La Generalitat pide 17 años de cárcel para Blasco por dirigir el fraude de ayudas a ONG y el proyecto del hospital de Haití

La Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular en el caso Cooperación, solicita una pena de 17 años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco por dirigir, junto al empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares, el fraude de ayudas a ONGs y el proyecto de construcción de un hospital en Haití. En total, pide 172 años y medio de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.

Esta parte ha presentado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 21 de València su escrito de acusación por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que se investiga a 21 personas por posibles delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según informa Europa Press, la Abogacía de la Generalitat acusa a Blasco, quien también fue portavoz del PP en las Corts, de un delito de organización criminal y de otro de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa. Así, le reclama 17 años, seis meses y un día de prisión.

Pero la pena más elevada que reclama esta parte es para Augusto César Tauroni, para quien solicita 22 años, seis meses y un día de cárcel. Le atribuye presuntos delitos de organización criminal, de malversación en concurso con prevaricación y falsedad en documento mercantil, y de blanqueo de capitales.

A Tauroni y Blasco les sigue Llinares, con 16 años y medio de cárcel; y Luis Castel, responsable de la empresa evaluadora Caaz, para quien reclama 13 años. La Abogacía de la Generalitat solicita así mismo nueve años y medio de prisión para Arturo Tauroni, hermano de Augusto César y también director de la Fundación Hemisferio; para María Isabel Castillo, exsecretaria de Tauroni; y para Alfonso Navarro, administrador de Arcmed y presidente de Hemisferio.

También reclama nueve años de prisión para Rafael Barrera, presidente de la organización Fudersa; siete años y medio para Adolfo Soler, exadministrador de Dinamiz-e, una de las empresas de Tauroni y para José Bollaín, letrado que figura como firma autorizada en ocho de las 14 cuentas pertenecientes a cinco ONG.

Por otro lado, la Abogacía del Consell pide siete años de prisión para Luis Freire, administrador de APIMA Ingeniería S.L.; Jesús Urquiza, director técnico y trabajador de Inversiones y Estudios Caaz; para Josep María Felip, ex director general de Cooperación y para José Luis Mezquita, administrador de Matuscas.

Además, solicita cinco años de cárcel para Alina Indiekina, mujer de Tauroni y también vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation; y para Fernando Cañete, administrador de Fudersa.

Reclama tres años para Tina Sanjuán, ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad; para Rosa María Castelo, empresaria que cobró supuestamente facturas falsas a través de las empresas Beconsa y APB arquitectura; y para Alberto Pampín; dos años para María Dolores Escandell, exjefa de Servicio; y un año y medio para Carlos Andrés Chust, administrador de Chust Alzira.

Indemnizaciones

En concepto de responsabilidad civil, esta parte reclama la cantidad total de 8.035.942,45 euros, de los cuales 5.035.942,45 euros corresponden al daño patrimonial de la causa y tres millones al daño moral ocasionado a la imagen de la Generalitat y desprestigio del mundo de la cooperación.

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La Generalitat reclama unas indemnizaciones que "verdaderamente sean disuasivas" y "no hagan que dicha institucionalidad sea un escenario de ciencia-ficción". "El daño ocasionado a la imagen de la conselleria fue tal que llegó a desaparecer con la configuración del nuevo gobierno, quedando limitada su infraestructura y perdiendo el rango de departamento autonómico", agrega.

Blasco y su equipo de la conselleria ya fueron condenados en la pieza principal del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.

El juzgado mantiene abierta la investigación de otras dos piezas dentro de este procedimiento —la 4 y 5—. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La otra pieza investiga si el empresario Augusto César Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.