La sociedad civil juzga a Monsanto en La Haya por “ecocidio”

Dos madres iracundas fueron las primeras en tomar la palabra. Una es francesa; la otra, argentina. Antes de acudir a testificar, no se conocían. “Para mí es un honor ser la primera en hablar, de entre la larga lista de víctimas de Monsanto”, avisa Sabine Grataloup. Acto seguido, distribuyó a los jueces, sentados frente a ella, fotos de su hijo, nacido hace nueve años con varias malformaciones: sufre atresia esofágica. Respira gracias a una traqueotomía. Este 20 de octubre, será sometido a una nueva intervención quirúrgica, la número 51. “Conlleva mucho sufrimiento y riesgos vitales para él, porque una traqueotomía puede obstruirse en cualquier momento”, explica.

Sabine Grataloup es dueña de una pista de equitación. Todos los veranos, en la misma época, echaba un herbicida a base de glifosato, comercializado por Monsanto. También lo echó el año en que estaba embarazada, de apenas tres o cuatro semanas, sin tomar especiales precauciones. Entonces aún no sabía que esperaba un bebé. La mujer aclara que “en ese momento es cuando en el feto se forman el esófago y el feto”. Habla deprisa, con precisión. Apenas son las nueve de la mañana del sábado 15 de octubre en La Haya y las 250 personas sentadas entre el público escuchan con atención. “Este montón de coincidencias me conmoció [...]. Nos encontramos ante una epidemia de malformaciones, inducidas por el hombre”, concluye.

A continuación, toma la palabra María Liz Robledo. Una treintañera que ha realizado un largo viaje desde Baigorria (1.900 habitantes), al noroeste de la provincia del Gran Buenos Aires, para testificar. Su hija fue sometida a una operación, de seis horas, el mismo día de su nacimiento, en abril de 2013. Se encuentra mejor, pero sigue padeciendo problemas respiratorios que le impiden llevar una vida normal. María Liz Robledo vivió la mayor parte del tiempo en una casa junto a un descampado, donde se almacenaban bidones de pesticida. También recuerda el paso del “mosquito”, que es como los lugareños llamaban al avión que fumigaba los campos con pesticidas. “En mi pueblo, otro niño nació con la misma malformación”, dice la argentina. Denuncia “la manipulación de la información sobre Monsanto, que contribuye a que todo el mundo mire para otro lado”. Quiere “hacer que su sufrimiento sirva para que la gente sea consciente de la magnitud del problema”.

Cinco jueces escuchan –con los cascos del servicio de interpretación pegados en las orejas– los relatos conmovedores de estas dos mujeres. La presidenta del tribunal, la belga Françoise Tulkens, fue jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante más de diez años. A su lado, una argentina, una senegalesa, un mexicano y un canadiense. Estos magistrados han aceptado prestarse para un ejercicio inédito, que puede suponer un hito en la historia del derecho internacional: juzgar a una multinacional, la estadounidense Monsanto, el rey mundial de los organismos modificados genéticamente (OMG). El grupo químico de Saint-Louis, en Missouri, adquirido recientemente por el grupo farmacéutico alemán Bayer, ¿violó los derechos sanitarios, a la alimentación o a la sostenibilidad medioambiental? En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo demostrarlo?

Los magistrados deben basarse en corpus jurídicos: los principios directores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados en 2011 y el Estatuto de Roma, en el que se basa el Tribunal Penal Internacional. Durante dos días, hasta el domingo 16 de octubre, 30 testigos y peritos (abogados, médicos, científicos) desfilaron ante el tribunal, procedentes de los cinco continentes, esbozando un retrato conmovedor de los daños provocados por Monsanto en las personas, en el suelo, en los animales y en la biodiversidad. Estos relatos también han permitido hacer inventario de los métodos empleados por Monsanto para “controlar y mantener su hegemonía mundial”, en palabras del ingeniero agrónomo paraguayo Miguel Lovera, hasta controlar una parte de la producción científica en la materia.

