PP, CiU y PNV votan a favor de consolidar las puertas giratorias

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado y remitido al Senado la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración, uno de los proyectos de ley contra la corrupción que fueron presentados por Mariano Rajoy el pasado 27 de noviembre.

Al final, el PP ha sumado el voto de CiU y PNV mientras que UPyD se ha abstenido y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han optado por votar en contra al considerar el texto insuficiente. Una oposición que el PP ha achacado a "excusas de mal pactador", tachando, además, de injusto que los grupos parlamentarios que han votado en contra no hayan sabido "valorar el esfuerzo del Gobierno" al regular por primera vez el ejercicio del alto cargo.

El Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

El PP acordó, además, con CiU y PNV dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades. De esta forma, ha facilitado el apoyo de las formaciones nacionalistas.

Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la prohibición de las puertas giratorias, la independencia de los órganos de supervisión, la reducción del número de aforados, o la regulación de los grupos de presión (lobbies).

Por un lado, el diputado socialista Antonio Pradas justificó su voto en contra alegando que la ciudadanía exigía cambios y que el Gobierno y el PP "han optado por no cortar de raíz" y "han dado por perdida la batalla". "El PSOE seguirá intentando llegar a acuerdos porque, según reflejan las encuestas, o hacemos algo, o algo se hará contra nosotros", señaló refiriéndose a la preocupación generalizada por la corrupción.

Joan Josep Nuet, en nombre de Izquierda Plural, ha definido la ley del alto cargo como "un truco" del PP para tapar la corrupción, pero considera que no por ello IU-ICV-CHA va a creer en la magia. En su opinión, faltan muchas cosas en la ley y citó asuntos, como la falta de aplicación a algunas instituciones, subrayando la Casa Real entre ellas.

UPyD rechaza la ley al entender que "no aporta gran cosa a los problemas de fondo" y que "avanza muy poco". "Es una oportunidad desperdiciada", afirmó el diputado Carlos Martínez Gorriarán, para explicar que "más allá de la publicidad, no vemos el esfuerzo regenerador. Está muy lejos de lo que se pide".

También se pronunciaron en contra Amaiur y Esquerra Republicana (ERC), cuyo portavoz, Joan Tardà, cree que la ley del alto cargo "se ha quedado muy, pero que muy, corta" frente a las exigencias ciudadanas.

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La exigencia del cargo en caso de verse afectado por un caso de corrupción, otro de los puntos demandados por la oposición, ha quedado definitivamente relegado a la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El PSOE propuso enmiendas para hacer efectivo el cese cuando el cargo público esté en curso en un juicio oral y se le imputen delitos un delito de corrupción, una mandato que quiere extender a diputados, senadores y alcaldes. Izquierda Plural, por su parte, era partidario de adelantar el cese a la imputación de un delito, haya o no juicio oral.

Pero el PP no quiso entrar en este asunto en sus enmiendas a la ley que regula el estatuto del alto cargo y ha confirmado que la exigencia del cargo en casos de corrupción se resolverá en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende entregar al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano.