10 años del accidente del metro de Valencia: claves de una reparación tras una década de olvido

Maica tendría ahora 51 años y el mismo rostro que Rosa Garrote, su hermana gemela y presidenta de la asociación de víctimas del metro 3 de Julio (AVM3J). Aquel día, hace 10 años, una unidad de la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) descarriló a pocos metros de la estación de Jesús. Eran las 13:02 horas. Maica fue una de las 43 víctimas de un accidente que también dejó 47 heridos de distinta gravedad. “El tiempo mitiga el dolor y aumenta la esperanza y la ilusión por los muchos objetivos cumplidos”, hace balance para infoLibre Rosa Garrote, quien este domingo se unirá a la concentración de decenas de familiares sobre la curva fatídica. Un aniversario igual pero distinto. Han sido 9 años de desprecio del Partido Popular y uno de desagravio por parte del Gobierno del Botánico (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos). Así lo sienten las familias. Estas serían algunas claves de la reparación moral y política.

Las víctimas entran al Palau

El Gobierno valenciano no ha escatimado en gestos hacia las víctimas, las primeras en pisar el Palau de la Generalitat tras las elecciones de mayo de 2015. Sucedió el 1 de julio de 2015. Un acto público en que el Consell pidió perdón a las víctimas. Y a los dos días, la entonces presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, intervino en las Corts Valencianes para denunciar al Partido Popular por su “gestión opaca y deshonesta del accidente, en que sentíamos que se nos ocultaba información”. “Fracasados, demagogos y crueles”, arremetió Garrote contra la muda y cabizbaja bancada del PP.

Unos adjetivos lanzados con precisión. Desde que ocurrió el accidente el entonces president, Franciso Camps, se negó a recibir a las víctimas pese a insistir en que las llevaba “en el corazón”. Una víscera endurecida por el miedo a mostrar debilidad en el punto más álgido de su carrera política. De ahí la consigna de que no hubiera dimisiones. Si los responsables directos del siniestro, técnicos y políticos, no cesaban, la responsabilidad jamás reptaría escaleras arriba del Palau. Y en aquella barricada no había sitio para el lamento y la indignación de las víctimas. Camps dimitió en julio de 2011 por el conocido como caso de los trajes. Le sustituyó Alberto Fabra, quien se reunió con las familias con un taco de evasivas en la mano a las reivindicaciones plateadas por la asociación. “Otro fracaso”, lamentó Beatriz Garrote. “Hubiéramos preferido que la reparación llegara desde el PP, que es quien causó el daño”, replica su hermana Rosa.

El Gobierno valenciano también se ha volcado con el homenaje del décimo aniversario. La estación del accidente ha recuperado el nombre original después que el PP la rebautizara primero como Joaquín Sorolla y después le añadiera el nombre de Jesús ante la protesta ciudadana. Ahora solo se llamará Jesús. Además, en la de Colón, en el centro, se ha organizado una exposición que recorre la década de lucha de la asociación. Buena parte de las imágenes son de las protestas cada tercer día de mes en la plaza de la Virgen. En total más de un centenar de concentraciones, dos de ellas multitudinarias: la de despedida en julio y la de mayo de 2013, tras aquel programa de Salvados, en La Sexta, que removió conciencias y devolvió el caso, con todas sus lagunas, a la portada de los diarios.

De la comisión de los cuatro días a la de los seis meses

“43 fallecidos + 47 heridos = 0 responsables”. Esta ha sido la oprobiosa suma esgrimida por las familias en sus camisetas reivindicativas. Una cuenta que se dirimió en la primera comisión del metro, en agosto de 2006, donde el PP hizo uso de la mayoría absoluta para vetar comparecientes, censurar documentación y legitimar la versión de que el accidente fue “imprevisible e inevitable” y que la única causa fue la velocidad: 80 quilómetros por hora en una curva limitada a 40. El siniestro más grave de un suburbano en Europa se resolvió en cuatro días de comparecencias. Una comisión que hasta en 19 ocasiones intentó reabrir la oposición y que solo pudo constituirse tras el gobierno del cambio.

En este caso las sesiones se han desarrollado durante seis meses. Todos los grupos políticos, a excepción del PP, han concluido que las causas “fueron múltiples por la mala gestión y la falta de inversión de FGV”. Un documento de 304 páginas frente al puñado de folios redactados en 2006. Y un encabezado diáfano: “Predecible y evitable” tras el que se enumeran las numerosas irregularidades constatadas. Entre ellas la falta de inversión y modernización en las líneas o las numerosas quejas de los sindicatos ferroviarios, que alertaron antes del descarrilamiento de las deficiencias físicas, en especial en el punto del accidente, con un bache que hacía zigzaguear los vagones. O la falta de mantenimiento de las unidades en la que se practicaba “canibalismo” de piezas ya en desuso. O su escaso número, lo que obligaba a pisar el acelerador en máquinas en las que a veces no funcionaba el velocímetro.

También la desidia, ya que en el punto fatídico sí existía una baliza de frenado, pero mal programada. Y todas las irregularidades posteriores: la desaparición del libro de averías, el supuesto borrado “accidental” de la caja negra, los errores de custodia de la unidad accidentada y la contratación de un empresa de comunicación, H&M Sanchis, para aleccionar a los técnicos y directivos en la versión oficial y en la que palabras como “baliza” o “tragedia” estaban prohibidas. Un éxito, el de la comisión y la consigna, que se celebró con una opípara mariscada pagada con dinero público.

De 0 a 14 responsables

Según el informe de esta segunda comisión los principales responsables políticos son Francisco Camps, Victor Campos (exvicepresidente encargado de gestionar las ayudas), Serafín Castellano (entonces portavoz del PP en las Corts) y el exdirector general José Vicente Dómine. También Juan Cotino, la omnipotente mano derecha de Camps, quien reconoció haber visitado “por su cuenta y conciencia” al menos a 35 familias. Algunas de ellas denunciaron que éste les ofrecía trabajo o becas para los hijos a cambio de no acudir a la Justicia. También se enjuagan las competencias de varios directivos del cuerpo técnico de FGV, con la exgerente Marisa Gracia a la cabeza. Y de Pedro García y Lluís Motes, director general de RTVV y Jefe de Informativos respectivamente, quienes efectuaron “una información manipulada” destinada a que la realidad “no llegara a la ciudadanía de forma veraz y objetiva”.

Una causa judicial aún pendiente

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Es el gran objetivo por cumplir para los familiares: que la instrucción judicial avance y culmine en la misma dirección y sentido en que lo ha hecho la comisión política. El pasado 28 de junio, la magistrada Nieves Molina, titular del juzgado número 21 de Valencia, imputó a Marisa Gracia y otro cinco exdirectivos. Lo habían solicitado la Fiscalía provincial y las familias personadas en la causa. Seis nombres que se unen a los tres altos responsables técnicos y de explotación imputados desde mayo de 2014. El procedimiento queda a la espera de lo que señale el informe pericial solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y que será fundamental a la hora de delimitar responsabilidades penales. Las últimas imputaciones llegan ante el riesgo de prescripción de los delitos una década después de su comisión.

Por un futuro más seguro

La última foto de las víctimas con miembros del Consell se produjo el pasado martes durante la presentación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria, que incluiría una de las peticiones principales de las víctimas: la creación de una comisión independiente para analizar incidentes ferroviarios e investigar accidentes. La tramitación de la normativa se iniciará en agosto. “Es un acto más de justicia y reparación hacia las víctimas”, señaló el president Ximo Puig. Y Rosa Garrote recordó que el accidente del 3 de julio de 2006 se produjo “por una mala gestión, porque no había una ley que respaldara la seguridad ferroviaria y que protegiera la vida de los ciudadanos que viajaban en el metro”. Con todo, la nueva ley culminaría las expectativas de las víctimas, resumidas por Beatriz Garrote el pasado 23 de mayo en la comisión parlamentaria: “Que no vuelva a pasar. Es el único sentido que podemos hallar a la muerte de nuestros familiares”.