País Vasco
El Gobierno pide a la Fiscalía que impida un concierto de Pablo Hasel
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, remitió esta mañana un oficio al Fiscal de la Audiencia Nacional en el que pone en su conocimiento la celebración este próximo sábado en Bilbao, en el Etxarri Gaztetxea de Rekalde, de un concierto organizado por Gestoras Pro Amnistía y que contará con la actuación, entre otros, del rapero Pablo Hasel "condenado por enaltecimiento del terrorismo",terrorismo",por lo que pide la adopción de las medidas "oportunas" para evitar su celebración.
En este sentido, Urquijo manifestó que "asociaciones ilegalizadas por pertenecer a la estructura de una banda terrorista no tienen capacidad para organizar absolutamente nada y menos aun cuando pretenden realizar conciertos invitando a personas que han sido condenadas por enaltecimiento del terrorismo como el rapero Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasel, al que recientemente el Supremo ratificó la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por incitar al odio elogiando a terroristas de ETA, Grapo y otros grupos", ETA,según Europa Press.
Urquijo recordó que "hace un par de semanas, curiosamente a instancias de la denuncia y la presión de quienes defienden la amnistía para los terroristas", se suspendió en el Teatro Campos Elíseos la representación de una obra que se consideraba "denigrante" para las mujeres.
El abusivo negocio de la reventa de entradas: webs que siguen haciendo caja beneficiadas por un vacío legal
Ver más
"Esperamos que la reacción de los grupos municipales del Ayuntamiento de Bilbao, a los que en vista de los precedentes parece que se unirá la reciente sensibilidad de EH Bildu para con los derechos humanos, consiga impedir que se celebre esta lamentable actuación", manifestó.
En cualquier caso, el delegado del Gobierno, ante la proximidad del concierto, comunicó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su celebración a fin de que adopte "las medidas oportunas para evitar su desarrollo en atención a la situación de ilegalidad del grupo convocante".
"Estamos obligados a velar por el cumplimiento de la ley y, en consecuencia, asumir la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo tratando de evitar el desarrollo de actos que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, y el caso que hoy denunciamos se incluye claramente entre estos supuestos", advirtió Urquijo.