Obispos catalanes alientan el derecho a decidir al margen de la jerarquía española

La defensa del proceso soberanista en Cataluña tendrá eco este domingo en las 174 parroquias que componen la comunidad diocesana de Solsona, en la provincia de Lleida. Los feligreses escucharán una carta pastoral escrita por su obispo, Xavier Novell, en la que éste afirma que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es superior a la Constitución por lo que, a su juicio, la Carta Magna "debería aplicarse de tal manera que hiciera posible que las naciones que forman España puedan decidir libremente su futuro". Este pronunciamiento público, que es de carácter personal, coincide con el silencio que han guardado en relación a la reciente escalada soberanista los órganos directivos de los obispos de Cataluña –que tienen una organización particular a través de la Conferencia Episcopal Tarraconense– y los del resto del país, que se organizan en la Conferencia Episcopal Española (CEE). De hecho, para encontrar declaraciones institucionales de ambos órganos sobre este asunto hay que remontarse al menos tres años para atrás. 

Según confirman desde la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), la última declaración de los obispos catalanes en la que se hacía referencia a la identidad colectiva del pueblo catalán tuvo lugar en 2011, si bien se trató de un documento, titulado Al servicio de nuestro pueblo, que fueredactado para celebrar los 25 años de la publicación de Arrels Cristianes sobre la base de un texto elaborado en ese momento. De hecho, el párrafo relativo al tema identitario estaba prácticamente calcado del texto de mediados de los años ochenta. No obstante, nunca ha habido documento alguno en el que se aborde de forma clara el plebiscito catalán ni, mucho menos, en el que se pronuncien sobre la independencia. De la lectura de ambos documentos se deduce que la línea oficial es la del reconocimiento de que Cataluña tiene unos rasgos lingüísticos, culturales y sociales que le confieren una identidad especial y que el pueblo catalán tiene derecho a decidir cómo se articula su vinculación con España. 

En la declaración de 2011 [puede leerse de forma íntegra aquí], los prelados catalanes reconocían "la personalidad y los derechos nacionales propios de Cataluña, en el sentido genuino de la expresión". Asimismo, defendían "el derecho a reivindicar y promover todo lo que eso comporta, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia". Por otro lado, los obispos hacían referencia a un discurso que Juan Pablo II pronunció en el Parlamento Europeo en 1988 y en el que aseguró que "los pueblos europeos unidos no aceptarán la dominación de una nación o de una cultura sobre las otras, sino que sostendrán el derecho igual para todos de enriquecer a los otros con su diversidad".

Antes de las últimas elecciones autonómicas en esa comunidad, en octubre de 2012, los obispos de las Diócesis de Cataluña aprobaron otro documento en el que apelaban al "diálogo" y la "voluntad de acuerdo" y en el que reconocían la "legitimidad moral" de todas las opciones políticas pacíficas. Sin hacer alusión al tema soberanista, que ya había comenzado a agitar el tablero político en ese momento, el texto sí se interpretó como un intento por desmarcarse de la Conferencia Episcopal Española, que sí se había mostrado crítica con la vía soberanista. Es la última declaración oficial de los prelados catalanes que incluye referencias políticas. 

Aunque no será en forma de declaración oficial, el derecho a decidir de Cataluña se escuchará en más de 170 iglesias catalanas este domingo a través de la carta del obispo Novell. En este texto, el prelado asegura que cuando se afirma que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación y que sería ilegal la consulta del 9-N, "se está usando la ley para impedir un derecho fundamental que es anterior y superior al ordenamiento jurídico vigente". "La Constitución de 1978 debería aplicarse de tal manera que hiciera posible que las naciones que forman España puedan decidir libremente su futuro", añade. Asimismo, censura los "episodios históricos" en los que, a su juicio, se ha intentado "eliminar o limitar" la identidad nacional del pueblo catalán. 

