Cospedal matiza a Gallardón y rechaza una reforma constitucional para reducir los aforados

El pasado viernes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ofrecía una entrevista al diario El País en la que hacía una propuesta muy concreta: la de pasar de 17.621 a 22 aforados en España. Precisaba que es la propuesta que su departamento pretende llevar en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y se lamentaba de que una iniciativa de tal calado no pueda realizarse vía ley orgánica, sino que requiere, en el caso de los diputados y senadores, una reforma constitucional y una reforma de los estatutos de autonomía en el caso de los parlamentarios autonómicos. Ese mismo día, la vicepresidenta del Gobierno, en rueda de prensa, alertó de la dificultad de abrir un proceso de reforma de la Carta Magna. Y este mismo lunes, la secretaria general del PP matizó esta propuesta y dejó claro que el partido no considera necesario tocar la Constitución. Según dijo, la formación que preside Mariano Rajoy es partidaria de que se circunscriba el aforamiento a las funciones políticas o judiciales de los aforados en cuestión. Y esto, subrayan fuentes del partido, es posible mediante cambios en la legislación.

"Nosotros creemos que no es necesario plantear una reforma constitucional. El aforamiento puede ser de distintas maneras. Puede ser un aforamiento genérico para todo tipo de actuaciones contrarias a la ley o puede ser un aforamiento que se circunscriba a lo que es el ejercicio de la función como diputado o como senador, que es el que marca la Constitución. Ese es el aforamiento constitucional que tenemos en España para diputados y senadores [...] Este aforamiento se puede circunscribir desde nuestro punto de vista al ejercicio de la función política como diputado y senador en el ejercicio de las manifestaciones o de las actuaciones que se puedan hacer en el ejercicio de las funciones como senador y diputado por el hecho de ser diputado o senador y no otro ciudadano", mantuvo María Dolores de Cospedal preguntada sobre la cuestión en la primera rueda de prensa tras el descanso estival.

En el caso de los jueces, la mano derecha de Rajoy en el PP, mantuvo lo mismo que para diputados y senadores. "Para que en la función de administrar la Justicia, tengan plena libertad", añadió. 

De sus palabras se desprende que políticos, jueces y fiscales serían investigados por el Tribunal Supremo cuando se trata de asuntos ligados a su labor. Y que, para otros asuntos, actuarían los tribunales ordinarios. Quedarían, por ejemplo, fuera los casos de positivo de alcoholemia. No obstante, para esta cuestión, como para el resto del paquete de regeneración democrática, los conservadores y el Gobierno se dan dos meses de plazo para negociar con el resto de fuerzas parlamentarias. Lo que, en todo caso, chirría a tenor de estas declaraciones es la pretensión del titular de Justicia de dejar en 22 el número de aforados.

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También admitió la secretaria general del PP que la formación y el Gobierno tienen la intención de reformar los indultos. Dio pocos detalles al respecto: "Todo lo que sea evitar la discrecionalidad es bueno. No se ha tocado prácticamente nunca y creemos que hay que darle una regulación".

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Sin entrar tampoco en detalles, Cospedal se mostró partidaria de que el PP y el Gobierno presenten a las fuerzas de la oposición una propuesta lo más abierta posible a fin de llegar a un acuerdo. Se le preguntó en varias ocasiones si estaban dispuestos a hacerlo en solitario si no reina el consenso, pero evitó pronunciarse.