La agricultora estadounidense Christine Sheppard relata su calvario particular. Utilizó Round Up, el pesticida de Monsanto, en una granja de Hawai, desde 1995. En 2003, le diagnosticaron un cáncer especialmente peligroso –un linfoma no hodgkiniano–. En la actualidad, se encuentra en tratamiento, después de numerosas sesiones de quimioterapia y de recibir un trasplante de médula ósea. Es una de las primeras, en Estados Unidos, en denunciar a Monsanto, convencida como está de que existe relación entre su salud y su exposición al herbicida. “Monsanto sabe bien que tendrá que afrontar muchos juicios, por lo que ya ha provisto 250 millones para indemnizar futuros casos”, en palabras de su abogado, Timothy Litzenburg, cuyo bufete cree que aflorarán miles de casos en los próximos años.

El médico argentino Damián Verzeñassi asegura que, en los estudios cuantitativos que lleva a cabo en Argentina, ha observado “un cambio en el modo en que la gente fallece en algunas provincias del país, en paralelo a la puesta en marcha de un modelo de agrobusiness basado en los OMG”. En 1996 comenzaron a aparecer de forma más regular problemas de salud hasta entonces poco frecuentes, algunos tipos de cáncer, malformaciones en los recién nacidos, abortos. “Monsanto inundó el planeta de sus productos y el grupo lo hizo sabiendo a la perfección lo que hacía”, dice, en alusión a un estudio de la EPA, la agencia norteamericana encargada del registro de los pesticidas, que mostraba ya en 1985 su preocupación por los riesgos cancerígenos vinculados al glifosato.

El agricultor francés Paul François narró cuál ha sido su experiencia, desde que trató de sentar a Monsanto en el banquillo. Corría 2004 cuando, al limpiar un tanque, inhaló los vapores del Lasso, un herbicida antaño comercializado por Monsanto (prohibido por la Comisión Europea en 2007). Tuvo que ser hospitalizado de inmediato tras perder el conocimiento. Sería el comienzo de una larga lista de problemas sanitarios, “comas profundos” incluidos. Paul François demandó a Monsanto en 2006. Ya lleva gastados más de 40.000 euros en procesos judiciales. Aunque ha ganado varias batallas jurídicas, Monsanto siempre recurre, sin haber abonado hasta la fecha las indemnizaciones. El recorrido judicial puede durar varios años. “Esperan que, en algún momento, me canse y no puede permitirme este sacrificio financiero”, señaló Paul François, quien terminó por decir: “Si ustedes atreven a interponerse en el camino de Monsanto, es una máquina trituradora”.

Concepto de "ecocidio"

El agricultor colombiano Pedro Pablo Mutumbajoy se presentó a los jueces como una víctima de las fumigaciones aéreas del Round Up de Monsanto. Este técnica comenzó a utilizarse, sólo en Colombia, en el año 2000: estaba destinada a destruir los cultivos ilegales de cocaína, en el marco de un amplio plan de lucha contra la droga, el “plan Colombia”. Estas operaciones, puestas en marcha por Bogotá y financiadas por EEUU, contribuyeron a aumentar el volumen de negocios de Monsanto y, al mismo tiempo, destruyeron innumerables hectáreas de tierras cultivadas (este tipo de fumigaciones están prohibidas desde 2015). En todo el país, los agricultores han presentado más de 17.000 denuncias, a la espera de obtener indemnizaciones. Muy pocos lo han conseguido. De ahí la presencia de Mutumbajoy en La Haya, el objetivo es dar un impulso al caso.

Estos testimonios, a menudo edificantes, se sucedieron durante los dos días de audiencia. También se habló del empobrecimiento de los suelos o de los riesgos para los animales. Varios profesores universitarios autores de estudios críticos con los efectos del Round Up explicaron que se han quedado sin el dinero de fundaciones privadas que, hasta entonces, financiaban sus trabajos. “Monsanto ha conseguido no diré dejarnos fuera de combate, sino que ha limitado los medios de los que disponemos para investigar”, contó Nicolas Defarge, un biólogo francés en el paro, cuyos trabajos han permitido identificar restos de arsénico y de metales pesados en el Round Up.