El periodista Jordi Llisterri, que dirige el portal catalunyareligio.cat, atribuye el hecho de que no se hayan realizado pronunciamientos oficiales recientes –más allá de cartas pastorales como la elaborada por el obispo de Solsona– a que los prelados son muy sensibles ante la unidad episcopal. De hecho, los citados documentos de 1985 y 2011 están redactados por unanimidad por los doce obispos de las provincias eclesiásticas Tarraconense y de Barcelona que integran la CET, que firman los documentos con nombres y apellidos. Por contra, las declaraciones de la Conferencia Episcopal Española se hacen por mayoría y, aunque los votos a favor y en contra se hacen públicos, no se especifica en qué sentido ha votado cada cual.

A juicio de Llisterri, elaborar un documento oficial que fuera en la línea del sector más catalanista es complicado porque tampoco hay unanimidad dentro de la jerarquía catalana. "La postura en torno a este tema guarda relación con la realidad social y la trayectoria de cada obispado. No piensa lo mismo el obispo de Solsona que el de Terrassa, una zona con menos tradición independentista", subraya. 

Por su parte, fuentes de la Conferencia Episcopal Española confirman también que el último documento oficial que incluye algún tipo de alusión al tema nacionalista data de 2012. Asimismo, señalan que, por el momento, no está en la agenda de los obispos hacer una nueva declaración en este sentido más allá de intervenciones en los medios de comunicación que puedan hacer algunos de sus dirigentes. 

Este texto fue elaborado tras meses de críticas por su silencio respecto al debate soberanista y fue secundado por 17 de los 21 miembros que tiene la Comisión Permanente. Cuatro de ellos se abstuvieron. Ahora, la CEE vuelve a guardar silencio. 

Los prelados aseguraban en esa declaración de hace dos años que las "propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral" de la "unidad" de España les causaban "una gran inquietud". Y llamaban a "preservar el bien de la unidad" al mismo tiempo que "el de la rica diversidad de los pueblos de España". Como anexo a este texto incluyeron un documento episcopal de 2006 en el que los obispos se pronunciaron a propósito del Plan Ibarretxe. Entonces, según informó El País, Antonio Cañizares afirmó que la unidad de España “es un bien moral de obligada protección”. 

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En este punto surge el debate sobre si la posición de la CEE ha sido tradicionalmente más beligerante con el nacionalismo vasco que con el catalán. Llisterri considera que sí, aunque resalta que no se pueden asemejar ambos pulsos soberanistas aunque tengan puntos en común. "La Conferencia Episcopal Española nunca escuchó a los obispos vascos que estaban a favor del plan soberanista de Ibarretxe, pasaron el rodillo por encima de ellos", señala. A su juicio, la diferencia estriba en dos aspectos. Por un lado, está el elemento claro del terrorismo, que existía en el País Vasco cuando se planteó el Plan Ibarretxe y no existe en Cataluña. Y, por otro, la mayor influencia ante Roma de los prelados catalanes, que están organizados a través de la Tarraconense desde 1969 y que cuentan además con Barcelona como sede cardenalicia con Lluís Martínez Sistach al frente. 

Juan José Tamayo, teólogo y director de la cátedra de Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Carlos III de Madrid, sin embargo, considera que la jerarquía católica ha mantenido una visión igual de antinacionalista en ambos casos. "Rouco y Cañizares han defendido la unidad de España como un criterio teológico y no sólo político. Ambos han utilizado el concepto de indisoluble y lo han aplicado a ámbitos tan dispares como el matrimonio canónico, la ordenación sacerdotal o la unidad de España. Han rechazado todo lo que es plural, diverso... La polifonía no les gusta, por eso tampoco la aceptan en la Administración del Estado", sostiene. 

Preguntado sobre las posibles divergencias que pueden existir en el seno de la CEE en relación a este asunto, Tamayo explica que en la jerarquía católica lleva años instalado el miedo a expresar opiniones propias. "La Conferencia Episcopal ha hablado con una sola voz. Estuvieran o no de acuerdo, los obispos callaban y aceptaban lo que decía el presidente, aunque eso no quiere decir que estuvieran de acuerdo. La línea oficial es que defender los postulados nacionalistas es renunciar a la unidad de la Iglesia católica", sentencia.