Pedro Sánchez sólo derogará los “cuatro elementos más nocivos” de la reforma laboral si gobierna

Pedro Sánchez no derogará la reforma laboral si llega a presidente del Gobierno. Pese a sus declaraciones públicas durante la campaña electoral para remarcar esa idea, en su discurso de investidura ha dejado claro que sólo suprimirá cuatro “elementos” de la ley que aprobó el PP en 2012. A su juicio, “los más nocivos”, los que han convertido a la reforma en “la cuna de la precariedad laboral y la desprotección de los trabajadores”. Pero el resto seguirá vigente.

De hecho, el candidato socialista ha concentrado en estas cuatro medidas toda la perniciosidad que atribuye a la reforma laboral: “Cada una de ellas representa, por sí misma, un importante retroceso de los derechos de los trabajadores”, resaltó, “pero las cuatro juntas han sido una voladura incontrolada del equilibrio en las relaciones laborales”.

Sánchez anunció que derogará la “supremacía absoluta” del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Pero no entró en los detalles que sí incluye el pacto con Ciudadanos. En realidad, el convenio sectorial sólo prevalecerá sobre el de empresa en materia de jornada y salario base. Para el resto de los contenidos, seguirá mandando el convenio de empresa.

También prometió este martes mantener la ultraactividad, la prórroga automática de los convenios colectivos cuando éstos caducan y mientras sindicatos y patronal negocian su renovación. Pero lo cierto es que se conserva la limitación temporal de esa prórroga establecida por la reforma de 2012. Sólo que se extiende de 12 a 18 meses.

El tercer elemento que quiere eliminar Pedro Sánchez es la capacidad que la reforma ha dado al empresario para alterar “de forma unilateral” las condiciones laborales. Se refiere el candidato a la Presidencia al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. El pacto con Ciudadanos no lo deroga, únicamente limita esa “capacidad unilateral” en el caso de que la empresa quiera modificar la estructura y la cuantía del salario: podrá rebajarlo hasta un máximo del 5% y por un plazo también máximo de 12 meses, transcurrido el cual puede negociar una segunda bajada. En el resto de los aspectos en que la reforma permite al empresario modificar las condiciones de su plantilla de forma unilateral –jornada, horario, sistema de trabajo y funciones–, la reforma ni se toca, según el programa de gobierno pactado entre Sánchez y Rivera.

Con esas tres medidas, Pedro Sánchez considera que se recuperarán “el equilibrio de las relaciones laborales en la empresa” y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores” destruidos por la reforma del PP.

Contrato temporal

El cuarto elemento que quiere derogar es la “permisiva regulación del contrato temporal”. En realidad, esa regulación es muy antigua –la estableció el Gobierno socialista en 1984– y la reforma de 2012 apenas la ha cambiado. Sólo redujo de tres a dos años el periodo máximo en que una empresa puede encadenar contratos temporales para el mismo trabajador. La reforma anterior, del Gobierno socialista, en 2010, aumentó la indemnización de los contratos temporales de forma progresiva hasta los 12 días por año en que se encuentra hoy.

Así, lo que PSOE y Ciudadanos proponen al respecto es menos una derogación de la reforma laboral que crear un nuevo tipo de contrato, un híbrido entre la propuesta de contrato único con indemnización creciente según la antigüedad y el contrato temporal. Le han cambiado el nombre  –“contrato estable y de duración determinada”, dijo en el debate–, pero seguirá siendo un contrato temporal, con un máximo de duración de dos años, igual que ahora. La diferencia es que, al término de ese segundo año, la indemnización del trabajador aumenta a 16 días por año.

Además, Sánchez se compromete a prohibir que las empresas cubran puestos de trabajo permanentes con contratos temporales. En realidad, la ley actual ya lo prohíbe. El Estatuto de los Trabajadores establece que un empresario sólo puede ofrecer un contrato temporal cuando su objetivo sea ejecutar una determinada obra o servicio, cuando “las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos” así lo exijan o cuando se necesite sustituir a otro trabajador –por una excedencia, por ejemplo–. Sin embargo, hasta el 95% de los contratos que se firman cada año en España son temporales. Es decir, la inmensa mayoría se celebra en fraude de ley, son el instrumento habitual utilizado por las empresas para cubrir puestos de trabajo estructurales y permanentes.

