Un 67% de españoles no pudo votar una Constitución cada vez más cuestionada por la falta de reformas

La Constitución cumple este sábado 36 años. No parece que, por edad, pueda decirse que la norma básica española sea ya una anciana, pero sin haber superado la cuarentena se ha ido asentando en los últimos tiempos en buena parte de la sociedad española la idea de que está vieja, desfasada y de que no es capaz de responder a las actuales circunstancias económicas, políticas y sociales. De hecho, existe un consenso cada vez más transversal sobre la necesidad de enmendarla. Esta es una demanda que se escucha en el Parlamento y que se abre paso de manera firme en la ciudadanía. Cada vez son más los españoles que se muestran proclives a una reforma de la Carta Magna. Según el último barómetro del CIS que preguntó por este asunto (en enero de 2012), el 58,6% de los consultados consideraba que había que reformarla. En el porcentaje de ciudadanos que veía la necesidad de su reforma estaba en el 45% en 2008. El deseo de cambiar el texto creció más de un 20% en cuatro años. 

Esta progresión no resulta extraña si se tiene en cuenta otro dato significativo. El 67% de la población española no pudo participar por razones de edad en el referéndum que dio luz verde a esta norma. En total son 28 millones de españoles que tienen ahora menos de 54 años y que no tenían 18 años cuando se celebró el referéndum hace 36 años. Aunque la mayoría de edad estuvo fijada durante la dictadura en 21 años, el 16 de noviembre de 1978 se aprobó un real decreto que la fijaba en 18 y ese fue el límite de edad que se aplicó en la consulta. 

Pero este año hay otra circunstancia novedosa. Ha habido un relevo en la jefatura del Estado. Y por primera vez hay un rey, Felipe VI, que por edad tampoco pudo votar la ley por la que se definió la forma de Estado. También durante 2014 ha ido ganando protagonismo un grupo de dirigentes que comparten una misma generación (o parecida) y que tienen en común no haber votado un texto constitucional que, con diferentes matices, todos piden reformar. Se trata de Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Garzón (IU), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciutadans). 

Los expertos consultados por infoLibre quitan hierro al elemento generacional. Y, aunque con matices, coinciden en subrayar que la clave de la actual desafección está en la ausencia de reformas. "El argumento de la edad no quiere decir nada. La Constitución de los Estados Unidos es de 1787 y está perfectamente interiorizada. Lo que es relevante es que han pasado 36 años y que nuestra Carta Magna no se ha reformado nada más que en dos ocasiones y siempre por un impulso externo, eso sí es llamativo", señala Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. 

El primer retoque al texto constitucional tuvo lugar en 1992, cuando los grupos parlamentarios propusieron un cambio para que los extranjeros pudiesen presentarse y ser elegidos en las elecciones municipales. La modificación fue aprobada por unanimidad y no se celebró un referéndum, aunque tampoco se reclamó. La segunda modificación, que planteó fijar un límite al déficit público, tras un pacto fugaz entre PSOE y PP sí fue más polémica. Y pese a las peticiones de varios grupos de la Cámara, no se permitió un referéndum. Ahora, el actual líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha reconocido que fue un "error" a pesar de que él lo aplaudió en su momento. 

"Desde el interior del país no ha aparecido nunca un impulso de reforma que haya tenido la posibilidad de generar un cambio", añade Pérez Royo, quien recuerda que España es "una excepción" que contrasta con lo que ocurre en los países de nuestro entorno en cuanto a reformas constitucionales se refiere. "Una constitución que no se reforma es una constitución en la que se va debilitando su legitimación inicial", sentencia. 

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, descarta que el "asentimiento" que pueda tener la población respecto de su texto constitucional guarde relación con el hecho de que se haya votado o no. "Hay otras normas, como las leyes procesales, que tampoco han sido votadas y que sí son aceptadas por la gran parte de los sectores de la población. La adhesión a las normas jurídicas deriva de otros elementos. Y aquí la clave es que todo texto constitucional se tiene que ir reformando porque es esa es su naturaleza, la de la adaptación", concreta. 

