El juez sostiene que el presidente de la Diputación de León participaba en alguna de las empresas a las que dio contratos

El juez Eloy Velasco dictó ayer jueves cinco órdenes de prisión sin fianza, las primeras del caso Púnica, lo que señala a sus destinatarios como imputados de primer orden en la llamada operación y cuya libertad comportaría riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Para otros ocho imputados decretó prisión eludible bajo fianza y al noveno le dejó en libertad, aunque se mantienen con cargos.

En un primer auto, Velasco decretó prisión provisional incondicional para el todavía presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y el empresario Alejandro de Pedro Llorca,a quien el juez define como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza", el amigo empresario de Francisco Granados. Es en esa resolución donde el magistrado sostiene que Martínez Barazón, que el miércoles cumplió cinco meses al frente de la Diputación leonesa, participaba en alguna de las empresas de De Pedro a las que dio contratos. 

Respecto del empresario José Luis Huerta Valbuena, dueño de la empreas Waiter Music SL y de otras dedicadas a organización de eventos, el juez subraya que "históricamente ha sido adjudicataria de numerosos contratos públicos" en diversos municipios de Madrid, "así como en empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia".

Apuntando al gigante Arpegio

Velasco abre una espita de contenido todavía impredecible cuando menciona de forma expresa que Huerta ha tenido como clientes también a "empresas públicas regionales" como Arpegio Áreas de Promoción Empresarial –ahora ya extinguida y reconvertida en Nuevo Arpegio–, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) o la Fundación Arpegio "durante ejercicios en los que Francisco Granados ocupaba cargos de relevancia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Mastodonte de la administración madrileña tanto por recursos como por su amplísimo margen discrecional de maniobra sin control de la oposición, el conglomerado Arpegio tuvo como presidente a Francisco Granados entre 2004 y 2011. 

Por la tarde, el magistrado hizo otro tanto –dictar prisión sin fianza– con el actual alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza; el director de Mercado Público de la multinacional Cofely, Pedro García Pérez; y la socia de David Marjaliza y administradora de varias de sus empresas, Ana María Ramírez.

Sujeto a un expediente de expulsión del PP, Marcos Martínez apenas lleva cinco meses como presidente de la Diputación, cargo al que ascendió tras el asesinato de quien lo ocupaba hasta entonces, la todopoderosa Isabel Carrasco.

Según Velasco, que bebe en una investigación que además de registros ha incorporado pinchazos telefónicos y un extensísimo análisis documental, en ese corto periodo de tiempo Marcos Martínez habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de adjudicación vinculados a la estación de esquí de San Isidro para favorecer a empresas ligadas a Alejandro de Pedro.

¿Con qué objetivo? "A cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos de PP para continuar como presidente de la Diputación de León".  Pero, además de eso, el propio Marcos Martínez “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias”.

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Granados contraataca 

El juez pospuso para este viernes las declaraciones de los dos imputados principales de la trama, el exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y David Marjaliza su amigo empresario y también exconcejal del PP en Valdemoro.

Poco después de que se confirmase el aplazamiento de la comparecencia, Granados anunció una denuncia por detención ilegal. El hombre que durante años fue la mano derecha de Esperanza Aguirre fue detenido el lunes. El miércoles, y para evitar que alguno de los imputados pudiese alegar que se había superado el plazo de arresto legal, el juez Velasco formalizó la orden de detención judicial. Es decir, los arrestados ya no estaban bajo tutela policial sino de la del juez instructor.