El acuerdo entre PP y Ciudadanos: nunca un pacto fue tan efímero

Nunca un pacto fue tan efímero. Ni tan poco valorado por sus firmantes. Uno dijo que era la forma de elegir entre lo malo y lo peor. El otro que era consciente de que no pasaría a la historia por haberlo firmado. Y 180 diputados han negado por dos veces su virtualidad para construir sobre él un cambio político para nuestro país. Pero ¿por qué?

Hace unas semanas me invitaron a participar en un debate sobre cómo repensar el sindicato y la acción sindical. En él me preguntaban acerca de los cambios que se habían producido y se habían de producir en el futuro en nuestro mercado de trabajo y las respuestas posibles ante esos cambios. Tuve entonces ocasión de decir que nada termina en un momento dado para dejar paso a una nueva y completamente diferente situación y, por tanto, que los problemas del mercado de trabajo de nuestro días eran una suma de problemas clásicos y problemas que estaban empezando a germinar.

Los problemas clásicos son de sobra conocidos. El paro (que en agosto ha vuelto a subir), la precariedad, la pobreza laboral, la desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia en el empleo y la falta de salud y seguridad en el trabajo son quizá los más relevantes. Junto a ellos, empiezan a germinar problemas que tiene que ver con la digitalización de la economía y la producción y nuestra demografía, que amenaza un porvenir de envejecimiento masivo de nuestra población. Todos ellos están aquí, en la realidad de nuestro mercado de trabajo, y todos ellos van a exigir una respuesta en términos políticos de nuestros gobernantes. Sin embargo, poco o muy poco se decía de cómo afrontarlos en el acuerdo entre PP y Ciudadanos.

Para empezar no había una sola medida dirigida a solucionar el problema del desempleo. Hay que reconocer que es un problema de no fácil solución. Pero también que no basta con confiar en el crecimiento de la economía para atajarlo. Que se necesita algo más que la economía crezca para que los más de 4,5 millones de desempleados que hoy tiene nuestro país puedan volver al trabajo. Sobre todo los casi 2 millones de ellos que llevan 2 o más años buscando empleo. Está demostrado que, cuanto más tiempo lleva un trabajador en situación de desempleo, más difícil es su contratación porque se va descapitalizando profesionalmente. De ahí que la lucha contra el paro de larga duración exija medidas que acerquen a los desempleados a la posibilidad de trabajar mediante el propio trabajo, como pueden ser los planes de empleos de transición financiados con fondos públicos.

No había una sola medida de estas características en el acuerdo PP/Ciudadanos. Bajo un rimbombante título de “plan de choque contra el desempleo” solo se proponía un perfilado estadístico de los desempleados y el impulso a un portal único de empleo, además de la creación de un denominado “Instituto Estatal para el Talento en el Empleo”, que no se ocuparía de talento alguno, sino de coordinar y evaluar las políticas de empleo de las comunidades autónomas, cosa que es necesaria (y que ya se hace), pero que poco o nada tiene que ver con el talento en el empleo.

Mención aparate merecen las otra tres medidas incluidas en el presunto “plan de choque contra el desempleo” del PP/Ciudadanos. Dos eran el reconocimiento sin más del fracaso y la mala gestión de políticas públicas del Partido Popular. Me refiero a la dar impulso a la Garantía Juvenil y evaluar el Programa de Activación para el Empleo. Aparte de que no se expresara detalle alguno sobre cómo dar impulso o evaluar ambos programas, conviene recordar que ambos existen ya y que ambos han fracasado estrepitosamente por la desidia política en su ejecución. La Garantía Juvenil, que es una buena idea de la Unión Europea, se puso en marcha aquí –el segundo país de la UE con mayor tasa de paro juvenil de la UE- tarde y mal. Relegada a una web ajena a los canales habituales de las políticas de empleo y sin orientadores que guíen a los jóvenes en el camino hacia el trabajo o la formación, ha tenido un muy escaso éxito. Tanto que solo 1 de cada 4 menores de 30 años en situación de desempleo están inscritos en este programa (poco más de 300.000 mil de un universo de posibles beneficiarios superior a los 1,2 millones de menores de 30 años desempleados) y que es bien probable que España tenga que devolver en 2017 por falta de ejecución los fondos que le había asignado la UE para batallar contra el desempleo entre los jóvenes.

