene en el control de las bajas laborales uno de sus principales caballos de batalla, pero apuntando en la dirección del trabajador. Su titular, Fátima Báñez, no ha dudado en destacar los 11,4 días de media que falta cada español al trabajo al año, por encima de los finlandeses (8,4 días) o de los estadounidenses (sólo 4,9 días). Sin embargo, a tenor del último informe del Tribunal de Cuentas, debería mirar antes dentro de su propio departamento.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no controla, ni informática ni manualmente, el 64% de las bajas laborales. Son 1,9 millones de lo que técnicamente se conoce como incapacidades temporales (IT), que sólo entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 supusieron un desembolso de dinero público de 1.185 millones de euros, calcula el informe. De ese volumen, el Tribunal de Cuentas fue capaz de detectar 471 casos en los que las empresas habían practicado indebidamente deducciones porque no habían dado de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores o bien porque éstos no tenían el periodo de cotización mínimo. El importe del fraude: 627.141 euros.

Pero es que a esa cifra hay que añadir, al menos, otros 17,35 millones de euros correspondientes a un total de 16.810 bajas laborales que la Seguridad Social había pagado pese a carecer siquiera de los partes médicos –ni de la empresa ni de los servicios públicos de salud– o que seguía pagando aunque el trabajador ya estaba dado de alta.

Los contratos a tiempo parcial escapan del control

Los “graves defectos de control interno” que el Tribunal de Cuentas atribuye a la Seguridad Social se extienden también al 36% de bajas que sí verifica. Por un lado, porque en 2012 el número de IT bajo control cayó un 31,4% respecto al año anterior. El motivo principal de ese descenso estriba en que se excluyeron de comprobación los contratos a tiempo parcial, precisamente el tipo de empleo que más está creciendo durante la crisis. El informe lo reconoce y destaca que la consecuencia es un menor control sobre las bajas de estos trabajadores a media jornada. En ellas, “el cómputo de la base reguladora no siempre es posible con los datos que ofrece el empresario en el documento TC2 [la relación nominal de trabajadores afiliados], lo que impide el cálculo automatizado de la prestación de incapacidad temporal”, explica.

Por otro, del “ineficiente control informático realizado por los Servicios Centrales del INSS” escaparon un total de 110.114 procesos enviados a la Tesorería General de la Seguridad Social, que no pudieron ser “validados ni comprobados”. Pero es que los resultados de los que sí lo fueron, son tachados de “insuficientes” por el Tribunal de Cuentas; tal es así que las direcciones provinciales del INSS tuvieron que reclamar el reintegro de deducciones indebidamente practicadas a más del doble –el 102,5%– de las empresas originalmente detectadas por los Servicios Centrales.

Entre las “numerosas deficiencias” que el informe descubre en los controles de la base de datos de recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social cita que ésta no valida los importes máximos que se pueden deducir las empresas, permite grabar deducciones aunque no haya parte de baja o no comprueba el límite temporal para que las empresas practiquen las deducciones. También es “escaso” el control del INSS sobre las bajas por enfermedades profesionales gestionadas por la mutuas: “Todas las propuestas [efectuadas por éstas] a las direcciones provinciales fueron resueltas mediante silencio administrativo positivo”.

El resultado de este cúmulo de ineficiencias es que de las 13,4 millones de bajas existentes entre el 1 de octubre de 2010 y 30 de abril de 2013, el Tribunal de Cuentas descubre un 28,2%, 3,79 millones, que presentan “irregularidades”. Un total de 2,9 millones de bajas por enfermedad común se han pagado pese a carecer del parte de la empresa, y otras 337.047 bajas se han abonado aunque sólo constaba el parte médico de los servicios públicos de salud. A éstos habría que añadir otras 4.329 bajas por enfermedad o accidente profesional también sin el preceptivo parte médico.

La Seguridad Social paga desde el decimosexto día de baja

Cuando un trabajador pide una baja laboral por enfermedad común, no relacionada con el trabajo, no recibe prestación alguna entre el primero y el tercer día. La empresa paga entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, y la Seguridad Social lo hace a partir del decimosexto, a través del INSS, del Instituto Social de la Marina o de las mutuas.

En el caso de enfermedad o accidente laboral, es la Seguridad Social la que paga la prestación desde el día siguiente al de la baja. En total, la incapacidad temporal supuso el desembolso de 5.360,16 millones de euros en 2012.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró ayer que las bajas indebidamente pagadas representan sólo el 2% y que el Ministerio de Empleo ha presentado “numerosas alegaciones” a las “inexactitudes” que, según dijo, contiene el informe del Tribunal de Cuentas.

