ICV lleva al Congreso el estudio pagado con dinero público sobre el retraso de la jubilación en Europa

Los 120.000 euros que gastará el Gobierno en estudiar los aumentos de la edad de jubilación en Europa suscitan dudas. O al menos eso reflejan las seis preguntas que ha presentado en el Congreso de los Diputados Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que busca que el Ejecutivo aclare por qué el informe debe encargarse a una empresa externa o si considera "coherente" gastar esta cantidad en un contexto de crisis como el acutal.

"En una época en que el Gobierno no hace más que redundar en la necesidad de aplicar criterios de austeridad en la vida de los ciudadanos, se hace más extraño que nunca que las administraciones públicas no utilicen los recursos humanos de los que disponen", critica el diputado en el preámbulo de su pregunta. En este sentido, Coscubiela censura que el Gobierno haya decidido "destinar recursos públicos a contratar a empresas privadas para que realicen funciones que, con toda seguridad, podrían ser realizadas por los funcionarios y el resto del personal asignado".

El diputado de ICV pregunta al Gobierno "cuántos funcionarios están asignados al Instituto Nacional de la Seguridad Social", y también pide saber el número de personal laboral y asesores asignados a dicho organismo. El motivo de realizar estas dos primeras preguntas es la tercera cuestión: Coscubiela plantea si "de entre todas estas personas", el Ejecutivo "no ha encontrado a nadie que pueda realizar un informe sobre la compilación de experiencias internacionales y reformas sobre la pensión de jubilación".

Empleo paga a una empresa 120.000 euros para que ensalce el retraso de la jubilación en Europa

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En declaraciones a infoLibre, una portavoz de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social explicó que la decisión de encargar el estudio a una empresa externa se debe a que la Seguridad Social no controla los detalles de las regulaciones sobre pensiones en otros países y a que necesitan más medios de los que dispone el departamento para su elaboración, si bien también matizó que habrá alrededor de una decena de empleados del organismo que colaborarán en la investigación.

Sin embargo, Coscubiela cuestiona al Ejecutivo sobre si le parece "coherente promover la austeridad entre los ciudadanos y, al mismo tiempo, destinar 120.000 euros a una empresa privada para que realice un informe que no parece que entrañe una gran dificultad y que fácilmente podría ser realizado por el personal del que dispone el Instituto Nacional de la Seguridad Social". De igual forma, el diputado pregunta "cuántas contrataciones de servicios de consultoría han convocado los distintos ministerios en el último año", así como el presupuesto destinado a cada una. En este caso concreto, según informó la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a este diario, el importe destinado al informe saldrá de una subvención concedida por la Comisión Europea para realizar estudios sobre los sistemas de pensiones.

En último lugar, el diputado de ICV plantea si, "apreciado el error de la convocatoria", el Gobierno tiene intención de anularla, y le pide que ofrezca sus motivos ante una posible negativa. Por de pronto, y si la licitación sigue su curso, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 23. La compañía que resulte elegida, según se explica en los pliegos, tendrá cuatro meses para realizar el informe, a contar desde el día 15 de diciembre de 2014.