Algo semejante ha sucedido con el Plan de Activación para el Empleo, pactado con los sindicatos en diciembre de 2014 y que ha tenido una incidencia mínima en el alivio de los desempleados que habían agotado sus prestaciones. De un universo de posibles beneficiarios cercano a los 400.000, la realidad es que en 2015 fueron poco más de 53.000 las personas que se beneficiaron de esta ayuda de 426 euros y en lo que va de 2016 poco más de 24.000 . Y ello a pesar de que tenemos más de 3,3 millones de desempleados sin protección por desempleo y de que la tasa de cobertura frente al paro ha pasado del 69,20% en diciembre de 2011 al 57,7% actual.

Pues bien, nada se decía en el acuerdo PP/Ciudadanos sobre qué hacer con los desempleados más allá de la evaluación e impulso de estos dos programas fallidos. ¿Se iban a incrementar las inversiones en políticas activas de empleo, siendo, como somos, unos de los países de la UE con menor inversión en mejorar las posibilidades de encontrar empleo de los desempleados? ¿Se iba a reformular la protección por desempleo para que no haya personas en paro sin protección? ¿Se iba a impulsar alguna medida como la renta mínima o la renta básica para reparar la situación económica de los 693.600 hogares en los que no se percibe renta alguna? Pues al parecer no.

No corría mejor suerte la formación de los trabajadores de nuestro país, uno de los grandes retos que tenemos por delante. Más del 54% de las personas en desempleo ni siquiera han completado la segunda etapa de la educación secundaria obligatoria; más del 34% de las personas ocupadas están en la misma situación. Estas cifras de bajo nivel de estudios de nuestra fuerza de trabajo son ya de por sí negativas, pero se agravan ante el avance en la digitalización de la economía, que requerirá una formación de los trabajadores que hoy a todas luces no tienen. Es más, según la UE, sólo el 3,1% de los trabajadores españoles son especialistas en digitalización . Frente a ello, el acuerdo PP/Ciudadanos se despachaba con lugares comunes (“hay que mejorar la competencia digital de los trabajadores”, “hay que ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital”) y un cheque formación. ¿Un cheque formación para qué? ¿Para que los trabajadores se formen en aquello que buenamente deseen aunque nada tenga que ver con las necesidades de su perfil profesional o de la empresa en la que prestan sus servicios? Esa no es la finalidad de la formación profesional para el empleo, que debe estar pegada y al servicio del modelo productivo y las necesidades de actualización y reciclaje profesional de los trabajadores. ¿Un cheque para hacer emerger un mercado de “chiringuitos” de formación que tengan como único objeto el reclamo para la recepción y cobro de los cheques de formación? ¿Pero no habíamos hecho una reforma de la formación para el empleo para intentar atajar estas “disfunciones”? El problema y el reto que plantea la formación de la fuerza de trabajo de nuestro país es tan importante, que un cheque formación como solución es –y permítaseme decirlo de este modo- como dar una aspirina a quien tiene cáncer.

Nada se decía, por otra parte, de la seguridad en el trabajo en el acuerdo, aunque el número de accidentes de trabajo no hace más que aumentar. Los temas de igualdad entre mujeres y hombres se limitaban a enunciar los tópicos habituales: “igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años”, “corregir la brecha salarial”, “fomentar el empleo y la formación de las mujeres”, “incentivar la representación de las mujeres en los altos cargos y consejos de administración”, …, píos deseos, que todos podemos compartir, pero sin esgrimir un solo instrumento o medida que pueda hacerlos realidad (lo que contrasta poderosamente con otros objetivos –véase, por ejemplo, la creación de la denominada Red Cervera de Transferencia Tecnológica- donde se enuncian los detalles hasta prácticamente la extenuación).

Dos temas me parecen, sin embargo, de especial interés en este acuerdo. Y lo son porque expresan las “querencias” de Ciudadanos en materia laboral. El primero es el que tiene que ver con la lucha contra la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo, donde Ciudadanos lleva tiempo predicando el llamado “contrato único”. El segundo es el “complemento salarial” para animar a los trabajadores a que acepten malos empleos con malos salarios, consecuencia de la devaluación salarial puesta en práctica con la reforma laboral del Partido Popular.

PP y Ciudadanos habían aceptado una propuesta que es del PSOE, la de reducir a tres el número de tipos de contrato de trabajo. Pero Ciudadanos, para no renunciar a su propuesta de “contrato único”, siquiera nominalmente, había cambiado el contrato temporal por uno llamado “de protección creciente”, resultando, al menos en apariencia, que los contratos temporales (salvo los de formación) habían desaparecido del mapa y, con ellos, la precariedad suma que está instalada en nuestro modelo laboral. Quiero recordar que, según datos del mes de agosto, en lo que llevamos de año se han firmado más de 11,6 millones de contratos temporales, lo que supone que más del 91% del total de contratos del año tienen fecha de caducidad. Una fecha de caducidad cada vez más corta, porque la duración media de estos contratos no alcanza ni siquiera los 49 días. Es decir, que la lucha contra la precariedad es claramente un problema de gran envergadura.

