Los ERE nulos dejan en el limbo el futuro de miles de trabajadores

El de Coca-Cola ha sido, de momento, el último de una larga lista de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en grandes empresas anulados por los tribunales. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado al traste con algunos de los mayores despidos colectivos de la crisis. Jordi Puigbó, socio y coordinador del área laboral de Cuatrecasas, concede que un ERE anulado es “un fracaso”. También un grave problema para una empresa que ha planteado la decisión más drástica, despedir a una gran parte de su plantilla, como único medio para garantizar su viabilidad económica. Y que, de repente, se topa con el imperativo de readmitir a cientos de trabajadores, pagarles meses de nóminas atrasadas –los salarios debidos mientras duró el proceso judicial– y seguir abonándoselas en el futuro como si no hubiera ocurrido nada.

Porque en un punto coinciden Puigbó, del lado de las empresas, y Enrique Lillo, abogado de CCOO y responsable de algunos de los más sonados fallos de nulidad –Coca-Cola, Tragsa, Transportes Buytrago–: si el ERE es nulo, la ley no permite a la empresa más opción que readmitir a los trabajadores a los que despidió, y hacerlo “en las mismas condiciones” que éstos tenían antes del ERE. “Eso no obvia que, en el futuro, se puedan decidir cambios, como movilidad geográfica [traslados], por ejemplo”, advierte el abogado de Cuatrecasas. O que la empresa presente un segundo ERE subsanando los errores que el tribunal descubrió en el primero.

Pero no puede actuar como lo está haciendo Coca-Cola, recalca Enrique Lillo. “Es despotismo industrial”, protesta. La embotelladora de la multinacional ha comunicado a la Audiencia Nacional que readmitirá a 350 trabajadores, pero en otras plantas distintas de las cuatro que cerró tras el ERE y que se niega a reabrir: Fuenlabrada (Madrid, Alicante, Palma de Mallorca y Colloto (Asturias). Lillo cree que Coca-Cola está “desobedeciendo” así el mandato judicial, lo que a su juicio es tan inconstitucional como la desobediencia de Artur Mas al convocar la consulta del 9-N.

Los trabajadores están a la espera de recibir las cartas que Coca-Cola les va a enviar indicándoles cuál va a ser su puesto de trabajo. Lillo explica que esas cartas no “surten efecto jurídico alguno”, por lo que si un trabajador rechaza su traslado a otra localidad o comunidad autónoma, no puede ser despedido. El abogado de CCOO insiste en la “ejecución colectiva” de la sentencia. Y pone como ejemplo a Tragsa, la empresa que intentó ejecutar el mayor ERE de un grupo público, 1.336 empleados, y ha readmitido a los 300 a los que le dio tiempo a despedir antes de que la Audiencia Nacional los anulara. Eso sí, no todos están trabajando. Sobre todo en la filial, Tragsatec, muchos cobran su salario en casa, una opción que la ley permite.

Cuando ya no hay empresa a la que volver

Tanto Tragsa como Coca-Cola han recurrido ambas sentencias ante el Tribunal Supremo, la última instancia a la que pueden acudir. Es también lo que han hecho la mayoría de las empresas con ERE anulados. Desde Freiremar –322 despidos– hasta Atento –672–, pasando por administraciones públicas como el Ayuntamiento de Estepona –176– y dos agencias de la Comunidad de Madrid: la de Protección de Datos –16 trabajadores– y la Pedro Laín Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios –77–. Incluso el sindicato UGT de Andalucía ha recurrido ante el Supremo la sentencia que obliga a repetir el juicio por el despido de 159 de sus trabajadores.

Pero es que las empresas se resisten a readmitir a su plantilla incluso cuando la sentencia es firme. Así, la Comunidad de Madrid se niega a cumplir la sentencia del Supremo que la obliga a devolver sus puestos de trabajo a los 16 empleados de la Agencia de Protección de Datos autonómica. Alega que ésta ya no existe y que no puede readmitirlos en otros departamentos, así que ha pedido al tribunal que les permita echarlos con la indemnización de un despido improcedente, 33 días por año trabajado. Otro tanto ocurrirá con los de la Agencia Laín Entralgo, también extinguida por el Gobierno de Ignacio González como parte de su plan de recorte presupuestario.

Habrá que ver igualmente cuál será el futuro de los 892 trabajadores de Transportes Buytrago, cuyo ERE declaró nulo la Audiencia Nacional el pasado noviembre. La empresa ha cerrado tras presentar un concurso de acreedores. En el caso de Canal Nou, la radiotelevisión pública valenciana, el Gobierno de Alberto Fabra decretó su apagón tras anular el Tribunal Superior autonómico el despido de 1.198 personas.

Es decir, una decisión judicial que, en teoría, ganan los trabajadores, puede convertirse en un regalo envenenado. Haya recurso de por medio o no, sobreviva la empresa o haya cerrado, las plantillas quedan en el limbo pese a contar con el respaldo de los tribunales y de la ley.

Una doctrina aún a medias

Desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas suman ya un buen corpus de sentencias sobre despidos colectivos. Al menos la mitad de ellas los anulan o los consideran improcedentes. Un porcentaje que las empresas y los despachos de abogados que trabajan con ellas consideran desorbitado. “Si el legislador hubiera previsto en 2012 que el número de nulos iba a ser tan elevado, quizá la solución [legal] habría sido diferente”, lamenta Jordi Puigbó.

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El abogado de Cuatrecasas se queja de la inseguridad jurídica que ha supuesto para las empresas la “dispersión de criterios jurídicos” de estos dos años de reforma laboral. Será en 2015, avanza, cuando empiece a crearse “una doctrina consolidada”: entonces el Tribunal Supremo tendrá que dictaminar sobre los recursos de las grandes empresas citadas.

Para Puigbó, recurrir un ERE nulo es una mala decisión. “La única buena”, apunta, “son los acuerdos alcanzados durante el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores”. El laboralista explica que optar por el recurso o decidir si los despedidos regresan a su puesto de trabajo o se les paga en sus casas es un problema básicamente “de costes, de hacer números”. También una cuestión jurídica. “Depende de la viabilidad del recurso, deben estudiarse las posibilidades que tiene de prosperar”, asegura. Y de tiempo: el Supremo nunca tarda menos de un año en resolver.

Donde no entra Jordi Puigbó es en señalar a quién hay que culpar cuando un ERE de una gran empresa con los mejores directivos, preparado por prestigiosos despachos de abogados, termina estrellándose en los tribunales. ¿A la propia empresa, a los letrados, a los jueces, a la ley? “Para las empresas no es fácil abordar estos procesos, que requieren de un importante despliegue de medios jurídicos”, zanja. infoLibre se ha puesto en contacto también con el bufete Sagardoy, responsable del ERE de Coca-Cola para recabar su opinión, pero ha declinado hacer declaración alguna al respecto.