El Gobierno da la espalda a los parados

El debate en el Congreso sobre el proyecto de presupuestos para 2016 está sirviendo al menos para demostrar que este Gobierno lleva cuatro años ignorando el primer problema del país, el desempleo, y dando la espalda a sus víctimas, los parados.

En su comparecencia presupuestaria, el secretario de Estado de Empleo ha tenido que reconocer que con 5.149.000 parados y 3.700.000 sin protección pública alguna (EPA 2º trimestre 2015), el proyecto del Gobierno para 2016 prevé un recorte del 23% en prestaciones a desempleados respecto al año en curso.

El argumento falaz que utiliza el Gobierno para hacer compatible esta realidad con el discurso complaciente sobre la “prioridad social del presupuesto” consiste en defender que el gasto para parados se reduce porque se reduce el problema del paro.

La realidad, sin embargo, es que hoy tenemos 305.000 parados más que en 2011 y 635.000 parados más sin protección pública que hace cuatro años (EPA 2º trimestre 2015/2011). ¿Dónde está la justificación para una caída de 15.100 millones de euros, un 38%, en los presupuestos estatales para el empleo entre 2011 y 2016?

Los recortes del Gobierno afectan tanto a las políticas activas de empleo como a las prestaciones públicas para los desempleados. En relación a estas últimas, la reducción proyectada para 2016 es de 5.500 millones de euros respecto al presupuesto de 2015, y de 12.700 millones respecto al presupuesto de 2011, antes de la llegada del PP al poder.

¿Hay ahora menos parados? ¿Hay menos parados sin ayuda pública? ¿Hay menos necesidades entre los desempleados de nuestro país? Todo lo contrario. La cobertura a los parados registrados en los servicios públicos de empleo ha pasado del 80% en 2010 al 54% del pasado mes de junio de 2015. Y la tasa de protección a los parados que refleja la más real Encuesta de Población Activa ha caído por debajo del 29%.

Otro dato revelador es el relativo a la evolución de los euros destinados a cada parado por el Gobierno. Entre 2011 y el presupuesto de 2016 el recorte ha sido de 3.646 euros por año a cada parado, y entre 2015 y 2016 el recorte ha vuelto a ser de 648 euros anuales. Un 50,4% de reducción en cuatro años, y una reducción del 15% para el ejercicio próximo respecto a este en curso.

Por tanto, hoy tenemos más paro que hace cuatro años, más parados sin ayuda pública que hace cuatro años, y más pobreza entre los desempleados que hace cuatro años. Pero la respuesta del Gobierno es un hachazo más al esfuerzo público para atender las necesidades básicas de los más vulnerables de la sociedad.

El mecanismo que el Gobierno aplica para estos recortes es, además, perverso. En el año 2014 presupuestaron 30.000 millones para prestaciones a parados. Sin embargo, lograron “ahorrar” 5.000 millones de esos 30.000. ¿Cómo? ¿Reduciendo el paro o reduciendo las necesidades de los parados? No, endureciendo los requisitos de acceso a las prestaciones. Para 2015 decidieron presupuestar lo que realmente habían gastado en 2014, solo 25.000 millones. Con una estrategia similar, en este ejercicio 2015 prevén gastar menos de 20.000 de los 25.000 millones presupuestados, por lo que para 2016 destinarán 19.000 millones…

¿Hasta dónde pretenden llegar? A pesar de nuestras preguntas en sede parlamentaria, el Gobierno se niega a informar de sus previsiones en cobertura a parados. Si ya estamos por debajo del 29% de parados con ayudas, ¿intentan llegar al 20%? ¿Al 15%? ¿Al 10%? ¿Quieren dejar a 8 o a 9 parados de cada 10 sin ningún tipo de ayuda? Claro que así ahorran dinero. Ahorrarían más incluso, como le hemos dicho al Secretario de Estado de Empleo, si en lugar de pagar las prestaciones a esos pocos parados, se las cobraran.

Un buen ejemplo de esta dinámica de recortes y de insensibilidad social lo tenemos en el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que el Gobierno puso en marcha tras un acto público celebrado con alharacas en La Moncloa el pasado mes de diciembre, tras un acuerdo con los interlocutores sociales. Rajoy habló en ese acto de 450.000 beneficiarios para los 430 euros del PAE. Báñez precisó incluso un “stock de inicio” de 300.000 beneficiarios.

Pues bien, transcurrido ya más de la mitad del periodo de ejecución del PAE, no tenemos ni 450.000, ni 300.000, ni 200.000, ni 100.000 beneficiarios, sino menos de 60.000. ¿Por qué? ¿Porque no se necesitan estas ayudas o porque no se solicitan? No, porque las condiciones son tan deliberadamente y tan injustamente duras que la gran mayoría de los parados que necesitan las ayudas prometidas no pueden obtenerlas. Pero el Gobierno se niega también a modificar estas condiciones y a mejorar las previsiones en cuanto al número de beneficiarios del PAE.

La evolución de los presupuestos en materia de políticas activas de empleo ha sido similar en este tiempo. Hablamos de los recursos destinados a mejorar la empleabilidad y a facilitar el acceso al empleo para nuestros parados: orientación, formación, intermediación… El recorte en este capítulo entre 2011 y los presupuestos de 2016 es de 2.378 millones de euros, un 31%. El pequeño incremento de recursos para el ejercicio próximo respecto a 2015 no compensa ni le lejos los tijeretazos de estos cuatro años.

Las consecuencias prácticas de este recorte sobre el número de orientadores en las oficinas de los servicios públicos de empleo son evidentes. Si las autoridades de la Unión Europea recomiendan la presencia de un orientador público por cada 600 desempleados, las cuentas del Gobierno obligarían en la España del 2016 a contar con un orientador por cada 1.312 parados. Se trata, obviamente, de una proporción imposible para realizar una labor eficaz destinada a recuperar empleo en nuestro país.

En este sentido llama la atención ese conejo que el Gobierno se ha sacado de la chistera para despistar a los menos informados. Anuncia el Gobierno un nuevo programa de ayuda a parados de larga duración de entre 30 y 55 años; eso sí, “a partir de junio de 2016”, cuando el PP ya no tenga responsabilidad alguna que administrar. ¿Más ayudas con menos presupuesto y con menos personal para ayudar? Novedad sin credibilidad.

El Gobierno recorta los recursos destinados a las políticas de empleo precisamente cuando más necesarios son estos recursos, por la persistencia de los altos niveles de paro y por la precarización creciente de nuestro mercado laboral.

Dos datos más corroboran este análisis. Las horas habituales trabajadas por asalariados cada semana han caído de 561 millones a 522 millones entre 2011 y 2015. Y la recaudación acumulada hasta junio por cotizaciones a la Seguridad Social se ha reducido en el mismo periodo en cerca de un 4,5%. No hay más trabajo en España, sino que se está repartiendo menos trabajo en clave de precariedad.

La medida de la sensibilidad social del Gobierno en materia de empleo se establece con claridad en sus esfuerzos presupuestarios. Los recortes presupuestarios del servicio público de empleo (SEPE) en el periodo 2012-2016 alcanzan los 41.346 millones de euros: 27.529 millones menos en prestaciones, y 13.817 millones menos en políticas activas. Y la aportación del Estado a estos recursos, cotizaciones sociales aparte, se ha recortado nada menos que un 77%.

1,65 millones de hogares tienen todos sus miembros en paro

Ver más

No. Este no es un Gobierno con sensibilidad social hacia el problema del paro y de la pobreza asociada al desempleo. __________________________

Rafael Simancas

es diputado del PSOE en el Congreso