Pues bien, no se puede hacer alarde de nominalismo para atajar un problema tan serio. El contrato de “protección creciente” no deja de ser un contrato temporal, porque así se decía de forma clara en el propio acuerdo: un contrato con “duración determinada” de tres años. Lo creciente es su indemnización y nada tengo que objetar frente a ello. Pero sí que se pretenda de alguna manera enmascarar con un puro cambio de nombre la existencia de contratos temporales y, por ello, la más que probable continuidad de las altas tasas de precariedad que hoy rigen en nuestro mercado de trabajo. Cambiar el nombre de las cosas no soluciona los problemas, es simplemente crear espejismos, impropios, en mi opinión, del rigor y la seriedad políticas.

Más grave es el tema del famoso complemento salarial. Aquellos trabajadores que tienen malos empleos con malos salarios iban a recibir, en aplicación del acuerdo PP/Ciudadanos, un “complemento salarial garantizado” en forma de “impuesto negativo”. España tiene un problema de bajos salarios, fruto de la devaluación salarial querida y lograda por la reforma laboral del PP. Los últimos datos sobre rendimientos de trabajo de la Agencia Tributaria no dejan lugar a dudas: el 41,7% de los perceptores de rendimiento del trabajo tienen unas rentas anuales por debajo de 12.000 euros, un 11% más que al comienzo de la crisis. Más de 8 millones de personas, así pues, que no llegan ni a mileuristas.

En el acuerdo entre PP/Ciudadanos nada se decía de subir el salario mínimo interprofesional, ni de fortalecer la negociación colectiva, hoy muy debilitada gracias a la reforma laboral del Partido Popular. Para estos Partidos Políticos los bajos salarios no son un problema de los empresarios, sino de la ciudadanía en general. En lugar de proponer algún mecanismo para que las empresas suban los salarios, PP y Ciudadanos han propuesto que con los impuestos de todos nosotros complementemos los malos salarios que pagan las empresas. Y la pregunta que tenemos que hacernos, dada la querencia de Ciudadanos hacia este complemento salarial, es ¿quién debe pagar el salario de los trabajadores? ¿el empresario que recibe el trabajo y asume los beneficios de la actividad productiva realizada por el trabajador o el conjunto de los ciudadanos de un país mediante sus impuestos? Hoy por hoy creo que la respuesta debe ser que el trabajo debe ser remunerado por quien se beneficia del mismo y, por ello, por la empresa que contrata al trabajador y no por todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Establecer un complemento salarial de estas características es hacer recaer en la ciudadanía la responsabilidad económica que le corresponde únicamente a las empresas.

Es verdad que algunos dicen que este complemento es también una forma de estimular a que trabajadores con bajo nivel de cualificación acepten los malos empleos que “les corresponden”. En el pacto PP/Ciudadanos parecían ser de esta opinión, porque, como ya dije antes, nada se había expresado en ese acuerdo sobre el incremento de inversiones en políticas activas de empleo y muy poco sobre la política de formación. Sin políticas activas de empleo y una estrategia de formación profesional que permita a los trabajadores escasamente cualificados salir de esa situación para aspirar a un mejor empleo, el complemento salarial que les obliga a aceptar los malos empleos no hace más que cronificar su mala suerte o su destino adverso. Es algo así como negar la posibilidades de tener una vida mejor: “te doy un complemento salarial para que sigas teniendo un mal empleo con un mal salario, pero te niego las políticas que podrían mejorar tu posición en el mercado de trabajo”; “te “pego” para siempre a la miseria de un mal empleo y un mal salario, sin hacer nada para que puedas salir de ahí”. Y yo pregunto ¿no sería mejor financiar con dinero público las acciones que llevaran a esos trabajadores a tener un mejor empleo que pagarles para que se conformen con uno malo? Y un apunte más: allí donde este tipo de complementos están en vigor, jamás los trabajadores que los perciben consiguen mejorar su situación.

Sé, para terminar, que el acuerdo PP/Ciudadanos ya no tiene ningún vigor, pero espero que estas líneas ayuden a entender a alguna parte de la ciudadanía el por qué era tan difícil apoyar desde posiciones progresistas la investidura de Mariano Rajoy.

El futuro del trabajo que queremos

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Luz Rodríguez  es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Ejecutiva del PSOE y exsecretaria de Estado de Empleo (2010-2011) #dts iframe {display:none!important;} #dts #txt iframe, #dts .col8-f1 iframe {display:block!important;}