El rector de la Politécnica que echó a 301 empleados y adjudicó a dedo un terreno pierde las elecciones

Carlos Conde no revalidará su cargo como rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El que hasta ahora era el máximo responsable del campus madrileño logró este miércoles el 32,06% del voto ponderado, frente al 67,94% de su contrincante, el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación Guillermo Cisneros. 

Este último recibió el apoyo de los profesores doctores con vinculación permanente, con un 64,45 %, y del resto del personal docente e investigador, con un 63,40%. También sumó un alto porcentaje del voto estudiantil, con un 72,23 % y del personal de administración y servicios, con un 84,32%, según difundió la UPM a través de su página web. 

Precisamente el Personal de Administración y Servicios (PAS) ha sido de los colectivos más críticos con Carlos Conde. Fue bajo su mandato, en 2013, cuando el campus inició el proceso de amortización de 301 plazas del PAS, lo que supuso el despido de otros tantos trabajadores. La universidad puso en marcha este plan bajo la justificación del recorte del dinero que destinaba la Comunidad de Madrid a todos los campus públicos y del ajuste de precios en los estudios tras la subida de tasas aplicadas a los alumnos.

Tal y como desveló infoLibre este proceso ha tenido, hasta el momento, un coste de 10,3 millones de euros para la UPM. En junio de 2014 el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de parte de esos trabajadores –en concreto, de los 156 que eran personal laboral interino– y obligó al centro a readmitirles y a pagarles el sueldo acumulado desde que fueron despedidos. La universidad no aceptó que volvieran y les ofreció –asesorada por el bufete Sagardoy– pactar un despido improcedente o ir a otro ERE.

Estos despidos tuvieron una fuerte respuesta en parte de la comunidad educativa y en los sindicatos. De hecho, la Asociación Memoria 301, de la que forman parte trabajadores de la UPM, ha llevado a los tribunales a los máximos responsables de este campus durante ese proceso. Este colectivo presentó el pasado 17 de febrero ante el juzgado decano de Madrid una denuncia –a la que tuvo acceso este periódico– en la que atribuye a Carlos Conde Lázaro, y a la gerente, Carmen García de Elías, los supuestos delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos por su gestión al respecto. No obstante, se necesitarán varias semanas para saber si la denuncia es o no admitida a trámite. 

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Adjudicación a dedo 

Por otro lado, Carlos Conde también fue cuestionado por las organizaciones sindicales por la venta a dedo, es decir, sin concurso público, de los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Universitaria de la capital a la empresa de sanidad privada IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. Conde ocultó al órgano de gobierno y al Consejo Social detalles sustanciales de la venta y sólo informó en el primero de esos órganos cuando ya se había producido.

Tras publicar infoLibre esta información en junio de 2015 el rector la calificó de "errónea" en una circular a los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, su carta confirmaba íntegramente los datos proporcionados por este diario sobre la operación. Conde dijo lamentar que "una vez más, algunos medios hayan tergiversado los hechos, dañando la imagen de la universidad" y avisó de que la UPM se reservaba "los derechos de actuación jurídica contra los responsables".