VÍDEO: la declaración del testigo de ‘Gürtel’ que atribuye a una decisión de la Comunidad de Madrid el pelotazo de Arganda

El comisario José Manuel Villarejo, el responsable de la investigación sobre el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, aseguró a la jueza de Estepona Isabel Conejo que un confidente policial alertó de que el político que se habría hecho "con la mayor parte del pastel" habría sido el propio González. 

Y este colaborador de la Policía especificó, además, que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid podría haber recibido hasta dos millones de euros. El dúplex de lujo de Estepona sería de esta forma la parte en especie de esta mordida, un hecho que siempre ha negado el expresidente madrileño.

infoLibre ha tenido acceso al vídeo de la declaración del testigo de Gürtel Gilbert BarbanyGürtel, que en diciembre de 2012 tiró de la manta para reconocer que después de que la promotora Martinsa se hiciera con unos terrenos municipales en Arganda del Rey (Madrid), el Consistorio de Ginés López, imputado en Gürtel, aprobó con el aval de la Comunidad de Madrid una modificación sustancial del plan parcial que permitió a Martinsa construir un 70% de viviendas más, aunque sin aumentar los metros cuadrados edificables. 

25 millones para Correa

En el caso de Arganda del Rey, considerado el mayor pelotazo de la trama Gürtel, también está imputado el propietario de Martinsa, Fernando Martín, y el excargo de este Ayuntamiento y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. El juez acusa a Francisco Correa de haber cobrado 25 millones por su intermediación en esta operación.

El comisario Villarejo aportó por su parte en su declaración un dato sustancial: que los confidentes también dijeron que los fondos en metálico para la compra del inmueble de lujo podrían tener su origen en una cuenta corriente de Fernando Martín de Islas Caimán.

En este punto de la investigación, el testimonio del arquitecto catalán Gilbert Barbany, que recibió el encargo de Martinsa para diseñar la promoción urbanística, resultó de gran importancia para determinar el posible grado de implicación de la Comunidad de Madrid.

"Se iban a modificar"

Así, Barbany dijo en su primer testimonio ante el juez Pablo Ruz que desde un principio en Martinsa sabían que las condiciones del plan parcial "se iban a modificar para que fueran rentables". Según sus cálculos, que aportó en la Audiencia Nacional, la Comunidad de Madrid posibilitó unos cambios urbanísticas que suponían 199 millones más de beneficios.

"Las condiciones del concurso no eran favorables a nadie, eran inviables. Las bases del concurso decían que se podían edificar 1.500 viviendas, que es lo que marca a Ley del Suelo. Y nos salían viviendas de 170 metros cuadrados que eran invendibles", explicó Barbany al magistrado a preguntas de una de las fiscales.

Según la interpretación de Barbany, que reconoció que acudió a denunciar su caso porque Fernando Martín no le pagaba una deuda de más de 600.000 euros, la adjudicación de Arganda del Rey "no era en absoluto rentable, y Fernando Sáenz de Martinsa nos dijo que se iban a modificar".

Un 70% más de viviendas

De esta forma, y gracias a las modificaciones de la Comunidad de Madrid, según el testigo, Martinsa pudo pasar de poder construir 1.500 viviendas a 2.731, lo que suponía un aumento del 70%: "Nos daba la risa, porque era increíble, ya que nos daba una densidad de viviendas que no tenía ninguna ciudad de España. Por eso teníamos que hacer edificios de 14 y 15 plantas, cuando no los hay ni en Madrid", espetó el arquitecto en su testimonio de diciembre de 2012. 

"En algunas de estas reuniones sentía vergüenza", reconoció el testigo, que explicó al juez que estaba haciendo correcciones del plan parcial que estaban "fuera de toda lógica". Y para diseñar las nuevas viviendas, el aquitecto tuvo que aumentar las alturas de los inmuebles: "Había un edificio de 15 plantas y otros de 11 y 12 alturas", cuando no se podía superar las cinco plantas. "En las parcelas no cabían tantas viviendas", reconoció Barbany al juez Ruz, que explicó también que los 199 millones de beneficio se conseguía porque había unas 800 viviendas más, que a su vez eran más pequeñas para que se vendieran mejor.

La modificación aprobada por la Comunidad de Madrid era tan importante que el arquitecto aseguró que en las reuniones le dijeron que "ningún técnico quiso aprobarlo, y tuvo que hacerlo un político". Y entonces la fiscal preguntó sobre si sabía que la persona que rubricó la modificación del plan parcial de Martinsa había sido el entonces director general del Urbanismo, Enrique Porto. "Lo supe después", contestó el testigo.

"Diferencias desmesuradas"

De nuevo interpelado por la responsable del Ministerio Público, Gilbert Barbany explicó que nunca había visto un cambio tan radical entre las magnitudes de la adjudicación y el resultado final: "Yo nunca había visto unas diferencias tan desmesuradas. Creo recordar que con 2.200 viviendas ya había suficiente, y 2.700 ni se nos ocurrió". Por eso, Barbany estaba seguro de la Comunidad de Madrid "no lo iba a aprobar, porque en el Ayuntamiento no teníamos ninguna duda, ya que nos habíamos reunido con ellos y habíamos hecho lo que nos dijeron".

Además, Barbany aportó al juez tres correos electrónicos que documentaban las reuniones que el arquitecto de Martinsa mantuvo con responsables del Ayuntamiento de Arganda del Rey: "Mantuvimos una docena de reuniones con técnicos del Ayuntamiento de Arganda. Se produjeron antes, durante y después del concurso", completó.

Martín ataca al arquitecto

Por su parte, Fernando Martín registró en la Audiencia Nacional un escrito, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que aseguró que el arquitecto confundió conceptos esenciales del ámbito urbanístico como son "número de viviendas" y "aprovechamientos".

"Así, el señor Barbany alega constantemente que se modificó el número de viviendas, ignorando que lo realmente relevante en el ámbito del urbanismo y del Plan General de Ordenación Urbana es que no se altere el aprovechamiento. En este sentido, el Plan Parcial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento [de Arganda] no sólo no alteró el planeamiento sino que ni siquiera llegó a consumir todo el aprovechamiento disponible", especifica el documento.

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No fue la Comunidad

Martinsa también resalta que de forma contraria a lo manifestado por el arquitecto, "el Plan Parcial no debió de ser aprobado nunca por la Comunidad de Madrid sino por el Ayuntamiento de Arganda tal y como se llevó a efecto por mayoría de los miembros del Pleno de dicho Municipio". Sin embargo, el documento no alude a la modificación de la edificabilidad aprobada por el entonces responsable de Urbanismo del Gobierno madrileño, Enrique Porto.

En el escrito, Martín rechaza que el proyecto no fuera viable, tal y como explicó el testigo ante el juez, al que dijo que Barbany como arquitecto "carecía de la formación y la información necesaria para elaborar un informe de viabilidad que permitiese llegar a tal conclusión".