2.429 millones mal pagados a las comunidades autónomas

Uno de los apartados que mayor perjuicio económico está causando a la Seguridad Social tampoco tiene que ver con los trabajadores, sino con la gestión. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los convenios de colaboración para controlar la incapacidad temporal que el Ministerio de Empleo firmó con las comunidades autónomas en 2011. Y ha destapado un total de 2.429,82 millones de euros en pagos que el INSS ha hecho indebidamente a las comunidades autónomas. El órgano fiscalizador pide a éstas su reintegro con intereses de demora. Esos desembolsos corresponden a programas por objetivos que se abonan aunque no se cumplen o a redondeos al alza de otros. Por ejemplo, Galicia recibió 262.350 euros por cumplir el objetivo “Pruebas médicas complementarias”, pese a que algunas provincias no hicieron ninguna de estas pruebas. La comunidad que más dinero percibió de forma indebida es Murcia, con 822.413 euros, seguida de Andalucía, con 541.851.

Además, el Tribunal critica que las comunidades autónomas se repartieran entre ellas una partida de 34 millones de euros, no gastados el año anterior, “sin ninguna contrapartida directa y concreta”. O que el INSS les pagara el 8% de la financiación a las comunidades autónomas que contestaron en un plazo inferior a 25 días a las propuestas de alta formuladas por las mutuas, pese a que el plazo legal máximo es de sólo 15 días. También exige al INSS que reclame a la Fundación Marqués de Valdecilla la devolución de los 1,08 millones de euros que le pagó “sin la debida justificación”, cuando debería haberlos cobrado la Comunidad de Cantabria.

Cuatro mutuas fiscalizadas

Tampoco las mutuas escapan de las críticas del Tribunal de Cuentas. De las 20 existentes, se fiscalizaron cuatro: Asepeyo, Mutua Fraternidad Muprespa, Mutua Montañesa y Mutua Navarra. Según el informe, la transmisión diaria de partes médicos en caso de enfermedad o accidente laboral sufre igualmente de “numerosas deficiencias” –no permite corregir los datos aportados, por ejemplo–. Además, a éstas les basta el parte de baja remitido por la empresa para validar la prestación y pagarla, aun cuando falte el informe de los servicios públicos de salud. Así ocurrió en 235.163 bajas por enfermedad común, asegura el órgano fiscalizador, que se queja del retraso de los servicios de salud en prestar la atención médica necesaria a los trabajadores afectados.

Eso sí, asegura el informe que el control de las mutuas sobre las prestaciones es “mucho más fiable y eficiente” que el del INSS, por lo que incluso le recomienda que aumente las competencias de éstas sobre las enfermedades profesionales.

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas detectó que la mutua Asepeyo pagó irregularmente durante tres años –de 2010 a 2012– 107.198 euros por la incapacidad temporal de 538 trabajadores que, al mismo tiempo, cobraban la prestación por desempleo.

Otro agujero más en el control de las bajas laborales lo señala el informe en las 373 empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la incapacidad temporal con la Seguridad Social. Se trata de una fórmula que permite la ley y a la que se han acogido, por ejemplo, Telefónica o RTVE. Pero la Seguridad Social, denuncia el Tribunal de Cuentas, no realiza “las actuaciones de tutela y gestión sobre estas empresas que tiene encomendadas”. Se refiere a aquéllas que asumen el pago de la prestación por enfermedad común pero no prestan asistencia sanitaria y que en 2012 se llevaron un 3,08% más en deducciones que el año anterior. Como el gasto en prestaciones del conjunto de la Seguridad Social cayó ese año un 14,11%, el informe sospecha que el gasto en incapacidad temporal de estas empresas –118,47 millones de euros– puede ser “excesivo”: “Podrían estar obteniendo beneficios derivados de la colaboración con la Seguridad Social”. De ahí que el Tribunal de Cuentas pida a la Seguridad Social en sus recomendaciones que derogue esta modalidad de colaboración.

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El ISM, aún por fax

Del descontrol en la gestión de estas prestaciones públicas pueden dar idea dos detalles sobre el Instituto Social de la Marina (ISM) que desvela el informe fiscalizador. Las direcciones provinciales del ISM no tienen acceso a la aplicación informática, llamada Atrium, que utiliza el INSS para los reconocimientos médicos. Así que remiten esos documentos en papel, por correo ordinario o por fax.

Aunque la informática no siempre es garantía de eficacia. De hecho, el Tribunal de Cuentas asegura que el control manual del pago de las bajas que hizo el ISM de Madrid en 2011 “fue más eficiente que el resultado del cruce informático efectuado por el INSS”, por lo que pudo reclamar la devolución de cantidades “significativamente superiores”.