Plataformas energéticas y oposición exigen a la Fiscalía que reabra la investigación de la “estafa eléctrica”

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en colaboración con la organización Avaaz y tras haber recaudado más de 140.000 firmas, han presentado este viernes un escrito ante la Fiscalía en el que solicitan la reapertura de la investigación sobre la prescripción del plazo para la devolución de 3.400 millones de euros cobrados de más en el recibo de la luz por las grandes compañías eléctricas entre los años 2007 y 2010.

Fue una denuncia, impulsada por la Plataforma y Avaaz en 2013, la que hizo que el Ministerio Público comenzara investigar si tanto los Gobiernos del PP como del PSOE habían “perdonado” a los gigantes energéticos españoles dicha cantidad –la responsabilidad alcanza al Gobierno de Mariano Rajoy dado que el plazo para solicitar la devolución podría no haber prescrito hasta julio de 2014–. Sin embargo, la causa fue archivada en diciembre de 2014 al considerar la Fiscalía que no había indicios de delitos, cuando, en un primer momento, se llegó a hablar de delitos de prevaricación, tráfico de Influencias y malversación de caudales públicos. 

Pero, según estas organizaciones, unos informes filtrados por el periódico El País “demostrarían que el Gobierno del PSOE sí sabía cómo conseguir la devolución de estos fondos y, sin embargo, permitió que expirara el plazo de la devolución” y que ninguno de los dos gobiernos utilizaron los mecanismos puestos a su disposición para reclamar los 3.400 millones de euros. Y es que esas filtraciones han dado a conocer la existencia de un informe de la Asesoría Jurídica del Estado en donde se instaba al entonces Ministerio de Industria del Gobierno socalista para que reclamase las cantidades abonadas de más a las eléctricas por los costes de transición a la competencia, además de varios informes de la Comisión Nacional de la Energía que también recordaban a la cartera que dirigía Miguel Sebastián que se exigiese la devolución de dichas cantidades. También se ha filtrado un borrador de orden ministerial con determinados cálculos para la realización de las liquidaciones contra las empresas beneficiarias.

Jorge Morales, miembro de la Plataforma y experto en el sector energético, detalló en declaraciones a infoLibre, que “cuando se liberalizó el sector eléctrico en 1998, las eléctricas pasaron de un sistema donde tenían garantizada la rentabilidad de sus inversiones a un sistema donde, en un principio, iba a haber competencia. Fue por eso que le exigieron al Gobierno –entonces presidido por el expresidente José María Aznar– una compensación por esa liberación que podría hacer que otras empresas vinieran a España a competir, lo que chocaba con las reglas bajo las que ellos invirtieron y por las que no podía venir cualquiera. Eso es lo que son los costes de transición a la competencia”.

“Lo que ha ocurrido con la liberalización es que, al revés de lo que se pensaba, el mercado ha dado precios muy superiores a los que se habían dado en el sistema anterior y las eléctricas recibieron una compensación y cobraron dos veces por lo mismo. Sus centrales recibieron unos ingresos y, además, cobraron la compensación, que es la devolución que estamos pidiendo”, detalló Morales.

Al experto en energía le resulta “incompresible” esta situación. “No sabemos si tiene que ver con las puertas giratorias, pero la Fiscalía lo tiene que investigar. Tampoco entiendo qué razón puede haber para que a un gobierno se le olvide reclamar 3.400 millones de euros, que es más que toda la suma de todos los casos de corrupción juntos”, ha criticado Morales, quien ha recordado la filtración de la documentación del propio Ministerio “en la que dice cómo había que efectuar la devolución. “No nos cabe la menor duda de que hay una intencionalidad de no exigirla. Por eso entendemos que tiene que ser corrupción y por eso lo denunciamos en el ámbito penal”, señaló el experto.

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Al acto de este viernes han acudido representantes de diferentes formaciones políticas, entre las que se encontraban Podemos, Izquierda Plural, UPyD, Ciutadans, Equo, Chunta Aragonesista y Comprimís en representación del Grupo Mixto, algunos de los cuales tacharon esta situación de "estafa eléctrica".

Joan Coscubiela, diputado en el Congreso por Izquierda Plural, ha denunciado que se está ante "una de las grandes estafas de este país, cometida a dos manos y fruto de la doble moral del poder económico y político", mientras que el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde ha reivindicado que si España quiere "ese necesario cambio de modelo energético hacia un modelo basado cien por cien en las energías renovables, es fundamental terminar con el oligopolio eléctrico, que es el mayor lobby económico en este país".

Por su parte, el responsable de la secretaría política de Podemos, Íñigo Errejón, ha remarcado el informe de la Abogacía General del Estado que exigió que se devolvieran los más de 3.400 millones de euros. "Hemos visto un comportamiento al que estamos acostumbrados. Dos gobiernos que ha decidido perdonarles las deudas a quienes más tienen. Esto es una estafa social y un problemas de ineficacia económica", ha criticado.