Ateniéndose, por tanto, a la literalidad del discurso de Pedro Sánchez, su hipotético Gobierno mantendrá el contrato de apoyo a los emprendedores, creado en 2012 y polémico porque incluye un periodo de prueba de un año. Es decir, muy superior al fijado por la ley para el resto de los contratos. Aunque no ha tenido mucho éxito entre las pymes a las que iba destinado, hasta el 85% de ellos excluyen los múltiples incentivos y bonificaciones a los que da acceso. Los sindicatos denuncian que ese fenómeno se debe a que los empresarios usan este contrato, en teoría indefinido, como un contrato temporal de un año que permite despedir gratis y sin causa al término del periodo de prueba.

Tampoco modificará Pedro Sánchez la regulación del contrato a tiempo parcial, que la reforma laboral flexibilizó y que, según han denunciado hasta ahora los socialistas, permite una gran bolsa de fraude gracias a las horas extraordinarias. De hecho, el PSOE presentó en noviembre de 2014 un Plan contra la Explotación Laboral que derogaba la regulación del contrato a tiempo parcial tal y como quedó fijada en la reforma.

El despido seguirá como lo dejó la reforma laboral

Lo mismo ocurrirá con las indemnizaciones por despido. Las reformas de 2010 y 2012 las recortaron en el caso del cese improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y, sobre todo, facilitó los despidos objetivos por causas económicas, organizativas y de producción , por lo que se ha generalizado la indemnización de 20 días. Sánchez ni siquiera ha citado en su discurso el punto del acuerdo con Albert Rivera que promete “clarificar las causas del despido”, sin más precisiones.

De esta forma, el empresario también podrá seguir despidiendo con sólo aducir que prevé tener pérdidas en el futuro o que sus ventas o ingresos han caído durante nueve meses. Y podrá suspender los contratos o reducir jornadas y salarios a su plantilla cuando las ventas o ingresos hayan disminuido durante seis meses.

También podrán seguir acometiendo despidos colectivos las administraciones públicas, una novedad más introducida por la reforma del PP. A éstas, sin embargo, no se les permite utilizar las medidas de flexibilidad interna –suspensión de contratos y reducción de jornada– que la ley de 2012 pretende incentivar en las empresas privadas como alternativa al despido.

Otro cambio fundamental de la reforma laboral, que suprimió la necesidad de autorización administrativa  –del ministerio o la consejería autonómica de Empleo correspondiente–  para ejecutar un despido colectivo, ha quedado en el cajón socialista. Ahora basta con que las empresas comuniquen a la administración que van a presentar a los sindicatos la medida. Tras negociarla durante un mes con los representantes de los trabajadores, la aplican, haya acuerdo o no con ellos.

En cualquier caso, Pedro Sánchez reiteró en el Congreso que quiere redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que deberán negociar patronal y sindicatos en el plazo de un año. Ellos, en teoría, podrán modificar más aspectos de reforma laboral si consiguen ponerse de acuerdo. En 2012 no fueron capaces y el PP aprobó su ley por decreto.

Aunque no figuran en la reforma de 2012, sí fueron aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy otras dos medidas adicionales cuya supresión anunció Pedro Sánchez este martes. Eliminará “muchas” de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social con las que el PP pretendía estimular los contratos indefinidos. Expertos, sindicatos y oposición coinciden en que estas deducciones son ineficaces y reducen peligrosamente los ingresos de la Seguridad Social. También recuperará el subsidio para mayores de 52 años, que el Ejecutivo del PP retrasó hasta los 55, además de endurecer sus requisitos de acceso.

Salario mínimo, amnistía fiscal, dependencia

Respecto al salario mínimo (SMI), que tras negociar con Ciudadanos el PSOE accedió a aumentar sólo un 1% el próximo año, Pedro Sánchez prefirió no precisar cifras en su discurso ante el Congreso. Se limitó a prometer que la subida del SMI permitirá “recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos últimos cuatro años”, sin especificar cuánto tiempo tardará en hacerlo.

El resto de sus propuestas económicas repitió el programa firmado con Ciudadanos: reforma nueva fiscal, negociación con Bruselas de un retraso en los objetivos de déficit y deuda, recuperación del gasto social… Pero también prometió no aprobar nuevas amnistías fiscales si gobierna. Y recuperar el derecho a cotizar a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de dependientes, que el PP suprimió en diciembre de 2012 y en el pacto con Ciudadanos apenas aparece esbozado.