¿Para qué vale este mosaico de relatos? El tribunal Monsanto no dictará sentencia. No se impondrá pena alguna ni para el responsable ni para los accionistas de la firma de Saint-Louis. Pero los jueces se han comprometido a emitir, el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, una “opinión consultiva”. “La función de este tribunal no es condenar, sino administrar justicia”, resume la exministra de Medio Ambiente Corine Lepage, que aboga por crear un Tribunal Penal Internacional de Medio Ambiente y de Sanidad.

“Durante mucho tiempo pensé que nunca se podría parar a una empresa como Monsanto”, dice Marie-Monique Robin. “La impunidad de estas multinacionales está ligada en parte al hecho de que es imposible perseguir penalmente a sus dirigentes. Como mucho, se puede esperar, en el estado actual de las cosas, conseguir reparaciones financieras por la vía civil. Nada más”. Este periodista y documentalista francesa, autora del libro Le Monde selon Monsanto [El mundo según Monsanto] califica de “histórica” la experiencia del tribunal. Después de haber dudado un tiempo, aceptó ser la madrina. Muchos testigos que han intervenido en La Haya aparecerán en su próximo documental, sobre los estragos del Round Up.

René Lehnherr, que lleva años trabajando en las cooperativas agrícolas autogestionadas Longo Mai, fue el primero en pensar en pensar en un tribunal así, hace ahora unos dos años. En ese momento, se puso en contacto con Marie-Monique Robin, quien puso una condición: que el juicio no fuese un calco de los tribunales ciudadanos, como el Tribunal Russell sobre Palestina, de 2009. “Ya se han organizado muchos tribunales de opinión [dirigidos por intelectuales y figuras de la sociedad civil]. No digo que no sea interesante, pero en nuestro caso, no habría aportado gran cosa. Aquí queremos verdaderos jueces, que van a juzgar con la ley en la mano”, insiste la periodista.

La Justicia tiene un precio: ha sido necesario invitar a los testigos, alojarlos, pagar a los jueces, encontrar los locales... La operación cuesta alrededor de 500.000 euros, recaudados en parte gracias al micromecenazgo y con la ayuda de generosas asociaciones. “Es muy, muy caro y cerrar el presupuesto ha sido un trabajo arduo, pero teníamos que lograrlo”, dice Arnaud Apoteker, activista antiOGM, otrora en Greepeace-Francia y en la actualidad administrador de Criigen. Con el paso de los meses, se constituyó un comité de organización compuesto por figuras de primer orden, entre ellos el jurista belga Olivier de Schutter, exrelator especial para el derecho a la alimentación, la activista india Vandana Shiva, que ha iniciado varios movimientos para los derechos de las mujeres y el respeto de la diversidad del mundo viviente, el biólogo Gilles-Éric Séralini, autor de un estudio sobre un maíz modificado genéticamente que causó polémica en 2012, o la jurista francesa Valérie Cabanes, portavoz del movimiento End Ecocide on Earth (Paremos el ecocidio en la tierra).

“Queremos dar cuerpo y consistencia a un concepto jurídico, el del ecocidio, que creemos debe regularse en la normativa jurídica internacional”, añade Émilie Gaillard. Esta profesora de Derecho Privado en la Universidad de Caen, autora de una tesis sobre el “derecho de las generaciones futuras”, trabaja en el comité de organización del tribunal, desde comienzos de año. Aguarda la opinión consultativa de los cinco jueces, que se conocerá el 10 de diciembre. Monsanto ¿podrá ser declarado culpable de ecocidio, en unos años, en el Tribunal Penal Internacional?

El ecocidio implica un “daño generalizado o una destrucción que provocaría una alteración grave y duradera en “comunidades globales” o “sistemas ecológicos”, si nos atenemos a la definición –discutida– propuesta por los juristas de End Ecocide on Earth. Esta ONG milita por que el ecocidio sea el quinto delito internacional contra la paz, recogido en los estatutos del TPI, junto con el crimen contra la humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y de agresión. Por ese motivo, el Tribunal Monsanto ha celebrado el juicio en La Haya, sede del TPI.

