Bruselas pide a los gobiernos que retengan en centros de detención a los inmigrantes irregulares hasta su expulsión

La Comisión Europea ha pedido este jueves a los países de la Unión Europea que hagan uso del máximo legal de 18 meses que les permite la normativa comunitaria para mantener detenidos a inmigrantes irregulares mientras se resuelve su expediente de expulsión, frente a los plazos "mucho más reducidos" que aplican una mayoría de Estados miembros.

El comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha querido dejar claro en la presentación de estas recomendaciones que "en ningún caso se está hablando de campos de concentración", sino de "centros de detención", y que todas las medidas que plantea Bruselas para agilizar las deportaciones se enmarcan dentro de los límites que marcha el Derecho internacional y los Derechos Humanos.

"Recomendamos a los Estados miembros que usen toda la flexibilidad que permite la directiva", ha indicado el comisario en una rueda de prensa, en la que ha argumentado que a menudo los países aplican periodos "mucho menores" de los que permite la norma en casos de riesgo de fuga o para quienes no cooperan.

En concreto, la recomendación de Bruselas aboga por ajustar las legislaciones nacionales al periodo inicial máximo de seis meses de internamiento que puede autorizar un juez en casos de expulsión de acuerdo a las normas de la UE, y que podría extenderse hasta los 18 meses bajo determinadas circunstancias.

El documento considera que la detención puede jugar un papel "esencial" para que funcione con éxito el sistema europeo de retorno, aunque aclara que sólo debe emplearse si medidas alternativas "menos coercitivas" no han sido suficientes. "Esos periodos cortos de tiempo de detención impiden los traslados efectivos", insiste la Comisión, que asegura que los plazos deben ser "lo más breves posible", pero considera que los tiempos de muchos países son insuficientes para tramitar los expedientes de expulsión.

El Ejecutivo comunitario advierte, además, que la detención debe ser también una opción en casos complejos de menores no acompañados y recuerda a las autoridades nacionales que es un supuesto previsto.

Fuentes comunitarias recalcan que la directiva asegura suficientes "salvaguardas" para proteger a los menores, pero lamentan que los límites introducidos por los Estados miembros han "prohibido 'de facto'" las expulsiones de estos menores.

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Además, la Comisión pide a los países que mejoren la coordinación entre las autoridades y los servicios implicados en el proceso de retorno, para lo que les insta a corregir los obstáculos técnicos, burocráticos y operativos de aquí a junio de este año. También reclama plazos más cortos para resolver los recursos, la expedición sistemática de decisiones de retorno sin fecha de expiración y la combinación de las decisiones sobre el fin de una estancia legal con la emisión de órdenes de expulsión, para evitar duplicidades.

Otras propuestas se orientan a combatir los abusos del sistema con procedimientos acelerados y desarrollar programas de ayuda al retorno voluntario.

En el plano europeo, Bruselas prevé aumentar el apoyo financiero a los Estados miembros con 200 millones de euros este año en materia de deportaciones, mejorar el intercambio de información para órdenes de repatriación y redoblar los esfuerzos para concluir acuerdos de readmisión con países como Nigeria, Túnez y Jordania y desbloquear las conversaciones con Marruecos y Argelia.