C's desmiente los copagos y traslada a las comunidades el coste de prestar nuevos servicios

El programa electoral con el que Ciudadanos concurrirá a las próximas elecciones generales incluirá una propuesta de reforma de la financiación autonómica que traslada a las comunidades el coste de la prestación de los servicios públicos que vayan más allá de los considerados esenciales. Así lo explicaron el economista de cabecera de la formación, Luis Garicano, y el responsable del programa fiscal, Francisco de la Torre, en una rueda de prensa en la que intentaron salir al paso del revuelo formado después de que el diario El País publicara este miércoles que el partido defiende la implantación de copagos en sanidad y educación. 

Garicano negó que la voluntad de la formación sea la de hacer pagar a los ciudadanos por servicios básicos y explicó que con su propuesta de reforma lo que pretenden es dotar a las autonomías de mecanismos para que, en el caso de aumentar su cartera de servicios con otros adicionales, corran ellas mismas con los gastos "a través de impuestos, tasas o precios públicos".

A juicio de Garicano, lo que ocurre en la actualidad es que hay autonomías que incurren en mayores gastos sin aumentar sus ingresos, lo que les impide cumplir sus metas de déficit y les obliga –a través de los fondos de liquidez– a disminuir su autonomía fiscal y a pasar a estar "controladas" por el Ministerio de Hacienda. "Lo que defendemos es que las comunidades tienen derecho a incrementar los servicios públicos que ofrecen por encima del catálogo común de acuerdo con su autonomía, pero si lo hacen tienen que ser corresponsables", señaló Garicano.

De la Torre, responsable del programa fiscal y número dos al Congreso por Madrid, criticó que actualmente muchas comunidades "incurran en déficit sistemáticamente" mientras el Estado luego las financia a tipo cero a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), porque eso hace "imposible cuadrar las cuentas" y acaba llevando a "recortes indiscriminados" por parte de las autonomías. 

En este sentido, Garicano reiteró que, aunque su objetivo es que las comunidades tengan autonomía para decidir cómo financiar ese hipotético aumento en la partida de gastos, el partido defiende que la forma óptima de hacerlo es "vía impuestos", pues, los copagos "no preservan la igualdad de los ciudadanos y pueden obligar a personas con menos medios a pagar lo mismo".

Sanidad y educación 

Respecto a la sanidad –y pese a haber sido preguntado por ello– el coordinador del programa económico de Ciudadanos no detalló si su formación contemplaba revisar la cartera básica, si bien respondió que "no" cuando se le preguntó sobre si algún servicio de los que ahora son públicos y gratuitos en la sanidad española podría dejar de serlo al financiarlo con un sistema de copago o un impuesto. 

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Dijo que la cuestión de la cartera básica no se detallará antes del 20-D porque en la formación consideran que tiene que debatirse en profundidad con expertos y con el resto de partidos en un gran pacto de Estado que garantice la "absoluta igualdad" de todos los españoles independientemente de dónde residan. No obstante, sí dijo que esta debe ser "ambiciosa" y que los servicios incluidos en ella se pagarían, una vez estimado su coste, a través de un fondo autonómico, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, desde el que se harían las transferencias a las comunidades autónomas.

Sobre cómo puede afectar esta propuesta de reforma a la educación, Garicano dijo que en ningún caso se plantean introducir copagos en etapas no obligatorias como el bachillerato. Y respecto al ámbito universitario dejó caer, aunque sin concretar, que sería necesario abordar una reforma de la financiación universitaria que podría conllevar un cambio en los precios públicos siempre que fuera acompañado de un aumento del presupuesto destinado a becas.

En cualquier caso, no aludió a la posibilidad de obligar a las autonomías a reducir las tasas, toda vez que la gran mayoría de ellas ha optado por consolidar este curso el tasazo de 2012, cuando el Ejecutivo les dio luz verde para que pudieran cobrar a los alumnos entre el 15 y el 25% del coste real que supone impartirlo. Ese decreto supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado en el precio de los estudios superiores, especialmente en los másteres, que no se ha revertido.