Empresas de servicios en la lista de morosos de Hacienda se saltan la prohibición de firmar contratos públicos

La ley prohíbe contratar con las administraciones públicas a las empresas y particulares que no paguen a Hacienda y a la Seguridad Social. También a quienes hayan solicitado la declaración de concurso o sean insolventes. Sin embargo, en la lista de morosos con el fisco que publicó la semana pasada la Agencia Tributaria figuran empresas que, pese a deber más de un millón de euros a Hacienda, siguen resultando adjudicatarias de contratos públicos o tienen vigentes contratos anteriores a su salida del armario fiscal.

Es el caso de un buen número de empresas de seguridad privada, con las que múltiples departamentos ministeriales e instituciones públicas contratan sus servicios de vigilancia. A Ombuds Compañía de Seguridad, que debe a Hacienda 1,99 millones de euros, se le han adjudicado en 2017 un total de 10 contratos, entre ellos el de vigilancia de los centros de la Corporación RTVE. Ombuds acaba de quedarse con tres de los seis lotes territoriales en que se divide el contrato de un año de duración y por importe de ocho millones de euros. La empresa ya prestaba ese servicio en virtud de otro contrato, de tres meses, que se le adjudicó a principio de año. En este caso, se llevó cinco de los seis lotes de un contrato de casi 1,5 millones de euros que compartió con otra empresa de la lista de morosos, Seguridad Integral Canaria.

Con Ombuds también contrató el servicio de vigilancia la mutua Activa, el pasado mes de febrero. Y son suyos igualmente los guardias jurados que vigilan este año los centros penitenciarios de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja, gracias a un contrato de 8,8 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Interior el pasado diciembre. En enero de este año se le adjudicó además la vigilancia del Palacio Real, El Pardo, el Palacio de Aranjuez, El Escorial y los centros que Patrimonio Nacional posee en Valladolid. Otra empresa de la lista de morosos consiguió el servicio en los centros de Sevilla: Segur Ibérica.

Este mismo año también le adjudicaron contratos a Ombuds el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la Compañía del Tranvía de San Sebastián, la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural y el Servicio de Empleo de Cataluña, según la información recabada en la Plataforma de Contratación del Estado. Pero el contrato más sustancioso –45,5 millones de euros– es el de la vigilancia e inspección de correspondencia que el pasado mayo le concedió la empresa pública Correos. Ombuds se hizo con cuatro de los 12 lotes. En total, sólo este año ha firmado contratos públicos por valor de 20,4 millones de euros. Ombuds, una de las principales empresas del sector de la seguridad en España, es propiedad del fondo JZI y factura cerca de 90 millones de euros al año.

Multicontratado por el Ministerio de Defensa

Seguridad Integral Canaria es propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la seguridad low cost. Además de los dos contratos con RTVE antes citados, Seguridad Integral Canaria terminó de prestar el pasado mayo el servicio de vigilancia de los edificios que el Ministerio de Defensa tiene repartidos por toda España. Un macrocontrato de 16 millones de euros. Pero aún no ha pagado los finiquitos a sus 500 vigilantes, según han denunciado a infoLibre fuentes sindicales. Las denuncias de los trabajadores por los retrasos en el abono de las nóminas son continuas, algunas de ellas han llegado a la Inspección de Trabajo y han terminado en multas. Hace sólo unas semanas, los vigilantes reclamaron sus sueldos a las puertas de la delegación de la empresa en Las Rozas (Madrid), mientras los destinados en el Metro de Madrid llevaban a cabo cuatro días de huelga en protesta por el impago de sus salarios.

Además, el Ministerio de Defensa le adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le ha pagado 1,32 millones de euros por estos contratos, concedidos a Seguridad Integral Canaria mientras el Tribunal Central de Recursos Contractuales resolvía la impugnación que una empresa había presentado contra la adjudicación del macrocontrato para los dos próximos años.

En estos momentos la empresa de Ramírez ejecuta también los contratos que le ha concedido el Gobierno de Canarias para encargarse de la seguridad del Hospital Universitario Doctor Negrín durante los dos próximos años y de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz Tenerife durante este año. En total, 1,2 millones de euros en adjudicaciones.

Seguridad Integral Canaria aparece en la lista de morosos con una deuda de 2,9 millones de euros que la empresa, no obstante, dice haber pagado este mismo año. Por el contrario, asegura que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

La empresa de Mónica de Oriol

Seguriber, empresa propiedad de la expresidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol, ha conseguido este pasado mes de mayo el servicio de seguridad de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por 377.554 euros. Aún sigue siendo la responsable de la vigilancia del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Sevilla, por otros 27.213 euros. Y acaba de finalizar el contrato de dos años y 12,19 millones de euros por el que vigilaba los edificios de la Agencia Tributaria, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Seguriber, que fue la encargada de la seguridad del Madrid Arena cuando se produjo la avalancha en la que murieron cinco menores, debe al fisco 2,13 millones de euros.

Magasegur adeuda a Hacienda 6,02 millones de euros, el doble que en la lista publicada el año anterior. Es decir, lleva dos ejercicios entre la nómina de morosos de Cristóbal Montoro. Hasta marzo de este año vigiló las instalaciones de la Delegación del Gobierno del Murcia. Es más, fue la encargada de la seguridad del edificio de la propia Agencia Tributaria en el País Vasco, a cambio de 895.000 euros durante 2016. Ese mismo año, también fueron suyos los vigilantes de las oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en toda España: otros 288.690 euros.

En marzo de 2016 Magasegur solicitó el preconcurso de acreedores, cuando llevaba ya dos meses sin pagar las nóminas de sus 300 trabajadores en toda España. Entonces vigilaban también las oficinas de la Consejería de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por el primer servicio recibió 8,8 millones de euros, más otros 1,17 millones por una prórroga de seis meses. Por el segundo, 1,19 millones de euros más.

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También servicios postales y de mantenimiento

Unipost, el grupo postal privado, debe 5,4 millones de euros a Hacienda y otros tres millones a sus trabajadores. Pero contrata con las administraciones. Este año ha firmado con los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Algemesí (Valencia), Mataró (Barcelona), Mislata (Valencia), Málaga, Fuengirola y Gavá (Barcelona) para encargarse de sus servicios de correos. Son contratos largos, de entre dos y cuatro años de duración. También el Ayuntamiento de Barcelona le ha adjudicado los servicios postales de la Gerencia de Ecología y Urbanismo. Al igual que el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. Finalmente, sigue prestando aún los servicios postales para las consejerías de Políticas Sociales, Administraciones Públicas y de Fomento del Gobierno de La Rioja, contratos de dos años adjudicados en julio de 2016 por un importe conjunto de 218.200 euros.

Finalmente, Imtech Spain, que fue adquirida por el fondo de inversión Springwater en 2015, solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y debe 10,48 millones de euros al fisco. Este mes de julio termina el contrato de un año que le adjudicó el Ministerio de Cultura para que prestara el servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. También  el que firmó con la Tesorería General de la Seguridad Social para su dirección provincial en Cádiz a cambio de 233.362 euros. Y sigue vivo el que consiguió por dos años para la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) por importe de 191.000 euros.