La directora general del Imserso no cumple los requisitos para acceder al cargo

El Consejo de Ministros del 25 de noviembre de 2016 nombró directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a Carmen Balfagón Lloreda. El nombramiento, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, está en el punto de mira casi dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes conocedoras del proceso consultadas por infoLibre aseguran que Balfagón, que ha ocupado con anterioridad diversos puestos en la administración, sobre todo autonómica, no cumple los requisitos legales para el puesto de directora general.

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que "el nombramiento de los subsecretarios y secretarios generales técnicos que presten sus servicios en la Administración General del Estado deberá realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el Subgrupo A1". Igual exigencia se extiende a los directores generales, condición que no se da en el caso de la responsable del Imserso según las citadas fuentes. 

Licenciada en Derecho y Criminología y máster en Administración Pública Española, Balfagón es funcionaria de la Administración Civil del Estado desde noviembre de 1972, según informó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en junio de 2006, cuando fue nombrada secretaria general de Asuntos Sociales. Su puesto de funcionaria, no obstante, no es de la categoría A1, la requerida a los directores generales, según ha podido saber este diario. Desde el Ministerio de Sanidad no entraron ayer a valorar ninguno de los extremos de esta información.

César Antón Beltrán, antecesor de Balfagón, sí cumplía los requisitos: pertenece al cuerpo superior, escala económico-financiera de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Circunstancias especiales

La legislación, no obstante, tiene una excepción que requiere un paso previo y que, hasta la fecha, no ha sido dado por el Gobierno en el caso de la directora general del Imserso: que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto en el que se autorice que no tenga que ceñirse a los citados requisitos. La ley reguladora del ejercicio del alto cargo mantiene la obligación de que el puesto de director general sea ocupado por funcionarios del grupo A1, "salvo que el Real Decreto de estructura del departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario". Para ello es necesario, "motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional".

En este contexto, fuentes del Gobierno admiten que el Ministerio de Sanidad tiene pendiente, "en trámite", un nuevo real decreto de estructura del departamento en el que se admitiría la excepcionalidad del nombramiento de Balfagón. ¿Por qué no se ha hecho antes? Las citadas fuentes señalan que cuando Balfagón fue nombrada por el Consejo de Ministros ya había sido publicado en el BOE el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y que ahora es preciso adaptarlo. En Moncloa sostienen que con un nuevo real decreto en este sentido bastaría para actualizar la situación de la directora general. Pero otras fuentes insisten en que el nombramiento del Balfagón fue un acto administrativo "nulo de pleno derecho".

Las excepciones en otras direcciones generales 

El citado real decreto en el que se fija la organización básica de los ministerios de la segunda legislatura de Mariano Rajoy sí establece ya una serie de excepciones para tres direcciones generales dependientes de Sanidad. El texto sostiene lo siguiente: "Se considera conveniente, para un mejor ejercicio de las funciones encomendadas y en atención a las características que concurren en éstas, permitir que el nombramiento de los titulares de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, no se limite a los funcionarios, ampliándolo a otras personas que puedan resultar idóneas para su desempeño".

A juicio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la agrupación de atribuciones y actividades en las tres direcciones generales citadas "aconseja no circunscribir tan solo a un cuerpo o escala funcionarial el ejercicio de las funciones a desempeñar por sus titulares sino ampliar las posibilidades de cubrir dichos puestos" con personas que acrediten suficientemente la cualificación y experiencia necesarias para cada uno de ellos.

El mismo día que fue nombrada al directora general del Imserso, el Consejo de Ministros designó también a Borja Fanjul director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. En el currículum de Fanjul no figura que sea funcionario. Pero, semanas antes, el Ejecutivo ya se había curado en salud introduciendo su área entre aquellas en las que no es necesario que sus titulares sean funcionarios del grupo A1.

En los Gobiernos de Madrid y Castilla-La Mancha

Según la referencia del Consejo de Ministros en el que fue nombrada, donde no figura que es funcionaria, Balfagón ha sido asesora de los ministros de Fomento y de Sanidad, del secretario de Estado de Seguridad y del Comisionado para la Catástrofe del Prestige, directora gerente de la Agencia del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, secretaria general de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, directora general de Dependencia de la Comunidad de Madrid y secretaria general técnica de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Ha trabajado a las órdenes de Esperanza Aguirre en su etapa al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a las de María Dolores de Cospedal cuando la secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa era presidenta de Castilla-La Mancha.

Los altos cargos tienen la obligación de suscribir una declaración responsable de idoneidad en la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda. En esta declaración han de consignar también si son funcionarios. El BOE del 15 de marzo de 1973 recoge que Balfagón fue admitida como aspirante a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado, oposición que, según su currículum, aprobaría después.