Una opinión similar tiene el catedrático de Ciencia Política Julián Santamaría, que fue director del CIS entre 1983 y 1987. "Las constituciones no se aprueban para sustituirlas a cada rato, aunque sí han faltado procedimientos de reforma y revisión. Otra cuestión es si eso puede ser o no una causa de la desafección. Mi opinión es que no, puede que sea un pretexto añadido pero no la única causa porque ese grado de alejamiento no se había producido hace seis años. Hay otros fenómenos como la crisis económica o los escándalos de corrupción que han entrañado una marea de desafección primero hacia los políticos, luego hacia la clase política y finalmente hacia las instituciones. El factor generacional en secundario", señala. No obstante, sí añade que hay aspectos que requieren revisión que, a su juicio, lo requerían ya "hace mucho tiempo" aunque eso no signifique, según su criterio que haya que hacer "una enmienda a la totalidad".

Incapacidad para llegar a acuerdos 

La realidad es que, aunque llevan décadas sobre la mesa, ni PP ni PSOE cuando han estado en el Gobierno han sido capaces de fraguar grandes acuerdos de reforma. En 1996, cuando era solo candidato, José María Aznar emergió dispuesto a liderar cambios en la Constitución en lo referido al Senado para convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial. Sin embargo, tras su victoria electoral y, sobre todo, con la mayoría absoluta del año 2000, los conservadores silenciaron ese debate. 

Con más ímpetu pareció buscar el acuerdo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en su primera legislatura presentó una propuesta de reforma que incluía la igualdad de hombre y mujer en la sucesión a la Corona, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y una mención a la Constitución Europea. La iniciativa generó un amplísimo consenso y hubo incluso un informe del Consejo de Estado que resultó favorable. Sin embargo, en diciembre de 2008 el entonces jefe del Ejecutivo asumió que esta reforma no era "una tarea prioritaria para el Gobierno". En 2004, el enlace de Felipe de Borbón con Letizia Ortiz también había hecho rebrotar la discusión en torno a la modificación de la Constitución para acabar con la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona. No hubo cambio alguno y el varón sigue teniendo preferencia en la línea sucesoria.

Esa imposibilidad para llegar a acuerdos sobre retoques de la Constitución es lo que, según Pérez Royo, ha acabado por debilitar la legitimidad del texto de 1978. "La conexión entre la legitimidad de origen y la de ejercicio es clave, porque es la forma de garantizar una renovación ordenada del sistema político y del ordenamiento jurídico. No hacer uso de los cauces de renovación es una patología gravísima y es, precisamente, lo que está ocurriendo en España". A su juicio, esta situación no es sino un reflejo de la historia política española en la que en lugar de renovar de una manera ordenada el sistema político "lo hacemos saltar por los aires periódicamente para constituirlo después". La pregunta es evidente: ¿Va a pasar esto en esta ocasión? "Pues hay muchos indicios de que sí y de que estamos condenados a una explosión del sistema y a su sustitución por otro completamente nuevo", determina Pérez Royo. 

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, considera que "existe en la actualidad una crisis de nuestro modelo constitucional, un especie de momento nuevo que no es ni bueno ni malo en sí mismo". "Sí es la hora de crear una gran discusión política, si la gente lograra hacer suya la Constitucional este contexto tendría una lectura positiva", analiza. La catedrática Yolanda Gómez, por su parte, ofrece en este punto un análisis sobre la dificultad que han tenido las fuerzas políticas para enmendar la Constitución. "Nadie quiere acometer la reforma constitucional porque nadie quiere asumir el coste político que representa ese tipo de negociación y porque lo que está verdaderamente planeando es el modelo de Estado territorial, el punto más complicado de solventar ahora mismo", subraya. Y carga toda la responsabilidad sobre unas fuerzas políticas que considera incapaces de lograr un consenso para abordar con estabilidad una reforma que "debería ser un procedimiento normal".

