Sólo siete compañías del IBEX hacen públicas sus donaciones a partidos e instituciones

Sólo siete empresas del IBEX 35 informan sobre el dinero que donan a partidos políticos e instituciones. La mayoría de ellas se declaran “políticamente neutrales”, algunas incluso hacen una proclama genérica en su código ético o niegan directamente haber realizado aportación alguna a “partidos políticos o sus representantes”. Pero no revelan si disponen de y cómo funcionan los mecanismos concretos para evitar prácticas de corrupción, según concluye el estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex.

El informe, financiado por el Ministerio de Empleo, ha sido elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que se creó en 2004 e integra a ONG como Cáritas, Cruz Roja o Intermón Oxfam y sindicatos como CCOO y USO. Sus autores no dudan en calificar de “desolador” el hecho de que tan pocas empresas españolas publiquen cuánto dinero y por qué conceptos donan a los partidos políticos, sobre todo teniendo en cuenta las denuncias por corrupción y las sospechas sobre financiación ilegal que han inundado la escena pública en los últimos años. También citan el Eurobarómetro para recordar que el 83% de las empresas españolas considera que la corrupción está muy extendida en la contratación pública gestionada por la administración estatal y hasta el 90% en el caso de las entidades locales.

Las siete empresas que explican sus donaciones a partidos políticos son Bankia, Bolsas y Mercados Españoles (BME), Enagas, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica española (REE), Repsol e Iberdrola. Pero estas dos últimas sólo publican datos sobre las cantidades y el destino del dinero en los casos de EEUU y Reino Unido, donde es obligatorio por ley. Nada dicen del resto de los países donde operan.

Así, tras declararse “neutral” en política, la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán revela que pagó 23.554 euros en 2013 en Reino Unido, a través de su filial ScottishPower, para patrocinar conferencias y eventos. También aportó a candidatos y partidos en EEUU un total de 18.265 euros. Sus filiales de renovables pagaron otros 9.792 euros ese año.

Por su parte, Repsol gastó en 2013 un total de 314.000 euros en “actividades directas de representación ante instituciones europeas”, un 30% más que el año anterior. De la Unión Europea recibió 979.000 euros para investigación y desarrollo, casi ocho veces más que en 2012. En Estados Unidos pagó 100.000 euros para impulsar temas energéticos, al tiempo que declara no haber realizado ninguna contribución a empleados públicos del Gobierno de Washington.

Declaraciones públicas, financiación ilegal

El estudio destaca los casos más llamativos de falta de información y de incoherencia entre las declaraciones de las empresas y sus comportamientos. Sacyr prohíbe en su Código de Conducta hacer “donaciones a ningún partido político o a favor de sus representantes, salvo en aquellos casos previstos expresamente en la legislación aplicable”. Sin embargo, se desconoce si la constructora ha creado y utiliza algún mecanismo específico que garantice el cumplimiento de ese compromiso. El estudio recuerda que el expresidente del grupo Luis del Rivero y su actual presidente, Manuel Manrique, se encuentran imputados por supuestas donaciones al PP de Castilla-La Mancha: en concreto, 200.000 euros en 2007 para pagar una campaña electoral.

Otro tanto ocurre con ACS. La constructora de Florentino Pérez niega haber efectuado aportaciones financieras o en especie a partidos políticos, pero su nombre aparece como uno de los donantes del PP gallego para la campaña de 2006 en los papeles de la contabilidad B de LuisBárcenas.

Tampoco el Banco Popular declara aportaciones a partidos. Sin embargo, la fundación de la entidad, en sus cuentas anuales, declara donaciones a la Generalitat de Cataluña. Y Abertis, al mismo tiempo que en su Código Ético prohíbe influir en las decisiones de las administraciones públicas, firma convenios de colaboración con ellas y presume de su relación con ayuntamientos y del “diálogo y colaboración activos” que mantiene con instituciones de todos los ámbitos para “planificar y desarrollar infraestructuras”. Pero no informa sobre cómo fiscaliza esas relaciones con las administraciones.

'Lobbies', sólo donde obliga la ley: EEUU y Reino Unido

No son mucho más transparentes las compañías del Ibex 35 en lo que a su actividad como lobby se refiere. Sólo cinco empresas del selectivo informan sobre sus mecanismos de presión política. Y, como ocurre con las donaciones, únicamente lo hacen en los países donde es obligatorio por ley. El Registro de Transparencia de la UE revela que Acciona ha pagado 2,2 millones de euros por actividades de lobby en la Comisión Europea. La propia empresa reconoce haber participado en consultas de la Comisión sobre energía y clima, también sobre ayudas públicas relacionadas con energía y medio ambiente.

Gracias al mismo Registro de Transparencia se sabe que Telefónica gastó en lobbies 2,54 millones de euros en 2013 y que recibió de la UE subvenciones por valor de casi siete millones. Al igual que Acciona, la compañía de César Alierta es miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby que agrupa a las 17 mayores firmas españolas. También pertenece al European Services Forum, un grupo que propugna la liberalización del comercio mundial en el sector servicios, y a Quiller Consultants, un lobby británico. Telefónica no explica qué actividad desarrolla en ninguna de estas organizaciones, lamenta el estudio.

Finalmente, Indra, participada por la pública SEPI en un 20%, declara que no practica el lobbying. Sí explica que sus filiales en Estados Unidos tienen relaciones mercantiles con bufetes de abogados, “la vía que se utiliza en ese país para obtener información y gestionar contratos y subvenciones”. Nada dice de su actividad en la Unión Europea –donde aportar información es de carácter voluntario– o en otros países donde no existe ninguna regulación. En 2014 recibió 40 millones de euros, financiados con créditos blandos y subvenciones en I+D, de las administraciones española y europea.

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El estudio también ha analizado los mecanismos contra el blanqueo de dinero negro aplicados por las empresas del IBEX 35. Sólo nueve de ellas hacen públicos sus instrumentos de lucha contra este delito. Ocho son bancos, que están obligados por ley. La novena es Sacyr. Pero todas se quedan en meras declaraciones genéricas en sus códigos éticos, sin precisar medidas. FCC tiene un canal ético donde dice haber recibido 22 denuncias sobre corrupción y soborno –pero también sobre discriminación, igualdad de oportunidades, por ejemplo–. No publica cuáles fueron los resultados de las denuncias.

El informe resalta que todas las grandes empresas deberían tener instrumentos concretos contra estos delitos, ya que operan en 17 países “con percepción extrema de la corrupción” y otros 71 con “percepción alta”, de acuerdo con el índice elaborado por Transparencia Internacional. De entre los primeros, el país donde más compañías del Ibex tienen negocios es Venezuela (15 de ellas), seguido de Angola (seis), Paraguay y Ucrania (cinco), pero también Libia y Nigeria (tres). Entre los segundos, México (27 compañías) y Brasil (25) son los favoritos.

El caso de Indra es significativo. La compañía tecnológica declara públicamente su compromiso de lucha “contra el soborno y los pagos de facilitación y cualquier forma de corrupción activa o pasiva”. También se muestra contraria las contribuciones políticas a los partidos e informa de las entidades no lucrativas a las que hace donaciones. Pero, como en el resto de los apartados y como muchas de sus compañeras, Indra elude aplicar, o por lo menos desvelar, los mecanismos concretos de que dispone, si es que los tiene, para hacer realidad sus declaraciones de principios. Indra ha resultado implicada en la trama Púnicatrama Púnicade corrupción, por haber pagado supuestamente campañas de imagen de políticos del PP, tras habérselo ordenado la Comunidad de Madrid.