¡Pobre Felipe VI!

La coronación de Felipe VI fue una ocasión extraordinaria para recordar el estado en el que se encuentran nuestras instituciones y nuestra clase dirigente. La solemnidad de un acto de Estado como este nos permitió ver a los principales responsables de nuestras instituciones reunidos en el Congreso, luciendo sus chaqués, trajes y corbatas de color “Viva El Rey De España”. Allí, en la sede parlamentaria, puestos en pie, el pecho hinchado, dando vivas al rey y a España, sintiendo la emoción de una sucesión constitucional en la línea dinástica, estaban muchos de los protagonistas de los principales escándalos políticos de estos últimos años.

En primer lugar, a la derecha del rey, estaba Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular. Él es el principal responsable del mayor caso de corrupción partidista de la historia de la democracia española. Su partido, durante décadas, se ha financiado irregularmente, ha mantenido una contabilidad B, ha defraudado a Hacienda y ha repartido sobresueldos con dinero negro procedente de las donaciones de grandes empresarios. Ni Mariano Rajoy ni nadie de su partido han sido capaces de dar una explicación razonable a la ciudadanía de cómo se han manejado los dineros del partido. Y se resisten cuanto pueden a asumir responsabilidad política alguna. Que un partido como el PP pueda estar gobernando el país en estas condiciones es uno de los grandes misterios de nuestra democracia.

Sentado al lado de Rajoy, se encontraba Pío García-Escudero, el presidente del Senado, que, como él mismo ha admitido, aparece justificadamente en la contabilidad B de Bárcenas. García-Escudero, uno de los senadores más agresivos y faltones durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido haber recibido sobresueldos (declarados ante Hacienda, si bien, muy probablemente, procedían de la contabilidad paralela del partido), así como un préstamo que obtuvo de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta para hacer reformas en su casa y que no declaró al fisco. García-Escudero fue presidente del PP madrileño entre 1993 y 2004: durante su mandato hubo financiación irregular del partido a través de una fundación pantalla, Fundescam, que gestionaba las donaciones ilegales realizadas por empresarios ejemplares como Gerardo Díaz-Ferrán y Arturo Fernández.

A la izquierda del rey, podíamos ver al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, un exmilitante del PP, partido al que siguió pagando su cuota de afiliado cuando ya estaba en la presidencia del alto Tribunal. Autor, además, de profundos aforismos que pasarán a la historia política de España, como “no hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo”, o aquel de "el dinero es el bálsamo racionalizador de Cataluña". En fin, un constitucionalista que podrá prestar una ayuda incalculable al nuevo rey cuando tenga que enfrentarse a la crisis catalana.

Justo detrás del rey, se sentaba el presidente del Tribunal de Cuentas, en cuya institución acaban de destaparse recientemente algunas irregularidades bastante cutres (nepotismo, adjudicación de obras a un empresario que había hecho reformas en las viviendas de varios cargos del Tribunal). El anterior presidente, Ubaldo Nieto, aparecía en los papeles de Bárcenas por haber donado unos 1.800 euros a la caja B del Partido Popular.

¿Cómo podrá Felipe VI prestigiar la institución monárquica rodeado de todos estos personajes, por no mencionar a su familia más directa?

Pero no es este el único problema al que se enfrenta el nuevo monarca. Algunos parecen deseosos de protegerle demasiado: el día de la coronación, las autoridades restringieron el paso por el centro de Madrid a aquellas personas que exhibían insignias republicanas, impidiendo asimismo la celebración de actos de protesta. En una línea parecida, la Casa Real no ha querido entregar el listado de las personas invitadas a la recepción en el palacio real, como si no fuéramos los ciudadanos quienes, con nuestros impuestos, hemos sufragado los actos festivos de la sucesión. Son éstas medidas que parecen chocar con la imagen y el espíritu que el nuevo monarca quiere transmitir a su reinado.

Felipe VI tendrá que lidiar no sólo con quienes le protegen sin cuento, sino también con aquellos que le quieren marcar el paso y le exigen, ya sea de forma suntuosa o mediante una regañina algo paternalista, que lidere cambios institucionales y se ponga al frente de la “regeneración democrática”. Esa no es, sin embargo, la función constitucional del rey. No hay nada más peligroso para la monarquía que los monárquicos exaltados. Si algo puede hacer peligrar a la institución regia, es que el nuevo rey se exceda en sus cometidos e invada el terreno que es propio de los poderes representativos del Estado. Si el rey se metiera a promover cambios políticos, la gente tendría razón en pedir la elección del jefe del Estado mediante sufragio universal.

Algunos parecen añorar demasiado la política de la transición, que tuvo su momento pero que no puede reeditarse en las condiciones actuales. Si queremos que el país cambie de verdad, no necesitamos “consensos” entre las élites como los de antaño, sino romper con los malos hábitos que se han ido consolidando en la política, en los medios de comunicación y en las grandes empresas. Eso se logrará sobre todo con una ciudadanía más activa, con mayor protagonismo político, no con un monarca aventurero. La respuesta a la degradación del país no vendrá del rey, por muy preparado, honesto y lúcido que sea Felipe VI.

Me declaro agnóstico y pragmático en cuestión de forma de Estado. Escribo, pues, sin ánimo alguno de perjudicar al rey Felipe. Viendo el estado de las instituciones españolas, muchas de ellas gobernadas por verdaderos corruptos, así como el estado de exaltación y obnubilación de los nuevos felipistas, no que queda más remedio que exclamar: ¡Pobre Felipe VI!