Sin embargo, no deja de ser paradójico que, en la actualidad, la única formación parlamentaria que se cierre en banda a la reforma constitucional sea el PP, partido que emana de Alianza Popular, cuyos diputados se abstuvieron en la votación del texto constitucional en el Congreso en 1978. Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no está de acuerdo con la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de crear una subcomisión parlamentaria para reformar la Constitución. Su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal fue más allá y acusó al secretario general de los socialistas de querer “dinamitar” las reglas del juego cambiando la Carta Magna. A juicio de Arbós este hecho no deja de ser "irónico", si bien cree que es "una expresión de conservadurismo". "La reforma de la Constitución es una operación que no puede hacerse sin un acuerdo de entrada que identifique la necesidad de la reforma. Mientras el PP siga oponiéndose y negándose a protagonizar ese cambio no hay nada que hacer", glosa Pérez Royo. 

Santamaría, por su parte, cree que la pelota está, sin duda, en el tejado de los gobernantes, sean del signo político que sean. "Hace tiempo que se empezó a hablar de la necesidad de incluir algunas reformas pero este ímpetu acabó generando un acuerdo casi unánime de que no era necesario abrir el melón para retocar algunas cosas pequeñas por miedo a que al destaparse la caja de pandora se planteasen reformas de mayor envergadura que no se consideraban necesarias. Ahora han aparecido una serie de problemas que parecían encauzados, entre ellos el territorial, que han explotado y que han provocado que sea necesario abrir un proceso de reforma", destaca. 

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Más allá de las dificultades para protagonizarlos, existe un consenso entre los expertos consultados por infoLibre sobre la necesidad de hacer cambios específicos en la Constitución. Hay unanimidad en remarcar la necesidad de abordar la cuestión territorial como piedra angular de una hipotética reforma. Una cuestión "muy difícil" porque, a juicio de Gómez, "Cataluña no está pidiendo integrarse en mejores condiciones dentro del Estado sino que está pidiendo independencia". "Reclama ser diferente al resto de los territorios, así que darle satisfacción significa menospreciar al resto de los territorios. Es difícil que un Gobierno central pueda acometer eso, da igual la ideología que tenga", remarca. Arbós, por el contrario, alude a los "graves problemas de legitimidad" que tiene, según su criterio, el modelo territorial actual. Su apuesta es una reforma que reconozca el federalismo y que haga ver a los catalanes que el marco constitucional sí tiene cauces para aumentar y mejorar su autogobierno. 

Pero más allá del tema territorial hay otras cuestiones. Gómez alude al Título I de los derechos y deberes fundamentales. "Habría que incluir como fundamentales muchos de los derechos que ahora están como principios de política social", señala. Y cita cuestiones relativas al medio ambiente, la discapacidad o la vivienda... "Haciendo esta modificación quedaría neutralizada la polémica por la reforma del artículo 135 porque al establecer una garantía como derecho fundamental se crea una obligación por parte del Estado. Nadie discute ahora el derecho a la enseñanza obligatoria gratuita por mucho que haya problemas de aplicación, a la tutela judicial efectiva, el derecho de asociación, de reunión… Haciendo este cambio muchas de las consecuencias derivadas de la llamada estabilidad presupuestaria desaparecerían", analiza. 

Si se considera que merece la pena mantener el actual sistema político, concluye Pérez Royo, hay que "reformar su instrumento", que es la Constitución, con retoques como los citados anteriormente. "Si no se hace se acaban rompiendo las costuras y el sistema acaba estallando. Ese es el riesgo actual, que al igual que el sistema político la Constitución no es valorada de forma positiva por los ciudadanos y por eso se exige una renovación. Y se hará, por las buenas, si se consigue hacer una reforma. O se hará por las bravas", sentencia.