Esta acción de la sociedad civil contra Monsanto llega semanas después del anuncio del TPI; la fiscala del Tribunal señaló en “un documento de política general” que el Tribunal se planteaba enjuiciar delitos medioambientales. De confirmarse la ampliación del campo de acción del TPI, los dirigentes de empresas o políticos, pueden ser juzgados en La Haya por cuestiones como acaparamiento de tierras o destrucción de la selva ecuatorial. Una revolución en derecho internacional, del que se congratulan los promotores del Tribunal Monsanto.

Para Émilie Gaillard, ahí está el verdadero desafío: habrá que basarse en la sociedad civil para forjar un nuevo imaginario jurídico. Existen precedentes en la historia reciente. Con su informe sobre los límites al crecimiento (1972), el Club de Roma formalizó, por poner un ejemplo, el concepto de huella ambiental, mientras que la Conferencia sobre la Tierra de Río alumbró, en 1992, el de desarrollo sostenible. “El derecho no es sólo fruto de los expertos, o de los jueces, es fruto de una época y de la sociedad”, insiste. “Estamos en un periodo de guerra conceptual, donde los tratados de libre comercio se construyen en contra del derecho internacional del medio ambiente. Asistimos a un enfrentamiento de lógicas jurídicas y el Tribunal Monsanto se enclava en este enfrentamiento”.

De ahí el espacio que se deja a los movimientos sociales. En paralelo, coincidiendo con las audiencias del tribunal, en la otra punta de la ciudad neerlandesa se celebraba un miniforum social bautizado como Asamblea de los Pueblos. El objetivo era debatir, en concreto, modelos de agricultura alternativas. Como dos hemisferios de un cerebro (que a veces parecían tener problemas para comunicarse entre sí...). “Este tribunal no es un capricho de 30 militantes. Hemos querido construir una iniciativa popular, que emana de la sociedad civil y alumbrada por una ONG y colectivos de todo el mundo. Les hemos dado la palabra en el marco de esta Asamblea de los Pueblos”, precisa Arnaud Apoteker.

La experiencia tiene un punto débil fuera de toda duda: Monsanto ha optado –como era de esperar– por boicotear el acto. El acusado no estaba allí para defenderse. “Al principio, hicieron como si no existiera, para desligitimizarlo”, lamenta Apoteker. La estrategia de Monsanto, que ha recibido numerosas llamadas de los periodistas sobre el tema, ha ido cambiando a medida que se acercaba el juicio. El grupo publicó el 4 de octubre una carta abierta (sólo disponible en francés y en alemán), donde resume el caso como sigue: “Se trata de un acto orquestado, una parodia jurídica donde denigradores de la tecnología en agricultura y de Monsanto hacen de organizadores, de juez y de jurado, y cuyo resultado se conoce de antemano”. Peor aún: este pseudojuicio llevaría a “desviar la atención de conversaciones esenciales sobre las necesidades alimentarias y agrícolas del mundo entero, así como la aplicación de los derechos humanos”.

“Monsanto ha optado por no acudir, no va a quejarse ahora de eso”, dice la exeurodiputada Corinne Lepage. El comité de organización ha optado por responder punto por punto al comunicado de Monsanto, pero también ha llevado esa carta abierta de la multinacional al juicio, como prueba. En lo que respecta a las críticas sobre la parcialidad del tribunal, los organizadores aseguran que no hay nada decidido de antemano, que los jueces son totalmente independientes. “Son profesionales reales y la legitimidad de su veredicto será el fruto de ese reconocimiento”, dice Émilie Gaillard. Precisa que el comité de organización ha pagado a los jueces por los tres días de trabajo en La Haya, “pero no han estado especialmente bien pagados, para evitar conflictos de intereses”.

Aunque debilitado por la falta de representantes de Monsanto, el tribunal ha puesto de relieve la situación de extrema aislamiento de los movimientos de víctimas, a menudo desamparados en sus respectivos países frente al gigante norteamericano. Es evidente en Argentina y en Colombia, donde el horizonte político nacional parece obstruido. A la espera de que el derecho penal internacional evolucione –lo que puede demorarse– los dos días de audiencias de la Haya pueden haber tenido un mérito claro a corto plazo: hacer que se compartan experiencias más allá de las fronteras y pensar en acciones transnacionales para un día llegar a sancionar a las multinacionales.

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Traducción: Mariola Moreno

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