La justicia estadounidense condena a Palestina

Una Corte Federal estadounidense ubicada en Manhattan hizo público este 23 de febrero el veredicto del jurado en un proceso contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El caso giraba en torno a la reclamación de una compensación económica de víctimas directas estadounidenses y sus familias que sufrieron los estragos de seis ataques terroristas entre 2002 y 2004 atribuidos a Hamas y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Dichos ataques se llevaron por delante 33 vidas y dejaron más de 450 heridos.

Si bien los actos terroristas fueron cometidos fuera de territorio norteamericano, su legislación permite a los tribunales internos reconocerse competentes ya que las víctimas tenían nacionalidad de Estados Unidos.

Aunque se trata de un caso de jurisdicción extraterritorial, en tanto que va más allá de sus fronteras, no se puede considerar como ejemplo de Jurisdicción Universal. Los principios que pueden articular la jurisdicción de un país son básicamente cuatro: la territorial (por los delitos cometidos en su territorio); la nacional activa (si el presunto delincuente es de su nacionalidad); la nacionalidad pasiva (si las víctimas gozan de su ciudadanía); la que protege intereses legítimos de su Estado (como falsificación de su moneda, por ejemplo) y finalmente la Jurisdicción Universal, en la que no existe ningún elemento de conexión pero el crimen es tan aberrante que permite a todos los Estados actuar.

El caso que hoy sacude los medios de comunicación encajaría en el principio de la personalidad pasiva. Es decir, Estados Unidos decide proteger a sus ciudadanos extendiendo su jurisdicción a aquellos delitos que cometidos fuera de su territorio atentan contra sus nacionales.

Este mecanismo de defensa se incluyó en la legislación antiterrorista emanada del Congreso en Washington D.C. en 1992. Su artículo 2333 viene a expresar que cualquier nacional de los Estados Unidos dañado en su persona, propiedad o negocio en razón de un acto de terrorismo internacional, o sus supervivientes o herederos, podrán demandar en cualquier tribunal de distrito apropiado de los Estados Unidos y deberá recobrar el triple de los daños sufridos y las costas del proceso incluidos los honorarios de sus abogados.

Se trata por tanto de un proceso civil y no penal el que ha permitido que, después de más de diez años desde que se presentara la demanda (en 2004), un jurado de 12 miembros reconozca la responsabilidad de la OLP y la ANP y les obligue a pagar una cuantía que asciende 218'5 millones de dólares. En virtud de la ley antes mencionada, esta cantidad podría ascender a 655'5 millones de esa misma divisa al aplicar el triplo prescrito en la norma.

Los demandados ya han anunciado su intención de apelar la sentencia al no considerarse responsables de los crímenes cometidos por Hamas ni las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa.

No es el primer caso ya que existe un precedente de septiembre de 2014 en que se reclamaba una indemnización al Arab Bank por financiar a Hamas. Las 300 víctimas de 24 ataques terroristas que se dirimían en ese juicio esperan la confirmación de la sentencia en apelación.

Los ataques denunciados:

El Ejército israelí moviliza a 13.000 efectivos en Cisjordania durante una maniobra “sorpresa”

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Manuel Miguel Vergara es director del Departamento jurídico de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

Este artículo se ha publicado simultáneamente en la web de la fundación: www.fibgar.orgwww.fibgar.org